Redacción (ALN).- Las promesas del presidente venezolano Nicolás Maduro de elevar la producción petrolera de su nación a 2 millones de barriles diarios quedaron empantanadas en un contexto de corrupción, sanciones extranjeras, desmoralización del personal y altísimos costos operativos, aseguran expertos.
Un grupo de especialistas en asuntos energéticos coincide en que la producción petrolera de Venezuela pudo verse comprometida por la trama de corrupción multimillonaria ocurrida en años recientes en la empresa estatal PDVSA, considerada como la principal fuente de divisas y aportes al producto interno bruto del país suramericano durante décadas.
El chavismo denunció en marzo el desmantelamiento de “tramas de corrupción” en PDVSA y otras empresas del Estado, en las que decenas de funcionarios, jueces, políticos, empresarios y militares desfalcaron entre 3.000 y 21.000 millones de dólares, especialmente en cuentas por cobrar de operaciones petroleras, según reportes.
Las irregularidades administrativas con recursos derivados del petróleo confirmadas por el gobierno de Nicolás Maduro, el partido de gobierno y la fiscalía general de Venezuela se tradujeron en falta de institucionalidad en PDVSA, el manejo poco transparente del dinero del Estado y la desmoralización de la masa laboral de la empresa, señalan los analistas.
La opacidad refleja la “baja institucionalidad” que termina erosionando la producción, apunta el decano de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros.
Hasta esta semana, la Fiscalía venezolana ha confirmado la detención de 55 personas en una trama de corrupción y están en busca de otras 12.
Sin transparencia ni controles
Venezuela ha mantenido desde noviembre de 2021 un promedio de producción que ronda los 700.000 barriles de crudo por día. Según el gobierno, ese techo obedece a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
El propio Maduro prometió hace un año que elevaría la producción petrolera a 2 millones de barriles por jornada, una meta descartada de inmediato por especialistas. Para ello puso al frente de la industria a Tareck El Aissami, quien renunció a raíz del escándalo de corrupción.
Las sanciones pudieron haber sido “caldo de cultivo” para la corrupción destapada hace semanas en PDVSA, afirma Oliveros, si bien acota que las irregularidades y la merma de la producción ya existían muchos años antes de esas sanciones extranjeras.
“Necesitas instituciones de calidad, transparencia, rendición de cuentas. La institucionalidad robusta, en este caso en la industria petrolera, hace que las decisiones que se tomen sean en beneficio del país, no de un grupo o de un partido”, dijo a la Voz de América.
Tareck El Aissami, quien renunció al destarse la trama de corrupción, ejerció a la vez como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA durante los años de esas operaciones coruptas. Esa duplicidad de funciones impide un control efectivo sobre la producción, según Oliveros.
“PDVSA no publica cifras desde 2016, y quien debe rendir cuentas y tener una función de control y revisión, es el mismo que está produciendo», señaló. «Esa falta de institucionalidad es la que ha generado que la corrupción en PDVSA haya sido tan fácil”.
El daño está hecho
La corrupción denunciada desde marzo pasado por el Estado venezolano no debe afectar la producción petrolera actual, sino que “ya afectó en una cantidad gigantesca” de dinero que no ingresó a las arcas de la república, resalta el economista Carlos Mendoza Potellá.
Mendoza Potellá, especialista en finanzas y petróleo, estima que las consecuencias «ya están aquí» en la industria venezolana, en la medida en que la producción de crudo no ha hecho sino mantenerse “bailando entre los 700.000 barriles”.
“No hay otra manera de pesar eso (la corrupción)” sino por el porcentaje que representan esos montos defalcados al Estado para la facturación total de las operaciones, indicó.
Según reportes de Reuters, PDVSA acumuló al menos 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar por exportaciones en manos de intermediarios poco conocidos en un marco de sanciones extranjeras y operaciones poco transparentes.
Mendoza Potellá advierte sobre el aumento progresivo de los costos operativos netos de la producción petrolera en los últimos 50 años y lo interpreta como un reflejo de “la creciente tajada” o porcentaje de ganancia que toman para sí las empresas privadas.
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