Redacción (ALN).- Una comisión de diputados de la oposición venezolana determinó la responsabilidad política del gerente de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos y exime de culpa a Juan Guaidó, presidente del Parlamento de 2015 y líder del gobierno interino crítico con el chavismo.
La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015, que la oposición defiende como la única institución legítima de Venezuela, aprobó con siete votos a favor un informe que aborda los presuntos hechos de corrupción ocurridos en las empresas Monómeros y Pequivén desde que funcionarios del gobierno interino asumieron responsabilidades en ellas desde 2019.
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El informe exculpa al presidente interino Juan Guaidó por considerar que “tuvo las manos atadas” para tomar medidas sobre Monómeros, por factores políticos.
En oportunidades anteriores, la más reciente en junio pasado, la comisión de contraloría había acordado solicitarle a Guaidó la destitución de la directiva de Monómeros, encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea.
El documento aprobado este jueves “declara la responsabilidad política en los hechos irregulares” de Monómeros sobre su gerente general. Lo acusa de haber presuntamente ocultado información al Parlamento de 2015 “con el propósito de que se conozca la verdad sobre la contratación” de la empresa LyonStreet.
Rodríguez habría propuesto “un negocio jurídico” a Monómeros donde “corría el riesgo de una toma, no hostil, sino sutil”, y que el procurador especial del gobierno interino de Guaidó, Enrique Sánchez, consideraba “innecesaria”, de acuerdo con su comparecencia ante la comisión, reza el informe, de 47 páginas.
Los legisladores opositores determinaron que el acuerdo de colaboración empresarial entre Monómeros y LyonStreet, firmado en abril de 2021 y ya rescindido tras un escándalo público de presunta corrupción, transfería por 15 años las competencias del activo venezolano a esa compañía panameña.
También, siempre según la comisión de contraloría, el reparto de beneficios y utilidades era de 40% para Monómeros y 60% para la empresa contratada.
Los parlamentarios recomendaron declarar además la responsabilidad política y “destitución inmediata” de la presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequivén, Diana Bracho, porque “no atendió la responsabilidad que su alto cargo le impone, de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequivén”.
Según la versión de los miembros de la comisión contralora, Bracho habría hecho “caso omiso” a cuatro oficios despachados por Guaidó para que se tomaran medidas la reestructuración de la empresa venezolana.
Recomendaciones a Guaidó
El informe, que se remitirá a Guaidó y a la directiva del Parlamento, promueve la “estructuración total” de Monómeros y realizar una “auditoría interna”.
Esas medidas también servirán para detener “la descomunal campaña de desprestigio que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos”, remarca el documento legislativo.
Ese informe también se remitirá a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia, que el año pasado decidió intervenir Monómeros.
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