(EFE).- Unas quinientas personas sintecho que duermen en el aeropuerto de Madrid, el más grande de España, esperan con incertidumbre que las autoridades españolas alcancen un acuerdo para realojarles. Muchas de ellas son inmigrantes en situación de vulnerabilidad que llegaron a Europa con la esperanza de un futuro mejor.
Las cuatro terminales del aeropuerto internacional Adolfo Suarez-Barajas de Madrid, la única gran infraestructura de la capital española que no cierra en las noches, se convierten en refugio para cientos de personas.
Arropados por colchas, sacos de dormir o incluso cartones, abarrotan los pasillos cercanos a los mostradores de equipajes, hasta que en mitad de la madrugada aparece el personal de limpieza y deben levantarse.
La situación, denunciada por un sindicato de trabajadores, ha provocado un enfrentamiento entre las distintas administraciones e insistentes reclamos de la empresa pública española que gestiona los aeropuertos españoles, AENA, para que se reubique a los sintecho.
La amenaza latente de un desalojo aumenta la incertidumbre de quienes han encontrado un refugio en el aeropuerto.
Sueños frustrados
Cientos son inmigrantes, gente «buena y trabajadora» que se trasladó a España en busca de «un futuro mejor», pero descubrieron que «el sueño europeo no es para muchos y es muy difícil» y acabaron durmiendo en el aeropuerto por no hacerlo en la calle.
Así se describe a sí mismo y a algunos de sus compañeros Andrés, un joven colombiano de 25 años que pasa las noches en la terminal 4 de Barajas y conversa con EFE sobre su situación irregular en España, país al que llegó hace dos meses y que planea abandonar dentro de poco, cuando consiga comprar un billete de avión vendiendo caramelos y trabajando en la construcción.
Denuncia que, en Europa, los inmigrantes «no valen nada» si no tienen papeles y, pese a haber contactado con instituciones para regularizar su situación, no pueden asesorarle hasta que no venza su visado de turista de tres meses y él tampoco puede «sentarse a esperar a que le ayuden».
Situaciones que no se olvidan
El exmilitar venezolano Héctor Porras, de 40 años, sí ha conseguido tramitar su NIE (número de identidad de extranjero), gracias a la ayuda de una asociación en la que ayuda a otras personas en situación vulnerable en Madrid.
Héctor tuvo que abandonar Venezuela en 2016, tras desertar de la Fuerza Armada por motivos políticos -tiene protección internacional-, se trasladó a Ecuador y en octubre pasado llegó a España, donde las primeras noches tuvo que dormir en la calle, algo que -asegura- no se le va a olvidar en la vida.
Duerme en el aeropuerto desde hace cuatro meses y lamenta el trato «humillante y racista», dice, que reciben los sintecho en la terminal por parte de algunos vigilantes de seguridad.
Su objetivo es salir de la situación de calle y, más adelante, sacar a sus dos hijos pequeños de Venezuela y llevarlos con él a España, pero necesita «un trabajo estable que pueda mantenerlos».
Quedarse a lucharla
Cristian Roldán, un argentino de 30 años que vive desde hace cinco meses en Barajas, también ansía reunirse con sus tres hijos, que están en Argentina, y asentarse con ellos en España.
Llegó al país hace un año y tres meses y, aunque todavía no ha conseguido regularizar su situación, decidió quedarse «a lucharla» porque quiere un futuro mejor para sus hijos.
Ahora se gana la vida vendiendo accesorios de teléfonos móviles en el aeropuerto, aunque intentó trabajar como peón de obra cuando llegó a Madrid, pero lamenta que la gente «se aprovecha mucho» de los inmigrantes irregulares.
Sigue con incertidumbre la pelea entre las autoridades del aeropuerto y las administraciones públicas sobre su reubicación, porque teme quedarse en la calle y recuerda que intentó en otras ocasiones dormir en albergues para personas sin hogar, pero estaban llenos.
El caso de Barajas no es único. En febrero, en vísperas del MWC (Mobile World Congress), una de las citas tecnológicas más importantes del mundo, cerca de 200 personas sintecho fueron desalojadas del aeropuerto del Prat de Barcelona, en una decisión que provocó duras críticas de organizaciones civiles.
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