(EFE).- Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la principal coalición opositora venezolana, María Corina Machado, negó este viernes que los tres jefes de campaña de la exdiputada detenidos esta semana estén vinculados con una trama conspirativa, tal como afirmó el fiscal general, Tarek William Saab.
«Rechazamos de la manera más categórica todas las afirmaciones hechas por el fiscal y otros personeros del régimen y exigimos la liberación inmediata de nuestros colaboradores», dijo la organización en un comunicado publicado en su portal web.
En declaraciones a los medios, Saab confirmó que en las últimas horas los cuerpos de seguridad concretaron la aprehensión de los líderes regionales de la campaña de Machado en los estados La Guaira, Juan Freites; Yaracuy, Luis Camacaro, y Trujillo, Guillermo López, a quienes Vente había reportado como «desaparecidos».
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Según el fiscal, que amplió este viernes sus denuncias sobre cinco planes conspirativos detectados, que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro, los tres opositores «se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servían como apoyo logístico para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares».
Al respecto, Vente aseguró que las autoridades venezolanas han cometido una «flagrante violación» a los derechos constitucionales de sus dirigentes que, aseguró, fueron «presentados este jueves sin la presencia de abogados privados, ni familiares, luego de más de 72 horas desaparecidos».
El abogado Perkins Rocha, defensor de Machado y miembro de Vente, dijo hoy a EFE que, de momento, las autoridades judiciales no les han permitido tener acceso a los expedientes de sus militantes.
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Machado, responsabilizó el martes al Gobierno de estos hechos, así como de la vandalización de varias sedes de su partido, en cuyas fachadas escribieron «Furia Bolivariana», nombre de un plan lanzado por el jefe de Estado para «defender el derecho a la paz».
El Supremo venezolano ratificó este viernes la inhabilitación política impuesta a Machado por la Contraloría General de la República, lo que le impedirá competir en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año, pese a haber sido elegida por amplia mayoría en unas primarias celebradas por la principal coalición antichavista.
