(EFE).- Las instituciones, el Gobierno, la oposición y el pueblo de Venezuela están calentando el escenario político de cara a las primarias que el antichavismo celebrará el 22 de octubre, un hito hacia el que el país camina entre discursos altisonantes y amenazas que van recrudeciéndose, cuando todavía faltan 100 días para la cita.
La vorágine, que arrecia cada día, involucra al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la antichavista Comisión Nacional de Primaria (CNP), el partido gobernante PSUV, el Parlamento, el presidente Nicolás Maduro, la Contraloría, la coalición opositora Plataforma Unitaria (PU), la comunidad internacional, los precandidatos presidenciales y los ciudadanos.
Con semejante elenco, las diatribas son numerosas y proceden de todos los lugares, lo que augura, una vez más, un destino incierto que parece definirse a medida que crece la tensión.
LAS PRIMARIAS ANTE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
El TSJ acapara casi todas las miradas, tras admitir para estudio una solicitud de suspensión de las primarias presentada por el precandidato Luis Ratti, un político que militó durante años en el chavismo y que se ha hecho notar en las últimas semanas tras pedir cárcel para opositores que aspiran a la Presidencia.
Además, nadie está seguro en el tablero electoral con una Contraloría que mantiene en secreto el listado de inhabilitados para ejercer cargos públicos, por lo que cualquiera que tenga respaldo para competir en octubre o en las presidenciales de 2024 no sabrá si podrá medirse en comicios hasta que la institución comunique que está libre de sanciones.
Esa duda ya está resuelta para María Corina Machado y Henrique Capriles, sin opciones para ir a las presidenciales, ya que los dos aspirantes con mayor respaldo están inhabilitados por la Contraloría, un órgano dirigido por un chavista radical.
INCERTIDUMBRE ELECTORAL
Entretanto, la directiva del CNE, conformada por una mayoría de personas cercanas al Gobierno, optó por un harakiri, al renunciar luego de dos años a los cargos que debían ocupar durante un septenio, que dejó a la oposición sin posibilidad de asistencia técnica en los comicios de octubre.
Esto abrió la puerta a que el Parlamento, de contundente mayoría oficialista, trabaje ahora en la designación de nuevos rectores electorales, con un procedimiento que, aseguran opositores y varias ONG, pretende socavar la confianza de los ciudadanos y establecer un CNE más a favor del chavismo.
De cualquier manera, la CNP avanza en su llamamiento a las internas, aunque aún no ha definido cuántos centros electorales dispondrán ni dónde, o los mecanismos que garantizarán la legitimidad del proceso del que saldrá el abanderado para las presidenciales.
SUBIENDO EL TONO
El Parlamento ha cerrado filas en torno a Maduro y, como el presidente y el PSUV, asegura que la oposición esconde planes violentos.
El jefe del Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció el jueves que para las votaciones de 2024 no invitarán a la Misión de Observación de la Unión Europea, al considerar que el bloque violó normas e incurrió en injerencia por criticar las inhabilitaciones dictadas contra opositores.
Mientras tanto, Maduro ha encabezado varios actos con las Fuerzas Armadas en los que ha pedido a los militares estar alerta y responder con fuerza ante las estrategias del antichavismo que, asegura, persiguen la desestabilización del país.
UNA OPOSICIÓN SIN RUMBO CLARO
La oposición ha mostrado divisiones pese a los intentos por construir unidad, especialmente en un debate celebrado el miércoles entre 8 de los 13 aspirantes a las primarias, que terminó sin acuerdos sobre qué hacer en caso de que el vencedor de las internas no pueda inscribirse ante el CNE para las presidenciales.
Aunque los candidatos se comprometieron a rechazar unidos cualquier acción judicial contra las primarias, no han acordado planes alternos para sortear los obstáculos que surjan desde las instituciones hasta los comicios de 2024.
Se espera que los antichavistas celebren una primera reunión para acercar posiciones la próxima semana, sin detener la campaña que ya ha calentado varios municipios, donde lo electoral ha vuelto a dominar las discusiones, siempre con un ojo puesto en el TSJ, la Contraloría y en casi cualquier lugar de donde pueda proceder un giro que lo cambie todo.
