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Venezuela reconoce «niveles de corrupción» en su sistema judicial

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(EFE).- El considerado número dos del chavismo y encargado de la reforma judicial ordenada por el Ejecutivo, Diosdado Cabello, indicó este miércoles que el Gobierno ha descubierto casos de corrupción judicial y anunció que los mismos comenzarán a ser atendidos. «Esto es parte de la crítica y autocrítica nuestra, hemos descubierto niveles de corrupción judicial que hay que atender (…) se han dolarizado servicios que deberían ser gratuitos», dijo Cabello, quien también es diputado, en su programa Con el Mazo Dando.

El también presidente de la comisión que hará una «revolución judicial» añadió que prevé arrancar el viernes la visita «por todos los recintos -penitenciarios- provisionales del país».

El pasado lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión, presidida por Cabello, para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.

Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

El mandatario hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela «hace falta» la construcción de una «revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional».

La comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.

El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.

El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían «transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».

La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues, señaló que esto implicaba el traslado de los «presos políticos» a cárceles comunes.

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