Reinaldo Iturbe (ALN).-Un grupo minoritario de la oposición no alineado con la coalición que domina Juan Guaidó, decidió por su cuenta pedir la activación de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, una solicitud que fue respondida de manera express por el Consejo Nacional Electoral, dándole un estrecho margen de un día para recoger 20% de firmas del Registro Electoral como paso previo para activar el revocatorio, un mecanismo previsto en la Constitución para finiquitar a mitad de mandato al presidente de la República.
Los dos rectores cercanos a la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez, salvaron su voto en la decisión del ente comicial. Fue Picón quien, en un hilo publicado en su cuenta Twitter, explicó que matemáticamente era «imposible» que el revocatorio fuera activado con las condiciones impuestas por el organismo rector.
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«No es factible. Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error. Sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección (de firmas). El proceso se llevará a cabo sin auditoría de software que garantice inviolabilidad del proceso. Sin tiempo para nombrar testigos en los 1200 puntos», alegó Picón el sábado.
El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, añadió sal a la herida del revocatorio, que tiene dos intentos fallidos en 2004 y 2016.
«Si ellos tienen derecho a pedir el revocatorio, nosotros tenemos derecho a pedir la lista de los firmantes», dijo Cabello en una comparecencia de prensa.
Es la crónica de una muerte anunciada. Los propios convocantes del revocatorio dan por fallecido el mecanismo, que de todas maneras se llevará a cabo en su fase de activación. Servirá al gobierno para continuar desincentivando la participación y fomentar la pérdida del objetivo central en el que debe enfocarse la oposición: las elecciones presidenciales de 2024, que están a la vuelta de la esquina y que vistos los antecedentes de 2018, Maduro podría adelantar para agarrar a la oposición desprevenida. Esta es una advertencia que ya han hecho varios analistas y académicos en Caracas: que la oposición no puede perder más tiempo y debe reorganizarse de abajo hacia arriba.
En la coalición que respalda a Guaidó no hay el más remoto interés por un revocatorio de inejecutable activación. La cúpula opositora viene de un lamentable resultado en las elecciones regionales, obteniendo cuatro gobernaciones de 23, aunque en número de alcaldías, el voto no chavista (sumando factores diferentes al G4) obtuvo 127 plazas de 330, un aumento considerable respecto a la última elección regional de 2017, cuando fueron conquistadas apenas 24.
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Cualitativamente, no obstante, la oposición G4 se lleva el corredor electoral más grande (Zulia) con Manuel Rosales, quien ya fue candidato presidencial en 2006 y ha reconocido los errores de las fuerzas democráticas. También, la oposición conquistó el bastión chavista de Barinas, con Sergio Garrido, del socialdemócrata Acción Democrática.
De manera tal que la oposición tiene los votos, pero atomizados. La dirigencia está fracturada en grupos y subgrupos. Primero Justicia y Voluntad Popular pactaron la permanencia de Guaidó en la «presidencia interina» a cambio de una drástica reducción de sus competencias, luego de un sonado caso de corrupción en Monómeros, una empresa venezolana con sede en Colombia que administra el interinato.
Pero el camino son las presidenciales. La salida de corto plazo ya es quimérica. Juan Guaidó llamó el domingo 23 de enero, al cumplirse tres años de su jura como presidente, a una movilización nacional el 12 de febrero para exigir «elecciones presidenciales libres y justas».
Aunque se anticipa un rotundo fracaso en la convocatoria, el punto de fondo es el motivo del llamado. Hay un norte a la vista que debe ser aprovechado. La oposición debe organizarse, unificarse y pactar elecciones primarias para escoger un candidato presidencial. Mientras más tarde, será visiblemente peor.
