(EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este martes que durante este año ha mantenido negociaciones con representantes de la Administración de EE.UU. con el fin de que sean levantadas las sanciones económicas impuestas al país suramericano en los últimos años, la mayoría de ellas dictadas desde Washington.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro «informa que, durante el año 2023, ha llevado adelante negociaciones con representantes del Gobierno de los EE.UU. y con las distintas oposiciones de Venezuela» con el objetivo de «sanar las heridas sociales causadas por la ilegítima agresión económica, mediante el levantamiento pleno de las sanciones», dice un comunicado.
Como resultado de este proceso, indica el escrito, el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron este martes en Barbados dos acuerdos sobre garantías para las presidenciales de 2024, que incluye observación internacional, y para una defensa conjunta de un territorio de 160.000 kilómetros en disputa con Guyana.
«Con estos acuerdos, Venezuela da un paso más en el camino para acabar con las criminales medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra nuestro pueblo, y la recuperación del estado de bienestar alcanzado por la revolución bolivariana», reza la nota.
Gobierno de Maduro, la oposición y las negociaciones
Asimismo, según el Gobierno, lo pactado «ratifica su compromiso con el diálogo y la vía constitucional y electoral como el único camino para la solución de las diferencias entre los venezolanos, sin injerencias externas y en el marco de la democracia participativa».
En el acuerdo sobre garantías electorales, las partes se comprometen a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas, «entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano».
De acuerdo con datos gubernamentales, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
