(EFE).- Venezuela está a horas de celebrar unos comicios marcados por un amplio rechazo opositor y por la polémica elección de cargos para un territorio en disputa con Guyana, en medio de una crisis política acentuada tras decenas de detenciones, entre ellas la del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, y la denuncia de las autoridades sobre un supuesto plan «terrorista» contra estas votaciones.
El país, con una mayor polarización luego de las presidenciales de 2024, vive un nuevo episodio de tensión en la víspera de los comicios en los que se elegirán 569 cargos, de los cuales 285 son diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.
Del total, 16 son para el Esequibo, o la Guayana Esequiba, como denomina Caracas al área de casi 160.000 kilómetros cuadrados que considera su región número 24, pese a que lo administra Guyana, que advirtió este viernes a Venezuela de que no podrá obligar a su país a «ceder ninguna parte de su territorio».
Unos 21,4 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT), cuando está prevista la apertura de 15.736 centros, en su gran mayoría instituciones educativas, donde habrá un total de 27.713 mesas de votación, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estos comicios son rechazados por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del año pasado.
Pese a la posición de la PUD, algunos partidos y políticos que integran la coalición decidieron desligarse y participar, entre los que destacan el exgobernador Henrique Capriles, candidato al Parlamento, y el exdiputado Juan Requesens, aspirante a la Gobernación del estado Miranda (norte), motivo por el que fueron expulsados de la formación de la que eran miembros, Primero Justicia (PJ), por «traicionar» la «unidad» antichavista.
El ambiente previo
La PUD denuncia que, en las últimas horas, se ha desatado una «ola de persecución» contra «un número indeterminado de ciudadanos».
La detención de Guanipa, a quien el Gobierno acusa de liderar un presunto plan para «boicotear» estas elecciones y llevar a cabo «actos terroristas», y la de «más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de DD.HH., periodistas y activistas», según denunció la líder antichavista María Corina Machado, ha reunido al sector mayoritario de la oposición pese a sus recientes fracturas.
Capriles exigió la liberación de Guanipa y repudió que se le acuse de «terrorista», mientras que el exdiputado Tomás Guanipa, también candidato al Legislativo, aseguró que la detención de su hermano forma parte de un nuevo capítulo de «persecución».
El titular de Interior, Diosdado Cabello, indicó el viernes que más de 70 personas, entre ellas extranjeros, han sido detenidas en los últimos días, y Guanipa, uno de los principales aliados de Machado, está incluido en la lista.
Según el ministro, va a ser «procesado y juzgado por actos de terrorismo, lavado de dinero y por incitación a la violencia».
Amnistía Internacional (AI), que alertó de un «incremento alarmante» de detenciones de activistas en Venezuela, exigió a las autoridades la libertad de las personas que, dijo, fueron detenidas arbitrariamente.
La logística oficial
El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, aseguró que la infraestructura electoral está «lista», y destacó la correspondiente para la elección de los cargos del territorio disputado con Guyana, que se llevará a cabo en «dos parroquias del municipio Sifontes», en el estado venezolano de Bolívar (sur).
Por tanto, expresó que el país está «preparado» para, «el día lunes en la mañana, amanecer con un gobernador en el estado de la Guayana Esequiba».
Según el Gobierno, más de 412.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados desde el miércoles en todo el territorio para resguardar las instalaciones, el material de votación y la seguridad ciudadana, junto con organismos policiales.
Venezuela también estableció, desde este viernes hasta el próximo lunes, un «estricto control» del desplazamiento fronterizo de personas, por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, con el fin de «prevenir actividades» que «pudiesen representar amenazas a la seguridad» nacional.
Durante ese período, tampoco están permitidos el expendio y la distribución de licores, las manifestaciones públicas y el traslado de maquinaria pesada, además de que mantiene la prohibición del porte de armas ordenada desde 2019.
Según las autoridades, trabajarán el domingo 1.419 funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía), además de 15.664 funcionarios de la estatal Corpoelec para asegurar el suministro eléctrico en todos los centros electorales.
La FANB custodiará «más de 4.590 instalaciones estratégicas», entre ellas, las pertenecientes a Corpoelec.
