Pedro Benítez (ALN).- Luego de pasar semanas enviando “señales” de apertura desde las alturas del poder en Venezuela, el arresto del director de la ONG FundaRedes tira a la basura toda la imagen que al exterior se quería presentar. Es como volver a la casilla de inicio. Un recordatorio del estilo chavista de hacer política que consiste en perpetuar la ideología divisoria de los odios.
Hay gente que no puede evitar destruir con los pies lo que con las manos pretende edificar. Esta máxima se le puede aplicar a las instituciones que controla Nicolás Maduro en Venezuela, en esta oportunidad en la persona del Fiscal General designado por la fenecida Asamblea Constituyente (ANC), Tarek William Saab.
En cuestión de horas echó abajo el efecto que pudieron haber tenido las “señales” que, tanto la entidad que encabeza, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), han enviado al resto del mundo en un intento por mejorar la imagen internacional de Maduro y su régimen.
En el curso de los últimos meses, Saab sorprendentemente cambió la versión oficial sobre tres casos emblemáticos de violación de Derechos Humanos (DD.HH) ocurridos en el país en los últimos cuatro años, los del concejal opositor Fernando Albán, el capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo y el estudiante Juan Pablo Pernalete.
Inicialmente, en los tres casos, el Fiscal exculpó de toda responsabilidad, sin que mediara una investigación independiente, a los cuerpos de seguridad implicados respaldando sus respectivas versiones. Pero en el pasado mes de mayo admitió que esos organismos habían procedido de manera criminal en los hechos y, además, informó que sus ejecutores materiales, subalternos policiales y militares, estaban arrestados y sometidos a proceso judicial.
Pero no se quedó allí; por esos mismos días, a través de sus redes sociales, dio a conocer una comunicación dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) donde informaba la decisión del Estado venezolano de reestructurar tanto el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), como de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); dos cuerpos de seguridad ampliamente señalados por haber incurrido sistemáticamente en graves abusos y delitos contra los DD.HH. en Venezuela, en particular en los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la materia, Michell Bachelet.
OPOSITORES EN EL CNE
Paralelamente a esto, y no por casualidad, la (cuestionada) Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre, incorporó a dos figuras vinculadas a la oposición como rectores principales en el CNE y desde entonces este organismo comenzó a mandar sus “señales”, ante la incredulidad y desconfianza de un amplio sector de la sociedad opositora. Principalmente asignar tarjetas para postular candidaturas a partidos de la oposición que habían sido intervenidos judicialmente y, en particular, restituir la que pertenecía a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que en su momento congregó a la mayoría de la oposición y ha sido la más votada en la historia electoral del país.
Este último movimiento puede ser interpretado como un regalo “envenenado” dirigido a profundizar la división del campo opositor o un incentivo para que los partidos opositores tradicionalmente mayoritarios participen en las venideras elecciones a gobernadores y alcaldes. Pero por encima de todo es un mensaje para la comunidad democrática internacional, concretamente a Estados Unidos y la Unión Europea, de la voluntad por parte de Maduro de mejorar las condiciones para competencia electoral en Venezuela.
Un lujo que este momento se puede dar, pues su poder no está en juego en ese proceso electoral regional. Sin embargo, estos gestos sí son importantes en su empeño por intentar que las sanciones le sean levantadas, o flexibilizadas, e ir rompiendo el aislamiento internacional. Un aspecto fundamental ahora que, al parecer, los partidarios de reformar el modelo económico se han impuesto puertas adentro de su gobierno con el aliento de los aliados internacionales y ante la indiferencia de China.
GESTOS AL BOTE DE LA BASURA
No obstante, el efecto concreto de todos estos gestos y señales han sido casi que botados al bote de la basura con el arresto director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, junto con otro activistas de esa organización.
El argumentando esgrimido por el Fiscal consiste en afirmar que las denuncias de Tarazona, efectuadas ante el propio Ministerio Público son: “acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional”.
En este punto es pertinente recordar que en Venezuela está vigente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, mejor conocida como Ley contra el Odio que sanciona los delitos de opinión, y que ha sido (y es) usada a discreción por las autoridades con el fin de reprimir las críticas. Desde que fue aprobada por la ANC en noviembre de 2017 lleva ya su buen lote de presos políticos, acusados estos de haber cuestionado, o comentado en tono negativo, las actuaciones o pronunciamientos del presidente y altos funcionarios de su gobierno en las redes sociales o grupos de WhatsApp.
Su marca es inconfundiblemente autoritaria. En diciembre pasado Daniel Ortega hizo a aprobar en la Asamblea de Nicaragua su propia versión con idénticos fines. La “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que los nicaragüenses han bautizado como la “Ley Guillotina”.
Lo redactores de estos textos son dignos discípulos de Vladimir Lenin, quien destacó, entre otras cosas, por haberle dado a las palabras un significado distinto al generalmente aceptado. “Convivencia Pacífica”, “Tolerancia” y “Paz”.
LA IDEOLOGÍA DE LOS ODIOS
En los citados instrumentos legales el propósito es cualquiera menos alentar el significado que encierra esas expresiones. La razón es sencilla, este tipo de regímenes necesitan “perpetuar la ideología divisoria de los odios”, como lo resumió el hispanista británico Paul Preston en su biografía sobre el dictador español Francisco Franco.
Es una estrategia de poder. Mantener abiertas las heridas. De hecho, Franco hizo aprobar su Ley de Seguridad del Estado en 1941 con idénticos fines. Y tampoco es casualidad que esa ley a su vez la haya copiado Fidel Castro en Cuba, inspiración, como es ampliamente conocido, de los autócratas caribeños.
Es decir, el tipo de detalles que demuestran que Venezuela no es una democracia, y que los propios funcionarios de Maduro (cuando no él directamente) se encargan de recordar, a pesar de que eso mismo va en contra de la estrategia que en este mismo momento va desarrollado.
Intentar comprender la razón por cual procede, o permite que se proceda así, es entrar en el terreno de la especulación. El interminable juego de equilibrios entre los grupos de poder interno y/o esos ciertos hábitos muy propios de estilo chavista de hacer política que le son consustanciales. Aunque en ellos mismos resida el origen de los males que desean corregir.
Esto explicaría que mientras por un lado alienta la participación de la oposición en las elecciones regionales, su súper mayoría en la AN aprueba una ley de ciudades comunales que amenaza con dejar sin competencias y recursos a las mismas gobernaciones y alcaldías que se van a elegir en noviembre.
Este estilo de dos pasos hacia adelante y dos para atrás que a la hora de la negociación con los poderes mundiales no luce que le sea útil ni efectiva.
