(EFE).- Alrededor de 350.000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, tras una decisión de la Corte Suprema este lunes considerada por expertos como la “más grande privación” de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de Estados Unidos.
La decisión de tan sólo dos párrafos emitida por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la anterior administración.
El fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.
Venezolanos en EEUU consideran «inesperado» fallo de la Corte Suprema contra el amparo del TPS
“La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.
La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».
La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.
«El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», señaló el abogado.
Decisión histórica
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha apoyado el litigio, dijo a EFE que esta es «la primera vez en la historia moderna» que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos.
El activista puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados advirtiendo que pareciera estar influenciada por la “política” y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.
“Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón”, señaló Alvarado.
En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija “es imposible» regresar de forma segura a Venezuela.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, indicó que el Supremo “también desmanteló” las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y “politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada”.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios.
Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200.000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001.
Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que, aunque este fue un día “muy difícil”, marca una nueva etapa de la lucha. “No están solos, la casa de todos es aquí”, valoró.
El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario, conocido como CHNV, que permitió el ingreso dado a Estados Unidos cerca de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. EFE
