Roberto Deniz (ALN).- El de Agroisleña no es un caso aislado. Al menos cuatro de los 24 reclamos pendientes contra Venezuela en el Ciadi están relacionados con empresarios españoles o están basados en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Caracas y Madrid. La familia García Armas, de origen canario y con negocios en suelo venezolano desde 1967, también espera lograr en un tribunal arbitral una indemnización por lo perdido durante el chavismo.
Los dueños de Agroisleña no están solos en su reclamo contra el Gobierno de Venezuela. Luego de 50 años de actividades la empresa perteneciente a una familia canaria fue expropiada en 2010 por Hugo Chávez y convertida en Agropatria. Más allá de la gestión ruinosa, admitida por las propias autoridades, sus antiguos dueños batallan legalmente por una indemnización.
Amparados en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre España y Venezuela, suscrito en 1995 y vigente desde 1997, la familia Fraga presentó a mediados de 2016 una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial. La petición la ejercen Agroinsumos Ibero-Americanos, Inica Latinoamérica, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, sociedades españolas propietarias de las acciones de Agroisleña.
Esta semana la agencia EFE reseñó que el grupo empresarial presentó un memorial de demanda ante el tribunal de arbitraje como parte del avance del litigio y en busca de una “indemnización pronta, adecuada y efectiva”. Aunque no descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso, esa puerta parece cerrada por un Gobierno negado a revertir las expropiaciones, sumergido en una crisis política y económica, y con un nivel de reservas internacionales más bajo del que había cuando Chávez asumió el poder en 1999.
Otras expropiaciones
El de Agroisleña no es el único caso de inversionistas españoles que esperan cobrar mediante arbitraje lo que perdieron por la vía de los hechos con el “socialismo del siglo XXI”. De los 24 reclamos pendientes contra Venezuela en el Ciadi, al menos cuatro están relacionados con empresarios hispanos o inversionistas protegidos por el TBI entre los dos países.
El grupo empresarial presentó un memorial de demanda ante el tribunal de arbitraje como parte del avance del litigio y en busca de una “indemnización pronta, adecuada y efectiva”
La familia García Armas -también oriunda de Canarias– optó igualmente por los arbitrajes para intentar obtener una compensación luego de que empresas pertenecientes al grupo familiar como Alimentos Friosa, Transportes Dole, Frigoríficos Ordaz (Friosa) y Delicatesses La Fuente fueran expropiadas o perjudicadas por medidas del Gobierno venezolano en 2010.
En el Ciadi cursa la demanda de Luis García Armas desde mediados de 2016. Previamente, en 2012, Serafín García Armas -nacido en la isla de La Gomera en 1944- y su hija Karina García Gruber introdujeron una solicitud de arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi) en una corte de París. En esta causa la familia sufrió un revés el pasado 25 de abril cuando la corte judicial de la capital francesa anuló un laudo arbitral de 2014 que la favorecía.
Serafín García Armas llegó a Venezuela en 1961 e inició sus negocios en el país suramericano seis años después. Desde entonces, y en sociedad con algunos de sus familiares, fundó varias empresas relacionadas con la venta minorista y mayorista de alimentos, pero bajo el chavismo los negocios familiares se hundieron. Serafín García Armas está casado con la ex miss venezolana Irene Sáez y es suegro de Mauro Libi, un empresario venezolano que ha levantado un emporio durante el chavismo.
Los datos del Ciadi confirman que existen otras empresas que originalmente no son españolas, pero se han cobijado en el TBI entre España y Venezuela para proteger sus inversiones. Ejemplo de ello son las sociedades Valores Mundiales y Consorcio Andino. Desde 2013 ambas le reclaman a la República de Venezuela por los intereses del grupo mexicano Gruma, cuyas plantas industriales Monaca y Demaseca, dedicadas a la producción de harina de maíz y trigo en el mercado venezolano, sufrieron en 2010 el impacto de la ola expropiadora de Chávez y su pretensión de adueñarse de las principales productoras de alimentos.
Lo mismo ocurre con Valle Verde Sociedad Financiera, compañía propietaria de Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, una pequeña institución financiera del occidente venezolano señalada en 2011 de cometer diversas irregularidades por las autoridades venezolanas. Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo terminó siendo intervenida ese año junto a una decena de pequeños bancos en lo que se conoció como una “crisis financiera” y el presidente de su junta directiva fue detenido, acusado de delitos como la distracción de fondos de los ahorristas y la aprobación indebida de créditos, entre otros. El reclamo de Valle Verde Sociedad Financiera ante el Ciadi se inició en 2012.
Un camino largo
La ruta de los arbitrajes suele ser larga y costosa. Los litigios pueden durar varios años pero a juzgar por algunos laudos emanados en los últimos años de los tribunales arbitrales del Ciadi, los inversionistas españoles pueden tener esperanzas.
Estimaciones de expertos en arbitraje señalan que los reclamos de inversionistas contra Venezuela por las actuaciones del gobierno de Chávez pueden rondar los 10.000 millones de dólares. Varias de esas quejas concluyeron con decisiones favorables a compañías trasnacionales afectadas por -quizás- la orden más repetida en vida por Chávez: ¡Exprópiese!
La familia García Armas optó igualmente por los arbitrajes para intentar obtener una compensación luego de que empresas pertenecientes al grupo familiar fueran expropiadas
Desde 2014 salieron fallos favorables a las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex, a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, al consorcio suizo chileno Flughafen Zurich AG / Ingeniería IDC y a la también norteamericana Owens Illinois, que en conjunto suman unos 4.000 millones de dólares en indemnizaciones.
En algunas de esas decisiones la defensa de la República de Venezuela ha logrado postergar los pagos solicitando a los tribunales arbitrales anulaciones o revisiones de los laudos, como en la disputa con Exxon Mobil. Gold Reserve, en cambio, logró pactar un cronograma de pago por unos 900 millones de dólares, así como la vuelta de la empresa a las minas del estado Bolívar, al sur de Venezuela. En otros casos, los inversionistas presionan en diversas jurisdicciones para buscar la ejecución del laudo, como hace Crystallex, que pretende unos 1.200 millones de dólares.
