Rogelio Núñez (ALN).- Uruguay se acerca a un final de época. Las elecciones de este domingo próximo van a poner fin, casi con toda seguridad, a tres lustros (2005-2020) de control político y hegemonía del Frente Amplio (FA, izquierda). A la segunda vuelta de este 24 de noviembre llegan los dos candidatos más votados el pasado 27 de octubre: Daniel Martínez (FA) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional -Blanco-, centroderecha).
El ganador en la primera vuelta fue Daniel Martínez con 10 puntos de ventaja sobre Luis Lacalle Pou. Sin embargo, la previsible unidad del voto del centro, centroderecha y derecha en la segunda vuelta ha convertido ese cómodo triunfo en insuficiente.
El Frente Amplio alcanzó hace un mes 39,2% de los votos mientras que todo el espectro de la derecha reunió 51,5% (el Partido Nacional 28,6%, el Partido Colorado 12,3% y Cabildo Abierto 10,9%).
Incluso antes de que la derecha alcanzase un acuerdo electoral para la segunda vuelta el candidato opositor Luis Lacalle Pou ya contaba con una ventaja de cinco puntos en intención de voto sobre el oficialista Daniel Martínez con vistas al balotaje según una encuesta de Opción Consultores. Lacalle Pou contaba con una intención de voto de 47% y Martínez de 42%, con 6% situados en el voto blanco o nulo y 6% de indecisos.
Ese favoritismo fue un incentivo para que el Partido Nacional alcanzara un gran acuerdo con el resto de las fuerzas no izquierdistas tras las reuniones que mantuvo Luis Lacalle Pou, con Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Pablo Mieres (Partido Independiente). Todos ellos firmaron el ‘Compromiso por el país’. Este acuerdo, dividido en 13 ‘líneas estratégicas’, no hizo sino consolidar la ventaja de Lacalle en torno a los 5 y 7 puntos.
De hecho, las encuestas aparecidas este pasado miércoles consolidan e incluso aumentan la ventaja de Lacalle.
El gran fracaso de Martínez ha sido no haber logrado captar al segmento de votantes colorados de centroizquierda (los batllistas). Como señala el analista Oscar Botinelli, “el FA viene perdiendo en las capas medias altas desde 2009 y eso terminó yendo a los partidos tradicionales. Pero hay un fenómeno que quedó oculto: 48% del Frente de 2014 no es el mismo de 2009. En 2014 hubo una pérdida de las capas medias, que fueron compensadas por las capas más bajas. Y ahora pierde en ese nivel abajo, muchos de ellos hacia Cabildo Abierto”.
A Martínez ni siquiera le ha servido apelar al “voto del miedo” provocando temor a que en Uruguay se repita la crisis argentina tras la llegada al poder del centroderecha: “El dogmatismo llevó al Uruguay a la peor crisis en los últimos 60 años, que fue la de 2002. Eso no es chiste, no fue casualidad, no fue que Argentina se cayó. Argentina ahora está peor que en 2001 y sin embargo Uruguay casi ni se enteró, se enteró un poco. No es echar miedo, creemos sinceramente que eso puede volver a pasar por dogmatismo, por una falta de visión pragmática y por una forma de hacer política que nos preocupa”.
¿Qué cabe esperar de un futuro gobierno de Lacalle?
Uruguay se acerca a un tiempo de transformaciones, si bien no radicales, sí de una gran magnitud. Esto lo admite hasta un enemigo de esa futura Administración como el expresidente José Mujica: “Si gana (Luis) Lacalle les va a costar a ustedes que les aumenten el salario, vamos a tener un gobierno machete para repartir, seguramente. No creo que tengamos un gobierno catastrófico porque todos aprendemos de la elección un poco”.
Todo apunta a que se va a mantener la estabilidad institucional y del sistema de partidos gracias a una cultura política civilista e institucionalista que ya cuenta con un siglo de historia. Una sociedad homogénea de clases medias provoca que Uruguay esté considerado como una de las democracias con mayor fortaleza de la región. Los mayores cambios pueden llegar en materia económica, donde el Partido Nacional defiende una reforma tributaria favorable al sector agropecuario, que es su electorado principal. También piensa derogar la Ley de Inclusión Financiera con el objetivo de que todo el sistema de pagos pase por los bancos y pueda ser fiscalizado. Y planea abrir a la competencia el sector energético, actualmente monopolio del Estado, así como un cambio drástico de las políticas sociales, una reforma de la educación y de las pensiones.
De ganar el próximo 24 de noviembre, Lacalle no sólo pondría fin a 15 años de gobierno del Frente Amplio, sino que cambiaría de manera gradual algunas políticas públicas importantes. “La coalición alternativa representa un moderado giro a la derecha, con políticas orientadas al mercado, apertura comercial, control del gasto público, un mayor énfasis en el orden interno y seguridad ciudadana, combinados con una reforma educativa”, señala el politólogo uruguayo Adolfo Garcé.
El modelo económico tradicional uruguayo (de tintes estatistas e intervencionistas, lo más parecido en América Latina a un “estado del bienestar” a la europea) hunde sus raíces en la historia del país y en el legado del “padre del Uruguay moderno”, el presidente José Batlle y Ordoñez (1903-1907/1911-1915). Un sistema que propició que se conformara una potente clase media y que el país se haya adaptado bien a los retos de la actual economía.
Ese modelo no va a cambiar de forma radical ya que se encuentra vinculado al ADN uruguayo pero un gobierno encabezado por Lacalle optará por el recorte del gasto para detener la subida del déficit y controlar la inflación.
Porque el modelo uruguayo ofrece signos de agotamiento y sobre todo de necesidad de emprender profundas reformas para hacerlo sostenible. Uruguay no ha sido capaz de solucionar varios de los problemas estructurales que padece el país (inflación, déficits…) que tienen su explicación final en un modelo que no funciona ya como antes.
Por ejemplo, la inflación, que convierte a Uruguay en el país con la subida de precios más alta de la región, sólo superado por dos casos extremos: la hiperinflación de Venezuela y la alta inflación de Argentina. Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos con una inflación razonable pero que muestra cifras más elevadas y persistentes (por encima de 8%):
Otro de los síntomas que muestra los problemas estructurales de la economía uruguaya es el déficit que se encuentra por encima de 3% desde 2014 y que supera 4% del PIB desde 2017.
Lo preocupante de la situación es que este déficit, el mayor en casi 30 años, va en aumento y aparece luego de que se hayan llevado a cabo sucesivos “ajustes” fiscales, aumentando impuestos e intentando controlar algunos gastos.
Además, estas dificultades fiscales aparecen sin que la economía haya caído en crisis, aunque el país se ve afectado por el estancamiento brasileño y por los problemas argentinos, lo que ha provocado un enlentecimiento de la expansión económica.
La futura gobernabilidad
El hipotético cambio de gobierno, tras 15 años de hegemonía de la izquierda, por uno de centroderecha, va a conllevar reformas estructurales y políticas de ajuste impulsadas por un gobierno en minoría y con apoyos heterogéneos. La gran dificultad va a estar en contentar a la vez a un partido como el colorado, que en su mayoría tiende al centro e incluso al centroizquierda, y a Cabildo Abierto, muy escorado a la derecha. Lacalle con 30 escaños necesita de los 13 escaños colorados y de los 11 de Cabildo para alcanzar la mayoría.
Dada la tónica de las medidas que pondrá en marcha el nuevo Ejecutivo, unido al ambiente regional, cabe esperar resistencia (movilizaciones y manifestaciones) y una contundente respuesta de los partidos de izquierda y los sindicatos para detener los previsibles ajustes. Reformas, compleja gobernabilidad y conflictividad social son el escenario más probable del próximo quinquenio incluso si finalmente triunfara el oficialismo, que no podría eludir la necesidad de poner en práctica ese tipo de ajustes y cambios.
Perviven varias incógnitas sobre el futuro gobierno: la primera cuánto sobrevivirá la coalición electoral, una vez adquiera la forma de coalición de gobierno. Sobre todo en el momento en el que deba afrontar el costo social proveniente del recorte del gasto público cifrado en unos 900 millones de dólares.
Como apunta Óscar Botinelli, “la primera (duda) es si esto verdaderamente es una coalición de gobierno. Los líderes no firmaron un documento sentados en una mesa, no hubo foto. Y el documento no es una clara agenda de gobierno, hay muchos enunciados genéricos… Después está la coalición legislativa, que es sólo para aprobar leyes, y parlamentaria, para sostener el gobierno. La solidez de la coalición dejó dudas en el debate. Parece que la nave insignia será una ley de emergencia cuyo contenido no se conoce. Salió en la prensa que socios de la coalición esperan que se discuta internamente el contenido antes del envío al Parlamento. Bueno, si es una coalición, el contenido se elabora en conjunto. Después, para que una coalición sea sólida es importante que los nombres claves del consejo de ministros hubieran sido anunciados”.
