Antonio José Chinchetru (ALN).- A pesar de los grandes avances de los últimos años, las sociedades latinoamericanas siguen percibiendo grandes niveles de corrupción en sus países. Existen, sin embargo, tres notables excepciones: Uruguay, Chile y Costa Rica. Estas naciones destacan, además, por ser las mejor situadas en la región en diferentes clasificaciones mundiales sobre libertad y democracia.
América Latina es una de las regiones del mundo donde existe una fuerte percepción de que la corrupción es un problema grave, según reflejan los sucesivos informes anuales de Transparencia Internacional. A pesar de ello, la zona dista mucho de ser homogénea en esta materia y existen notables excepciones. Tres países latinoamericanos se sitúan entre los 50 del mundo con un mejor resultado en el índice elaborado por la citada organización internacional. Se trata de Uruguay, Chile y Costa Rica, que también destacan en otros rankings mundiales como los más democráticos y libres de Latinoamérica.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional refleja que los países americanos donde menos se percibe la existencia de este problema son los situados más al norte del continente. Canadá ocupa el primer lugar, y el noveno a nivel global, y Estados Unidos el segundo, décimo octavo del mundo. El top 10 de América lo completan Barbados, Bahamas, San Vicente y Granadinas, Dominica y Santa Lucía, además de las tres naciones hispanohablantes antes reseñadas.
Uruguay ocupa el tercer lugar en el continente americano y el vigésimo tercero a nivel mundial
Uruguay es el país latinoamericano cuya población percibe un menor nivel de corrupción. Ocupa el tercer lugar en el continente americano y el vigésimo tercero a nivel mundial, empatado con Francia. Ha empeorado dos posiciones en el ranking global, puesto que en el índice del año pasado se situaba en la posición número 21. Ha pasado de tener 71 a 70 puntos (donde 100 sería la mejor nota) en el IPC.
Chile ha mejorado la nota, de 66 a 67 puntos. A pesar de ello ha bajado un puesto tanto en la clasificación continental (del cuatro al quinto) como mundial (del 25 al 26). El motivo es que le ha superado Barbados, que ha visto mejorar su calificación de 61 a 68. El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo de medidas que sirven para “sentar las bases contra la corrupción” que Chile aprobó en 2016 “una ley de probidad en la función pública para prevenir los conflictos de intereses en el sector público”.
El podio latinoamericano lo completa Costa Rica, que ocupa el puesto número siete de América y el número 38 del mundo. Esto supone una mejora, puesto que el año pasado se situó en la décima posición americana y la 41 global. Ha mejorado la calificación, de 58 puntos en el anterior IPC a 59 en el actual. Junto con Uruguay y Chile conforma el selecto grupo de países de América latina que obtiene una puntuación superior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.
El ranking mundial lo lidera Nueva Zelanda. Segunda es Dinamarca y terceras, Finlandia, Noruega y Suiza. España ocupa el puesto 42 a nivel internacional.
Mayor libertad y menos corrupción
Se da la circunstancia de que los países latinoamericanos donde existe una menor percepción de la corrupción son también los que tienen un sistema democrático más sólido en la región. Según el Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Uruguay es la única nación de la zona que entra en el selecto club formado por 19 “democracias plenas”. Ocupa el puesto 16 en este ranking, con una nota de 8,12 puntos sobre 10 (Ver más: Uruguay se afianza como la única democracia plena de América Latina). En el conjunto de América Latina y el Caribe le siguen, ya en la categoría de “democracias imperfectas” Costa Rica (puesto 23, con 7,88 puntos) y Chile (26, con 7,84 puntos).
Chile, Uruguay y Costa Rica son los países latinoamericanos que obtienen un mejor resultado en el Índice de Libertad Humana
También son los países latinoamericanos que obtienen un mejor resultado en el conocido Índice de Libertad Humana del Fraser Institute (Canadá), el Cato Institute (EEUU) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (Alemania). Chile, con 8 puntos sobre 10, ocupa el puesto número 37 a nivel mundial. Le siguen Costa Rica (38, con 7,89 puntos) y Uruguay (42, con 7,79 puntos).
En el Índice de Libertad Económica de la estadounidense The Heritage Foundation ocurre algo similar. Chile, que se sitúa en la vigésima posición mundial, es la nación de América Latina mejor clasificada y forma parte del grupo de Estados “mayoritariamente libres”. En el sector de los “moderadamente libres” se encuentran Uruguay (segundo latinoamericano y 38 a nivel global) y Costa Rica (sexto latinoamericano y 57 en el mundo). A este último le adelantan Colombia (42 en el índice global), Perú (43) y Panamá (54).
Retos regionales contra la corrupción
A nivel regional, Transparencia Internacional dice: “En los últimos años, América Latina y el Caribe lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción. En muchos países de la región existen ahora leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno, las investigaciones legales están avanzando y los movimientos ciudadanos anticorrupción se han incrementado”.
Además de la ley aprobada en Chile en 2016, reseña como avances importantes las sanciones a “empresarios y políticos de las más altas esferas” por el caso Odebrecht en Brasil, Ecuador y Perú. También destaca las investigaciones en Guatemala y Panamá.
Para Transparencia Internacional faltan “políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción”
Para los autores del informe, los avances son “valiosos” pero “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”. En este sentido, añaden: “Los países que consideran a la lucha contra la corrupción una cuestión prioritaria y generan políticas nacionales relevantes mediante el consenso y la participación política, están en mejores condiciones de lograr un salto cualitativo importante”.
Aunque Transparencia Internacional considera que la región no se encuentra atascada en esta materia, sostiene que “sí es crucial promover un enfoque integral que atienda los problemas estructurales fundamentales, como el financiamiento de la política, las contrataciones públicas y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y flexibles”.
