Ysrrael Camero (ALN).- En Europa se han encendido alarmas. Estas no se limitan a la manera en que se expande la pandemia, sino que se extienden al ascenso de la discordia y la crispación, en una sociedad que ya es una de las más polarizadas del continente. España necesita grandes acuerdos para enfrentar la crisis, y las élites políticas insisten en inyectar combustible a un ambiente tenso en medio de una pandemia que no remite.
En cada iniciativa que se desarrolla en España se abren “frentes” donde los criterios técnicos, la deliberación constructiva y la voluntad de convivencia, son sustituidos por la descalificación y deslegitimación del otro. Vemos un patrón recurrente, los actores más radicales presionan a los moderados, para evitar la creación de un espacio común en el centro donde alcanzar acuerdos imprescindibles.
Desde la derecha son representantes de Vox quienes presionan al Partido Popular, para aumentar el costo de cualquier atisbo de moderación y de desplazamiento al centro del espectro. En las izquierdas son algunos dirigentes de Unidas Podemos (UP) quienes presionan al PSOE para evitar que éste se acerque al centro, bien sea para la aprobación de los presupuestos con Ciudadanos (Cs), bien sea para mantener a la monarquía fuera de un debate político polarizado.
Las disputas en Madrid
Al desaparecer el mando único y el estado de alarma, la relación entre el gobierno central y los autonómicos, así como la de estos con los municipales, deben estar marcadas por las nociones de cogobierno y coordinación, lo que implica una obligación de fijar normas comunes por parte del gobierno central, y una obligación de los gobiernos autonómicos y municipales, de ajustar su cumplimiento a las especificidades de su localidad.
Al parecer, esa coordinación ha sido insuficiente, de allí parte de las quejas de la Comunidad hacia el gobierno central, pero también la de los alcaldes de Madrid hacia Isabel Díaz Ayuso, quien tampoco ha sabido cooperar. En el medio, los madrileños, estupefactos.
El coronavirus se extiende y la tregua en Madrid, establecida en el encuentro entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, apenas duró unos días. Una guerra de declaraciones contradictorias, confrontando a Salvador Illa, ministro de Salud, con el responsable de la salud madrileña, Enrique Ruiz Escudero, agrió las relaciones entre Moncloa y la Puerta del Sol.
Illa reclamó mayor contundencia en las medidas restrictivas, mientras los responsables del gobierno madrileño acusaban al gobierno nacional de aplicar un doble rasero que perjudicaba a Madrid. Esta confrontación tenía a los madrileños en la incertidumbre.
La apelación a una especie de conspiración “catalana” contra Madrid, dado el origen del ministro, fue una carta usada tanto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, como por el mismo José María Aznar, promotor de este PP restaurado.
Finalmente, en el Boletín Oficial del Estado del 1º de octubre fue publicado el acuerdo de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableciendo unos parámetros para las medidas de restricción de la movilidad.
Inmediatamente el gobierno autonómico se quejó, denunciando que no compartían los criterios establecidos en el documento. Para no declararse en rebeldía, dijeron que acatarían, pero llevándolo a los tribunales. En la Asamblea de Madrid la sesión fue particularmente bronca. Fueron varias las autonomías que acompañaron a Madrid en su rechazo al acuerdo, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta, gobernadas por el Partido Popular, así como Cataluña.
La disputa en torno a la monarquía
Todo parece indicar que la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de los despachos de la nueva promoción de jueces, realizada en Barcelona, se vincula, tanto con la política de distensión hacia Cataluña, dado que el acto se realizaría a horas de la inhabilitación de Quim Torra, como con la falta de renovación de la cúpula del Poder Judicial.
Sin embargo, la manera en que los actores manejaron dicha ausencia destapó un tercer nivel de conflicto, abriendo una disputa en torno a la monarquía. Desde el PP, pasando por Ciudadanos, y terminando en Vox, centraron allí la crítica, porque saben que el tema escuece las diferencias entre los socios de coalición.
Y UP mordió el anzuelo, justamente porque confrontar sobre el tema les permite diferenciarse del PSOE y reencontrarse con su electorado específico, claramente republicano. Declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, y de los ministros Alberto Garzón y Manuel Castells, elevaron el nivel del conflicto.
No son un secreto para nadie las convicciones republicanas de muchos dirigentes de las izquierdas; sin embargo, las condiciones endebles de un gobierno que se instaló por la mínima, que debe enfrentar una pandemia global y una crisis económica que será profunda, exigen prudencia de quienes son miembros del gobierno. La libertad de expresión es un derecho ciudadano, pero las autoridades electas tienen obligaciones, al no hablar como particulares.
Para la preservación del orden constitucional democrático es necesario salvaguardar a la institución monárquica de la diatriba política cotidiana y de la faccionalización. Felipe VI debe recordar los errores que cometió su bisabuelo, Alfonso XIII, quien ató su destino al apoyar la dictadura de Primo de Rivera. Tras caer Primo, la monarquía también lo hizo al poco tiempo.
Las memorias confrontadas
Respecto a la memoria histórica Vox, en su política radical de confrontación, le ha fijado la línea al Partido Popular y a Ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid, por iniciativa de la ultraderecha, decidió retirar los nombres de los dirigentes socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero madrileño, imponiendo una visión franquista de sus biografías políticas. No es extraño que una organización como Vox tenga ese gesto, lo preocupante es que el PP y Cs lo votaran, mostrando aquiescencia en caso de compartir los criterios, o miedo, si lo hicieron por miedo al chantaje.
Los caminos hacia los acuerdos de reconstrucción
Como vemos, no parecen darse las condiciones necesarias para construir los grandes acuerdos imprescindibles para hacer frente, primero a la pandemia, y segundo, a la reactivación del tejido productivo y comercial. España tiene un gobierno de coalición frágil, pero también una derecha fragmentada, sometida al chantaje de los sectores más extremos.
España es una de las democracias más avanzadas del mundo, pero la desconsolidación puede iniciarse al perderse la vocación de convivencia plural y pacífica. Allí está el riesgo.
