María Rodríguez (ALN).- El banco de inversiones Torino Capital señala que el alegato del fiscal Tarek William Saab de que Citgo –filial estadounidense de PDVSA- requiere la autorización del Gobierno venezolano para refinanciar su deuda, podría interpretarse como que no existe separación real entre el Gobierno y la petrolera estatal. De ser así, se elevaría el riesgo de embargo de los bienes de la compañía por parte de los tenedores de bonos.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, informó el 21 de noviembre la detención de seis directivos de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Denunció que los detenidos gestionaron sin autorización del Ejecutivo venezolano programas de deuda para refinanciar hasta 4.000 millones de dólares de deuda. El 30 de noviembre, Saab explicó que el arresto del expresidente de PDVSA Nelson Martínez también estaba vinculado con este hecho e insistió en que la firma de este contrato de refinanciación no contaba con el consentimiento del Gobierno de Venezuela. Ahora, estas afirmaciones se pueden volver en contra de la propia PDVSA.
Según el último informe del banco de inversiones Torino Capital, titulado ‘Criptorrealidad’ y elaborado por el economista jefe Francisco Rodríguez, “a medida que las políticas económicas [del Gobierno de Venezuela] se desvían hacia lo no convencional, argumentamos que el Ejecutivo puede inadvertidamente allanar el camino para los acreedores”.
Torino Capital considera que el Ejecutivo de Maduro puede “inadvertidamente” allanar el camino para los acreedores
En concreto, “al alegar que la entidad (PDVSA) requiere autorización del Gobierno nacional para refinanciar su deuda, el fiscal general estaría otorgando base al argumento de que no existe separación real entre PDVSA y sus filiales, por un lado, y el Gobierno, por el otro”, explica la firma.
En este sentido, dicha interpretación “podría facilitar pruebas para los acreedores de que PDVSA y Citgo son ‘alter egos’ del Gobierno venezolano, lo que eleva la vulnerabilidad de sus activos [los de ambas compañías] ante un posible embargo en el contexto de una disputa [de los acreedores] con el Estado venezolano”, continúa el informe.
Desde Torino Capital añaden que “si un tribunal puede establecer que no existe una identidad separada entre la compañía y sus accionistas, entonces estos últimos pueden ser responsables por la deuda de la corporación”. A esta visión favorece, según el informe, la insistencia por parte del Gobierno de Venezuela de que el Ejecutivo debió autorizar el refinanciamiento de la deuda de Citgo hasta el punto de perseguir legalmente a los miembros de la junta directiva responsables de la emisión. “Esto podría sugerir que [el Gobierno] considera los bienes de la compañía como propios, los directores como funcionaros públicos y que circunscribe las actividades de la entidad”, sentencia el informe.
Desde Torino Capital también destacan las declaraciones del nuevo presidente de PDVSA, el general Manuel Quevedo, quien sustituye a Eulogio del Pino (destituido días antes de ser detenido junto a Nelson Martínez por la trama de corrupción que involucra al sector de los hidrocarburos venezolano y que ya se extiende por toda América).
Quevedo afirmó que ahora en PDVSA los contratos estarían sujetos a aprobación presidencial. “Aquí no van a venir más contratos avalados por la junta directiva para seguir saqueando, como lo han hecho en algunas instancias, la industria petrolera, que es del pueblo”, indicó Quevedo en el programa dominical del presidente Nicolás Maduro, según recoge la agencia Reuters.
Y todavía habría un factor más: “El hecho de que la designación de Asdrúbal Chávez el 22 de noviembre como presidente de Citgo haya sido anunciada por Maduro en su cuenta de Twitter soporta aún más el argumento de que el Gobierno nombra directamente a los miembros de la junta directiva”, sentencia la firma.
El caso Citgo
El Ministerio Público de Venezuela habría hallado que el 15 de junio de 2017 los miembros de la alta dirección de Citgo firmaron un acuerdo con las empresas de inversiones Frontier Management Group (FMG) y Apolo Global Management, según publica el diario venezolano El Nacional.
En su comparecencia pública, Saab detalló que la firma de estos contratos se realizó en vísperas de una presunta refinanciación de los programas de deuda en 2014 y 2015. La financiación que se negoció, de 4.000 millones de dólares, colocaba como garantía a la filial Citgo. “Aquí se comprometió el futuro de nuestra filial y el patrimonio de nuestro país”, señaló Saab y destacó que obtendrían un rédito de 1,5% calculado sobre el monto total de la financiación de la transacción.
