David Placer (ALN).- El magistrado Rafael Ortega, que recibió y custodió las pruebas del caso Odebrecht, abandonó Colombia por el acoso constante de funcionarios del Sebin que lo seguían hasta en el supermercado. Asegura al diario ALnavío que el G2 cubano y las FARC también operan con el Sebin en ese país. Ahora, reunificado con su familia en España, vive en un refugio de la Cruz Roja, que le garantiza techo y comida.
El magistrado Rafael Ortega ha tenido que huir de dos países para escapar del régimen de Nicolás Maduro.
Primero abandonó Caracas rumbo a Cúcuta, pocos días después de que la Asamblea Nacional, bajo el control de la oposición, nombrase un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Pero la persecución del régimen chavista también llegó a Colombia, donde el magistrado vivió hasta mayo de este año. Entonces, decidió viajar a España, donde ha solicitado asilo político y donde se siente seguro y a salvo.
El magistrado Rafael Ortega se ha instalado en un refugio para asilados políticos en España. Ahora, con techo y las tres comidas diarias, buscará trabajo en Madrid como profesor universitario
Ortega se ha instalado en un refugio de la Cruz Rojaen Madrid, donde tramita su solicitud de protección internacional. Es uno de los casi 20.000 venezolanos que han pedido asilo político en España entre enero y junio de este año. Vive en el refugio con su esposa e hijos, en dos habitaciones: una para la pareja y otra para los dos muchachos. Como cualquier otro venezolano solicitante de asilo y sin recursos, Ortega recibe las tres comidas y una ayuda económica para gastos de higiene personal y transporte.
Sin dinero y con las cuentas bancarias y las tarjetas bloqueadas en Venezuela, reconoce que ha pasado mucho trabajo. “En Colombia no teníamos ni para la comida. Aquí en España espero poder conseguir algún trabajo como profesor en la universidad, que es lo que he hecho toda mi vida”, explica el magistrado en una entrevista con el diario ALnavío.
El magistrado en el exilio ha declarado ante la policía española que Colombia también es un país inseguro para los perseguidos políticos venezolanos. Venezuela es el principal país de procedencia de los asilados políticos en España, seguida por Colombia, según los datos del Ministerio del Interior de España.
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Su caso no es menor. El magistrado fue el encargado de recibir las pruebas físicas y digitales del caso Odebrecht por el cual Nicolás Maduro fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Supremo en el exilio, una sentencia que se ha convertido en papel mojado en Venezuela, donde los magistrados fueron acusados por traidores a la patria.
En su casa se guardaron decenas de cajas con las pruebas aportadas por la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz. Y siempre se sintió perseguido en un país donde, explica, operan con relativa libertad el Sebin y el G2 cubano, además de las FARC. “Desde que llegamos a Cúcuta, estábamos siendo vigilados constantemente. Todos los magistrados nos movíamos juntos, en grupo. Íbamos a la plaza, al centro comercial y al hotel juntos. Nos hacían fotos de forma descarada”, explica el magistrado. “Y esa persecución también la sufrimos en Bogotá. Cuando mi esposa y mi hijo estaban en el supermercado, los perseguía un hombre que les hacía fotos. Mi esposa tuvo que llamar al vigilante y el funcionario del Sebin simplemente dijo que sólo cumplía con su trabajo”, añade.
Ortega temía que sus hijos podían ser secuestrados o atacados. La Fiscalía de Colombia no tomó en consideración su denuncia de persecución al considerar que no se había cometido ningún delito. Tampoco le fue concedida la solicitud de vigilancia y protección que el gobierno colombiano -explica- concedió a otros perseguidos como el fiscal Zair Mundaray, aliado de la fiscal general, tras un intento de secuestro. Entonces, planificó su viaje a España.
Ortega nunca ha hecho carrera política. Ha trabajado toda su vida como profesor de Derecho en distintas universidades de Venezuela, presentó credenciales y fue juramentado en el acto de proclamación público en la plaza Alfredo Sadel de Caracas. Al postularse como magistrado, era consciente de los riesgos que asumía. Lo que nunca imaginó es que tendría que huir pocas horas después de su designación.
Antes de ser juramentado, ya comenzó a recibir llamadas anónimas. Un hombre le informaba sobre los movimientos de sus hijos. Y le advertía de las consecuencias de la juramentación. “Yo no le contesté ni una sola palabra. A través de contactos con la policía, pude saber que la llamada fue realizada desde la cárcel de Uribana”, explica el magistrado.
Tras la juramentación, el magistrado Ángel Zerpa fue detenido y el resto de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, designados legítimamente por el Parlamento, fueron abandonando Venezuela, la mayoría de ellos por la frontera con Colombia. Ortega no ha sido el único en abandonar Colombia. Algunos de sus excompañeros se mudaron a Miami, pero hay otros seis magistrados que permanecen en territorio colombiano.
Para salir de Colombia, aprovechó la invitación de una universidad en Roma. Acudió a dar sus conferencias y se trasladó a España para pedir refugio. Pasó los primeros días en el conocido hotel Welcome, donde son agrupados todos los solicitantes de asilo en Madrid en su primera fase y donde tuvieron que compartir baño con decenas de refugiados.
Ahora, bajo la supervisión de la Cruz Roja, Ortega y su familia han pasado a una segunda fase y en breve podrán buscar un apartamento cuyo alquiler será asumido por la ONG. Será la fase de integración definitiva. Con cuatro meses en España, se ha sentido muy bien tratado por los funcionarios del gobierno y por las ONG.
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En Venezuela, alquiló un autobús, viajó con mascarilla, fingió estar enfermo para pasar los controles y alcabalas y lloró al pasar por el Estadio Universitario del equipo de beisbol Leones del Caracas. No sabía cuándo volvería a verlo. En Colombia, se hospedó en hoteles y apartamentos en Cúcuta y Bogotá, siempre ayudado por fundaciones y con muchas limitaciones económicas. Ahora, con techo y comida garantizados durante sus primeros meses en España, sólo piensa en buscar trabajo como cualquier otro inmigrante e inscribir a su hijo mayor en la universidad.
En Venezuela lo dejó todo. Sólo cruzó la frontera con un bolso de mano, algo de ropa y sus credenciales. Cuando fue juramentado en la plaza Alfredo Sadel era consciente de las consecuencias de aquel acto. Pero, a pesar de las calamidades sufridas, Ortega lo volvería a hacer. “Todo lo que hice, lo hice de acuerdo con la ley y con mis principios. No me arrepiento de nada”.
