Juan Francisco Alonso (ALN).- El abogado Blas Imbroda, presidente de la International Criminal Bar, se sumó a la iniciativa de la removida Fiscal General de Venezuela para conseguir que la Corte Penal de La Haya juzgue al mandatario y a varios militares chavistas por delitos de lesa humanidad. El jurista, quien preside una de las organizaciones de abogados más importantes del mundo, es experto en Derecho Penal y Penal Internacional y profesor de las universidades de Melilla e Isabel I.
Luisa Ortega Díaz no quiere que la demanda por delitos de lesa humanidad contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y cuatro generales chavistas termine en una papelera de la Corte Penal Internacional como otras acciones que han llegado en los últimos años; y por ello la Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente no sólo se tomó cuatro meses en prepararla sino que se asesoró con expertos.
Uno de ellos la acompañó este lunes a La Haya (Holanda). Se trata del abogado español Blas Jesús Imbroda, quien es experto en Derecho Penal y Penal Internacional, profesor de las universidades de Melilla e Isabel I de España y desde febrero de este año preside la International Criminal Bar (Colegio de Abogados Penales Internacionales, en español), una organización creada en 2002 con el propósito de impulsar la justicia penal internacional y así evitar que crímenes graves queden impunes en el mundo.
Antes de ser designado para dirigir la agrupación, ya había sido elegido presidente de la Comisión de Extranjería y Protección al Inmigrante del Consejo General de la Abogacía de España y presidente del Colegio de Abogados de Melilla.
Asimismo se le vincula al gobernante Partido Popular, pues su hermano Juan José Imbroda es presidente de la ciudad autónoma de Melilla y del partido regional.
La International Criminal Bar se creó en 2002 para evitar que crímenes graves queden impunes en el mundo
Imbroda es de la tesis de que Maduro debe ser juzgado por la Corte y así lo dejó en claro en un artículo publicado en agosto por el diario madrileño ABC, donde afirmó: “La sucesión de hechos (en Venezuela) es terrible: Un número interminable de muertes llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en la brutal represión que se hace contra las manifestaciones y movilizaciones contra el régimen dictatorial. Numerosas y continuas detenciones arbitrarias. Encarcelamientos y privaciones graves de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Torturas. Persecuciones por motivos políticos. Desapariciones forzadas de personas. Esos actos y esa terrible forma de actuar vienen expresamente tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), como Crímenes de Lesa Humanidad”.
Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas durante la represión a la ola de protestas de este año forma parte de la querella, pero no son el centro, pues ella abarca además los crímenes ocurridos en el marco de los últimos planes de seguridad, entre ellos la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la militarización de la seguridad ciudadana y los excesos cometidos por el temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
500 páginas y miles de pruebas
Uno de los requisitos para que prospere la acción que Ortega Díaz intentó contra Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol Torres, así como contra el jefe del Sebin (policía política), Gustavo González López, y el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, respectivamente, es que esté sustentada y la funcionaria aseguró que lo está.
“Presentamos un documento de más de 500 páginas escrito en español, pero además entregamos miles de pruebas. Experticias médico-legales, psicológicas y actas de entrevistas con víctimas de ejecuciones, torturas, detenciones ilegales y demás crímenes que el Gobierno ha venido cometiendo sistemáticamente desde enero de 2015”, reveló la jurista en conversación telefónica.
En total Ortega Díaz presentó a la Corte, junto a su querella, 39 carpetas y 12 CD llenos de información para sustentar su demanda.
Asimismo no descartó incluir a más funcionarios a futuro. “Dejamos la puerta abierta para que se amplíe la demanda. Es posible que más funcionarios que han acatado las órdenes de estos que ya denunciamos y que han cometido crímenes de lesa humanidad sean señalados más adelante”, alertó, sin precisar si tiene en la mira sólo a militares o también a civiles.
Los siguientes pasos
Como el Estatuto de Roma de 1998 no permite a los ciudadanos presentar directamente un caso, la acción de la Fiscal en el exilio será revisada por la Fiscal ante la Corte, la gambiana Fatou Bom Besouda, quien de acuerdo al artículo 13 del tratado es la que puede interponer una denuncia de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o crímenes de agresión, junto a los Estados firmantes del texto o el Consejo de Seguridad.
Recibida la denuncia la Fiscal puede, según el numeral 2 del artículo 15 del Estatuto, “recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte”.
Posteriormente si Besouda considera que hay elementos presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares (del tribunal) una petición de autorización para ello, “junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba”, reza el numeral 3 del mismo artículo 15 del tratado.
Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas forman parte de la querella, pero no son el centro
De llegarse a este paso, una de las vías a las que podrían recurrir las autoridades venezolanas para paralizar el eventual proceso sería iniciar una investigación dentro del país. Sin embargo, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que en julio pasado impidió a Ortega Díaz imputar a Benavides permitiría demostrar que cualquier nueva averiguación lo que busca es evitar la actuación de la Corte, por lo cual el caso podría continuar.
El Estatuto de Roma no fija un lapso para que la Fiscalía responda a peticiones como la presentada por Ortega Díaz. Sin embargo, el catedrático José Antonio Guevara, en su estudio “La Corte Penal y América Latina y el Caribe”, deja en claro que la respuesta puede demorar.
“Durante 2013, la CPI recibió 597 comunicaciones, de las cuales 503 fueron manifiestamente ajenas a su competencia, 21 requirieron análisis adicional, 41 de ellas se refirieron a situaciones que actualmente están bajo análisis de la CPI y 32 estaban ligadas a una investigación o procesamiento. Desde julio de 2002, en total, la Corte Penal ha recibido 10.352 comunicaciones”, reveló y advirtió que la Fiscalía de la Corte tiene el criterio de que el juzgado internacional no tiene la obligación de “iniciar investigaciones en todas las regiones”, lo cual explica por qué ni siquiera los casos de Colombia (por el conflicto armado) y Honduras han prosperado.
El tiempo dirá si Ortega Díaz consigue cambiar esto.
