(EFE).- Un juez del Tribunal Supremo de España comunicó este martes a la Policía que la orden nacional de detención contra el expresidente el Gobierno catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia, sigue activa pese a la entrada en vigor de la ley de amnistía a independentistas.
El juez del Supremo Pablo Llarena, en una providencia, pidió además opinión a la Fiscalía sobre si le afecta la norma o si la malversación que se le imputa queda fuera del perdón.
Con la entrada en vigor este martes de la amnistía, el tribunal ha solicitado a acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la ley a los respectivos procedimientos, tanto el relativo al proceso independentista catalán por el que algunos líderes fueron condenados y otros huyeron como un caso por posible terrorismo que también implica a Puigdemont.
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Llarena, instructor de la causa que afecta a Puigdemont y otros líderes independentistas que nunca llegaron a ser juzgados al huir de España, pide a las partes que informen sobre «la aplicabilidad o inaplicabilidad» de la amnistía.
El juez quiere saber si delitos como la malversación de fondos públicos entrarían en la amnistía o «pueden considerarse excluidos» si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que la ley deja fuera del perdón.
Entre tanto, ordena comunicar a las fuerzas de seguridad españolas que las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y otros tres procesados «continúan vigentes y activas» y que «deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas», lo que complica un eventual regreso del expresidente regional a España.
La ley establece que el juez debe dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, pero Llarena considera contradictorio un artículo, en relación a los informes que se deben pedir a las partes, de modo que da cinco días para que expresen su criterio.
Puigdemont presidía el Gobierno catalán cuando en 2017 se produjo la declaración unilateral de independencia, tras lo que huyó de la Justicia española para residir en Bélgica, pues en 2019 fue elegido eurodiputado, y luego en Francia, desde donde dirigió la campaña de su partido, Junts, a las elecciones catalanas de mayo pasado.
Su abogado, Gonzalo Boye, reiteró este martes que su defendido «nunca ha tenido miedo al riesgo» de ser detenido y mantiene su intención de acudir al Parlamento catalán si a finales de este mes opta a ser investido de nuevo presidente regional, pues su partido fue el segundo más votado en los comicios regionales.
Una jueza del Supremo español le ha citado a declarar de forma telemática entre los próximos 17 y 21 en un caso de supuesto terrorismo por disturbios en 2019 en Cataluña en movilizaciones de movimientos independentistas, como los bloqueos del aeropuerto de Barcelona y de la frontera con Francia.
Esta magistrada, Susana Polo, ha concedido diez días a las partes para que se pronuncien sobre si los hechos que se les imputan entrarían en el perdón fijado en la ley.
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