Ernesto J. Tovar (ALN).- La filtración de conversaciones telefónicas entre un grupo de jueces y autoridades judiciales peruanas revela una madeja de corrupción y tráfico de influencias cuyo alcance aún se desconoce, pero que ha sacudido el ambiente político en medio de reclamos y protestas ciudadanas por la descomposición del sistema de justicia y la pérdida de institucionalidad.
El escenario político peruano de nuevo está marcado por la filtración de audios y grabaciones (como los recordados Vladivideos del fujimorismo), que parecen revelar cómo altos cargos políticos maniobran para mantenerse en el juego del poder y obtener beneficios personales de sus posiciones, poniendo en duda la transparencia del Consejo Nacional de la Magistratura, ente encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en Perú, además de nombrar al ente que organiza las elecciones.
Aún está por verse hasta dónde llegará la actual crisis del sistema de justicia y el escándalo de presunta corrupción en el seno del Poder Judicial peruano, que también salpica al Congreso.
Aún está por verse hasta dónde llegará la actual crisis del sistema de justicia y el escándalo de presunta corrupción en el seno del Poder Judicial peruano
La bomba política estalló hace un par de semanas tras publicar IDL-Reporteros varias grabaciones telefónicas entre el detenido expresidente de la Corte Constitucional del Callao (provincia al norte de Lima), Walter Ríos, y el juez de la Corte Superior de Justicia, César Hinostroza. Esto trajo un ramillete de dimisiones, destituciones y denuncias: la renuncia del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi; la remoción por parte del Congreso de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a pedido del presidente peruano, Martín Vizcarra; la asunción de un nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en medio de cuestionamientos sobre su posible relación con la red de corrupción; la posible declaratoria de emergencia de la Magistratura, y la conformación de una Comisión Presidencial de Reforma del Poder Judicial. Todo esto en apenas dos semanas.
Y a ello debe sumarse la denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el diputado fujimorista Héctor Becerril, por presunto tráfico de influencias, al ser mencionado en una de las grabaciones como parte de los acuerdos para favorecer nombramientos en el Poder Judicial; y la misteriosa referencia a una “señora K”, cuya identidad se desconoce pero se sospecha que es la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que también aspiraba a reunirse con el cuestionado Hinostroza.
La punta del iceberg
Lo que se inició como una investigación policial a una banda de extorsionadores y sicarios de la región del Puerto del Callao, por la cual una jueza autorizó escuchas telefónicas desde mayo de 2017, reveló que los delincuentes, a través de sus abogados, negociaban con jueces y miembros de la Corte del Callao para librarse de los expedientes penales en su contra.
Hinostroza, quien alcanzó la presidencia de una sala de la Corte Suprema de Perú, también fue presidente de la Corte del Callao. Y pese a que fue reemplazado por el encarcelado Walter Ríos, mantuvo interés en diversos casos que se ventilaban en esa jurisdicción aún cuando ya formaba parte como vocal supremo del máximo tribunal peruano. Este expediente ha sido denominado por la Fiscalía peruana como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, destacando además la cercanía y cordialidad entre todos los investigados, quienes se llamaban entre ellos “hermano” o “hermanito”.
En fuentes judiciales se habla de que tan sólo se ha revelado un tercio de las grabaciones hechas por la Fiscalía, y que podrían llegar a 26 las personas acusadas
En fuentes judiciales se habla de que tan sólo se ha revelado un tercio de las grabaciones hechas por la Fiscalía, y que podrían llegar a 26 las personas que serán acusadas por el caso, según datos divulgados por el diario La República.
La reacción del mundo político y la ciudadanía ante este enésimo escándalo de corrupción ha sido de indignación. La semana pasada se produjeron protestas y marchas en el centro de Lima, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, y en el interior del país, en las provincias de Tacna, Ayacucho y Chiclayo, todas en rechazo a la vasta corrupción y deterioro del sistema judicial peruano.
La percepción de la opinión pública, que ya consideraba la corrupción como uno de los principales problemas del país, es que no hay avances en ese sentido, pese a que incluso la Cumbre de las Américas de abril pasado tuvo como tema central la lucha anticorrupción.
Incluso al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien asumió el cargo la semana pasada, ya el ministro de Justicia Vicente Zevallos le pidió la renuncia. Chávarry juró su cargo horas después de difundirse algunas grabaciones donde conversaba con el juez César Hinostroza. Aunque estas no han revelado delitos hasta el momento, sí sugieren que hay un importante grado de amistad entre ambos funcionarios.
Rasgos sistémicos
El abogado y profesor universitario José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y antiguo procurador especial, explica a ALnavío que lo sucedido con los audios divulgados no se reduce sólo a una crisis del sistema judicial, sino que se entiende como “expresión de un sistema operativo de corrupción en el que se entrelazan redes con altos funcionarios, abogados, élites empresariales, y lo más grave, crimen organizado con jueces y fiscales. Esto trasciende lo propiamente judicial y alcanza las características de la corrupción sistémica del Perú” (Ver más: Perú lleva una década “estancado” en la lucha contra la corrupción).
El país suramericano ya ha vivido sacudones políticos de gran calado, a causa de la corrupción. Apenas hace cuatro meses hubo una inédita sucesión presidencial también a causa de acusaciones de corrupción, en esa ocasión contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, señalado de estar envuelto en la trama de Lava Jato y de negociar favores presidenciales a cambio de votos en el Congreso que lo mantuvieran en el poder. PPK, quien decidió renunciar ante su inminente destitución por el Congreso, dejó el poder a su vicepresidente, Martín Vizcarra.
“Sería un error pensar que son sólo unos cuantos jueces corruptos, y es sintomático que se haya descubierto esto por seguir al crimen organizado”, dice José Ugaz
También notables fueron los llamados Vladivideos, las grabaciones divulgadas por la prensa peruana que revelaban la corrupción abierta de Vladimiro Montesinos, hombre fuerte de Alberto Fujimori, quien sobornaba a dirigentes políticos, empresarios, gerentes de medios de comunicación y gobernadores.
Ahora, el asombro por la extensa red de corrupción le pasa factura al ya desgastado liderazgo de Keiko Fujimori y su tolda política. Según una encuesta de la firma GFK, 71% de los peruanos ha escuchado los audios de las grabaciones telefónicas a los jueces, con una valoración del Poder Judicial de apenas 8% a favor y un demoledor 88% de rechazo.
Y ante la sacudida por la corrupción, el proceder de algunas autoridades y políticos ha sido cuestionado, como el de la fiscal Norah Córdova, quien actuó contra IDL-Reporteros intentando allanar la sede del medio digital e incautar el material periodístico, por lo cual fue apartada del caso por el exfiscal Pablo Sánchez. Tras esa criticada actuación, percibida como un intento por amedrentar al periodismo independiente, se conoció que Córdova es la esposa de un juez involucrado en una de las grabaciones.
De igual forma sorprendió la mención del diputado fujimorista Héctor Becerril en un audio sobre una reunión donde se hizo lobby para algunos nombramientos judiciales, lo cual negó el legislador.
No obstante, 76% de la opinión pública desconfía del Congreso, de mayoría fujimorista, para que investigue la red de corrupción judicial, y un tercio de los encuestados considera que el principal beneficiario de los arreglos políticos en los audios filtrados es el fujimorista Fuerza Popular.
En este sentido, nueve de cada 10 encuestados asegura que la enigmática “Señora K” mencionada por los jueces investigados es Keiko Fujimori, pese a que esta negara tales contactos afirmando que no tiene influencia en el Poder Judicial.
De igual forma, un 26% considera que de las maniobras judiciales todos los partidos políticos se benefician, en un Congreso cuya aprobación llega apenas a 8%. Un reflejo de que la frase populista “que se vayan todos” no pierde vigencia por el hastío ante la clase política.
Respuesta ejecutiva
La respuesta de Vizcarra, considera Ugaz, debe valorarse sobre todo considerando que se le había criticado por actuar de forma blanda ante el fujimorismo opositor en el Congreso.
El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que “la remoción de los miembros del #CNM es un paso fundamental para reformar el sistema de justicia de nuestro país. Saludo la decisión del @congresoperu”, mensaje respaldado por el premier César Villanueva.
La remoción de los miembros del #CNM es un paso fundamental para reformar el sistema de justicia de nuestro país. Saludo la decisión del @congresoperu. Ahora nos toca seguir trabajando para devolverle a todos los peruanos la confianza en sus instituciones. #ElPerúPrimero
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 21 de julio de 2018
“Puede haber algunas decisiones políticas y el presidente ha reaccionado positivamente”, indica Villanueva, como la mencionada remoción del Consejo de la Magistratura desde el Legislativo. “El fujimorismo no lo deseaba, pero hubo mucha presión”, sobre todo por la reacción ciudadana, con una protesta que ha impactado en la opinión pública, y que para Ugaz “ha sido una novedad”.
También se conformó una comisión de reforma del sistema judicial con siete miembros, encabezada por Allan Wagner, excanciller y exembajador ante los Países Bajos, quien compartirá trabajo con varios especialistas en derecho constitucional y ética. Este grupo debe presentar al presidente Vizcarra una serie de recomendaciones antes del próximo 28 de julio, cuando el jefe de Estado rendirá su discurso a la Nación con ocasión del aniversario de la Independencia peruana.
Sin embargo, la tarea no es sencilla. José Ugaz advierte que la corrupción no se resolverá encarcelando a un puñado de jueces o funcionarios, sino que “tiene que ver con las estructuras, el financiamiento de los partidos políticos, la supervisión de la inversión pública y las compras del Estado, y también con el acceso a la información y al sistema de justicia”.
A su juicio “sería un error pensar que son sólo unos cuantos jueces corruptos y es sintomático que se haya descubierto esto por seguir al crimen organizado. Esto tiene que ver con la clase política, y se requiere una reforma intensa en materia de partidos políticos”, concluye el especialista anticorrupción.
Al parecer, en Perú todo se decide por grabaciones. El pasado marzo, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, difundió unos vídeos de su hermano Kenji Fujimori y otros miembros de su bloque parlamentario ofreciendo dinero y la gestión de obras públicas a varios diputados a cambio de votar en contra de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, PPK renunció a la Presidencia antes de que el Congreso votara la vacancia por vínculos con el escándalo Odebrecht. En junio, el Congreso desaforó a Kenji Fujimori, que está a la espera de la fecha del juicio por presunto tráfico de influencias.
Y en el año 2000, la política peruana se vio sacudida por los mencionados Vladivideos, en alusión a Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori. Fue una colección de vídeos en formato casero en los que se veía a Montesinos en las instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú sobornando a dirigentes políticos y empresarios para que se pusieran a disposición del gobierno.
