Ernesto J. Tovar (ALN).- El fiscal general peruano, Pedro Chávarry, anunció la renuncia en medio de presiones de casi todos los factores políticos y sociales del país, tras destituir a dos de los fiscales clave en la investigación Lava Jato por corrupción de Odebrecht en Perú, que amenaza al grueso de la dirigencia política con más poder en el país andino, como a la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, y al expresidente Alan García.
Siete días de duras críticas, marchas de miles de personas en las calles de Lima y cuestionamientos soportó el recién dimitido fiscal general peruano, Pedro Chávarry, tras cometer el que se ha convertido en su error más caro y que le está costando un cargo que apenas asumió en julio de 2018: haber destituido a dos de los fiscales estrella en la lucha
anticorrupción que incluye casos como el Lava Jato de Odebrecht, y que afectan directamente a la detenida lideresa del fujimorismo y Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al expresidente Alan García.
“En aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes también autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente; como demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia; y si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento como Fiscal de la Nación (…) este 8 de enero por respeto a mi institución, por Dios y mi familia, presentaré mi carta de renuncia como Fiscal de la Nación” manifestó Chávarry en una breve misiva publicada en su cuenta en Twitter.
Comunicado para la opinión pública: pic.twitter.com/s37i9ZQJdQ
— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 8 de enero de 2019
La caída de Chávarry se produjo por la mano del fujimorismo que lo protegió en los casi seis meses de su gestión, una vez que Fuerza Popular decidió que apoyaría la investigación en el Congreso de las varias denuncias recibidas contra el fiscal. Desde el mismo día de su juramentación Chávarry fue criticado por aparecer con su propia voz o mencionado en varios audios de llamadas entre jueces y operadores judiciales de la llamada banda “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Una mano lava la otra
Chávarry tuvo problemas desde su primer día como fiscal general. En la víspera de su juramentación el portal IDL-Reporteros reveló que el fiscal general estaba envuelto en parte de la trama de corrupción y tráfico de sentencias del magistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, y que, según la Fiscalía de El Callao, la conforman 11 funcionarios del Poder Judicial junto con Chávarry. En tal contexto se le hicieron pedidos de renuncia y fuertes críticas vertidas por el presidente Martín Vizcarra o sus colegas fiscales.
Desde el mismo día de la juramentación Chávarry fue criticado por aparecer con su propia voz o mencionado en varios audios de llamadas entre jueces y operadores judiciales de la llamada banda “Los Cuellos Blancos del Puerto”
Aún así Chávarry se mantuvo en el cargo, sobre todo con el respaldo público de los voceros y diputados fujimoristas, como por ejemplo la entonces vocera de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien señaló en agosto que no se sumaría al coro de voces que pedían la renuncia del fiscal. El APRA, agrupación política del expresidente Alan García, también expresó su negativa a que el fiscal renunciara.
El compromiso de ambos partidos políticos fue tal que en octubre rechazaron un informe legislativo que recomendaba la destitución de Chávarry, mientras que varias de las denuncias por su actuación eran archivadas por los legisladores fujimoristas.
Pero mientras Chávarry se desgastaba al frente del Ministerio Público, los fiscales de Lava Jato en Perú, encabezados por Rafael Vela y José Domingo Pérez, llevaron adelante las investigaciones que han resultado hasta el momento en la prisión preventiva de Keiko Fujimori por haber sido presuntamente financiada de manera ilegal por Odebrecht.
El fujimorismo toca fondo con la prisión de Keiko por presunto lavado de activos
Entre gallos y medianoche
El pasado 31 de diciembre a las 8 de la noche, cuando los peruanos se preparaban para celebrar el Año Nuevo, Pedro Chávarry decidió separar a los fiscales Vela y Pérez del caso Odebrecht, desatando una tormenta de críticas y la decisión del presidente Vizcarra de llevar ante el Congreso una ley para declarar la Emergencia en el Ministerio Público, que destituiría a sus autoridades, incluyendo a Chávarry. Este proyecto, sin mencionarlo directamente, fue aludido por el fiscal en su misiva de renuncia al hablar de “vulneración inconstitucional” del ente.
Sin embargo el fiscal general, de forma muy cuestionada y cuando menos sospechosa, había amenazado con intervenir de distintas formas la investigación de Lava Jato, la más importante de corrupción en Perú y que parece afectar a todo el espectro político del país.
Para separar a Vela y Pérez de Lava Jato, Chávarry alegó que los fiscales no eran “idóneos” para el cargo, puesto que habían irrespetado su jerarquía como fiscal general. Un par de días después Chávarry anunció que dejaba sin efecto el alejamiento de los fiscales, pero la suerte ya estaba echada.
Este mismo lunes los fiscales Vela y Pérez anunciaron que las oficinas con el material y las evidencias de la investigación de Lava Jato habían sido allanadas e invadidas por personal de seguridad de Chávarry, asegurando que ello constituía un delito por obstrucción de la justicia.
El Ministerio Público muy probablemente también resultará reestructurado, tal y como está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia, cuya creación fue recientemente aprobada en referendo popular a instancias del presidente Vizcarra.
La primera discusión de la ley se produjo este mismo lunes en el Congreso peruano, y se convirtió en un cruce de fuertes acusaciones entre el fujimorismo, el presidente del Congreso (también miembro de Fuerza Popular), Daniel Salaverry, y la Bancada Liberal en voz del congresista Alberto Belaunde, quien dijo que el fujimorismo y el fiscal Chávarry tienen un “pacto de impunidad”.
Ante tales expresiones se evidenciaron las tensiones en la agrupación fujimorista, cuando las críticas de varios parlamentarios de Fuerza Popular fueron contra su compañero presidente del Congreso, a quien acusaron de no hacer respetar el reglamento legislativo mientras los califican de cómplices de Chávarry.
El cargo de fiscal general interino podría recaer en la fiscal suprema Zoraida Ávalos, toda vez que el fiscal supremo Pablo Sánchez, el de mayor antigüedad y a quien correspondería el cargo temporalmente, anunció que declinaría el puesto
El proyecto de Ley de Emergencia del Ministerio Público, anunciado por Vizcarra la semana pasada al volver de urgencia desde la toma de posesión de Jair Bolsonaro en Brasil, pretende “suspender el ejercicio de las funciones del Fiscal de la Nación, de los Fiscales Supremos Titulares actuales y conformar una Junta Transitoria de Fiscales Supremos a fin de garantizar la autonomía del referido organismo”, en una reestructuración que duraría nueve meses.
Chávarry, aun renunciando como fiscal general, mantendría su puesto como fiscal supremo. Al respecto Belaunde manifestó que también debe renunciar a tal cargo.
El Ejecutivo argumenta que existe “una presunta red de corrupción al interior del Ministerio Público”, que operaría “con altos funcionarios en la organización criminal Los cuellos blancos”, entre los que figura el actual fiscal de la Nación, de acuerdo con el diario Perú21.
El cargo de fiscal general interino podría recaer en la fiscal suprema Zoraida Ávalos, toda vez que el fiscal supremo Pablo Sánchez, el de mayor antigüedad y a quien correspondería el cargo temporalmente, anunció que declinaría el puesto debido a que ya fue fiscal de la Nación entre 2015 y 2018.
