(EFE).- El magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela entre 2005 y 2015 Francisco Carrasquero negó este miércoles ante un tribunal londinense que ese órgano esté a las órdenes del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Carrasquero testificó por videoconferencia en un juicio en el Tribunal Superior de Londres que determinará si es la Junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la paralela del opositor Juan Guaidó la que tiene autoridad para gestionar las reservas venezolanas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.
El antiguo juez ofreció un testimonio escrito, que no fue hecho público, por parte de la junta del BCV de Maduro, y luego fue interrogado por el abogado del bando de Guaidó, Andrew Fulton, y puntualmente por la jueza, Sara Cockerill.
Inicia el juicio por el control del oro venezolano depositado en Inglaterra
Carrasquero dijo que «no le consta» que el Ejecutivo de Caracas interfiera en la labor del Supremo venezolano y aseguró que él mismo «jamás» ha sido presionado «ni por políticos ni por el Gobierno».
No descartó, sin embargo, que quizás algunos jueces reciban presiones, «como ocurre en los sistemas judiciales de todas partes».
Tampoco le «consta», dijo, que haya magistrados en el TSJ con afiliación política, ya que eso «está prohibido por la Constitución de Venezuela».
«No tiene constancia» de «torturas» a detenidos
Preguntado por Fulton, Carrasquero negó que él mismo llegara al cargo en el Supremo gracias a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela entre 1999 y 2013.
Fulton sugirió que Chávez le había dado el puesto como «agradecimiento» por su victoria en el referéndum revocatorio de 2004, cuando Carrasquero era presidente del Consejo Electoral Nacional (CEN).
El exjuex mantuvo que consiguió ambos cargos «por concurso» y defendió su «dignidad», más importante incluso «que la vida».
El antiguo magistrado también dijo que «no tiene constancia» de que algunos críticos con el Gobierno de Maduro sean «torturados y detenidos».
«Nos estamos saliendo del contenido de la testimonial para el que fui llamado», se quejó.
Los abogados de la junta del BCV nombrada por Guaidó tratan de demostrar que el Tribunal Supremo de Venezuela no es independiente sino que está sometido a los dictados de Maduro.
De esta manera, quieren que la Justicia inglesa desestime sus fallos en los que declaró nulos los nombramientos del líder opositor a su junta «ad hoc» del BCV.
Si los nombramientos de Guaidó -cuya presidencia interina de Venezuela reconoce el Reino Unido- se consideran lícitos, su junta podría acceder a los activos venezolanos custodiados por el banco de Inglaterra.
