(EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este sábado la constitucionalidad del decreto de estado de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro -que juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección- en respuesta a la guerra comercial desatada por la política arancelaria de Estados Unidos, que impuso una tasa del 15 % al país caribeño.
A través de Instagram, el máximo tribunal informó de la decisión dictada por su Sala Constitucional sobre el decreto que declara el «estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días».
Asimismo, ordena la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial y Judicial, así como en la página web del Supremo.
El decreto fue aprobado el jueves por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo-, que autoriza a Maduro a «dictar regulaciones excepcionales y transitorias para estabilizar la economía, suspender la aplicación y cobro de tributos» y «establecer mecanismos para combatir la evasión fiscal y favorecer la producción nacional».
También, le permite tomar medidas para «promover la inversión nacional y extranjera, y autorizar las contrataciones necesarias para restablecer derechos fundamentales y accesos a servicios esenciales», todo con el fin de «proteger y preservar el equilibrio económico de la nación».
El decreto fue presentado previamente por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien explicó que se trata de una «acción de prevención para garantizar, defender y acompañar la producción» venezolana, ante una incertidumbre que, señaló, «todavía no permite vislumbrar» lo que, sin embargo, prevé sea una «situación muy compleja».
La funcionaria advirtió que EE.UU. pretende ser el «dueño absoluto del mundo» con la «guerra comercial global sin precedentes» que declaró el pasado 2 de abril, pero esa política, agregó, está «destinada al fracaso».
El decreto, prorrogable por 60 días, es rechazado por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que denuncia que Maduro busca concentrar «aún más poder» con una decisión que, a juicio de la alianza, abre la puerta a «abusos y discrecionalidad».
