Leopoldo Martínez Nucete (ALN).- Donald Trump incluyó en el discurso del Estado de la Unión una concreta referencia a la crisis de Venezuela, con un alentador y decidido apoyo a la Presidencia interina de Juan Guaidó. La historia del conflicto que vive Venezuela, y el endurecimiento bien documentado del Gobierno de los EEUU frente a los excesos de Nicolás Maduro y su régimen, comenzaron con la Ley Menéndez-Rubio, una iniciativa bipartidista. El presidente Barack Obama dictó el primer pliego de sanciones a funcionarios del régimen chavista y, con base en esa ley, renovó la autoridad del Ejecutivo para seguir emitiendo sanciones antes de entregar el mando a Trump.
El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump este martes osciló entre la hipérbole y la manipulación. Dijo, para empezar, que EEUU está más fuerte que nunca porque atraviesa un “milagro económico”. Y llegó a decir que la economía experimenta una expansión sin precedentes cuyos beneficios comienzan a favorecer a la clase trabajadora y a sectores industriales tradicionales estadounidenses… Afirmación exagerada y sin basamento.
Las cosas han cambiado desde entonces. En la Administración Obama no ocurrió una crisis como la que vive Venezuela ahora, en la que Maduro quedó sin legitimidad de origen frente a una Asamblea Nacional controlada por la oposición democráticamente electa. Tampoco había un panorama interamericano y mundial de rechazo y cuestionamiento al régimen de Maduro como existe en la actualidad
Este no es el periodo de expansión más importante en la historia de los EEUU. Ronald Reagan y Bill Clinton, para no ir tan lejos, gobernaron con épocas de crecimiento más robusto. Tampoco es cierto que EEUU ha entrado en un crecimiento bajo su administración, tras partir de alguna crisis. La verdad es que la economía de los EEUU viene experimentando un crecimiento sostenido de ocho años, luego de que Barack Obama timoneara la nave para superar la inmensa crisis de 2008. Es cierto que se aceleraron el crecimiento y el consumo a partir del recorte de impuestos aprobado por el gobierno de Trump con la mayoría republicana hace casi dos años. Pero ese estímulo comienza a agotarse arrojando un incremento significativo del déficit fiscal, que ha llevado del 2,8% del PIB (donde lo dejó Obama) al 4,4%. Con ese déficit fiscal, y sin un plan presupuestario con diferente orientación, será muy difícil abordar, por ejemplo, un plan de inversión en infraestructura y otras políticas, que delineó el propio Trump en el intento de plantear al Congreso ideas susceptibles de encontrar apoyo bipartidista.
Pero asumiendo que hay un período ya sostenido de crecimiento con importantes incrementos de productividad y competitividad en los sectores empresariales, ¿qué propone Trump para asegurar que los beneficios de esa expansión económica alcancen a los sectores medios y la clase trabajadora?
La Administración Trump y los republicanos persisten en la negativa a incrementar el salario mínimo federal. Siguen sin proponer alternativas o mejoras a la reforma sanitaria que aprobó Obama ampliando la cobertura a millones de ciudadanos. Y, más aún, siguen sin dar el paso de apoyar una reforma migratoria con camino a la ciudadanía, que aceleraría el crecimiento económico, según lo demuestran todos los estudios serios, al tiempo que ofrecería una solución humanitaria a cerca de 12 millones de inmigrantes indocumentados que ya son parte del tejido social de los EEUU, y que constituyen un aporte positivo a la sociedad por su trabajo y compromiso con los valores de la sociedad americana.
Por el contrario, en el discurso de este martes, Trump volvió a demonizar la inmigración para apoyar el falso supuesto de que existe una emergencia nacional que exige la construcción del muro. El trato dispensado por Trump a este asunto, en el discurso ante el Congreso, se cimentó en una inaceptable manipulación. La maniobra consistió en elevar la visibilidad de dos casos lamentables e indefendibles de asesinatos, perpetrados por inmigrantes indocumentados, con el evidente objetivo de relacionar inmigración latina con criminalidad, argumento que no encuentra asidero en ninguna estadística del propio Departamento de Justicia. Es una retórica de franca resonancia xenofóbica y racista, al tiempo que le resta importancia a otras terribles tendencias de la criminalidad contra las personas en EEUU, como las masacres perpetradas por fanáticos con armas de repetición o asalto, que ya constituyen un problema endémico en la sociedad.
Venezuela
Una cuestión que no podemos soslayar fue que Trump incluyó en el Estado de la Unión una concreta referencia a la crisis de Venezuela, con un alentador y decidido apoyo a la Presidencia interina de Juan Guaidó.
El apoyo del Partido Demócrata a la recuperación de la democracia en Venezuela ha sido constante, firme y tenaz. Hoy lo expresan, en el seno del Congreso, las voces de los senadores Richard Durbin y Bob Menéndez, así como en la Cámara la propia vocera, Nancy Pelosi, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eliot Engel
La historia del conflicto que vive Venezuela, y el endurecimiento bien documentado del Gobierno de los EEUU frente a los excesos de Nicolás Maduro y su régimen, comenzaron con la Ley Menéndez-Rubio, una iniciativa bipartidista. El presidente Obama dictó el primer pliego de sanciones a funcionarios del régimen chavista y, con base en esa ley, renovó la autoridad del Ejecutivo para seguir emitiendo sanciones antes de entregar el mando a Trump. Y también es bueno recordar que las investigaciones del Departamento de Justicia por corrupción comenzaron bajo la Administración Obama, y es ahora cuando han cristalizado en las actuaciones formuladas por las fiscalías de Houston y Miami.
Las cosas han cambiado desde entonces. En la Administración Obama no ocurrió un evento como el que vive Venezuela ahora, en el que Maduro quedó sin legitimidad de origen frente a una Asamblea Nacional controlada por la oposición democráticamente electa. Tampoco había un panorama interamericano y mundial de rechazo y cuestionamiento al régimen de Maduro como existe en la actualidad.
En suma, el apoyo del Partido Demócrata a la recuperación de la democracia en Venezuela ha sido constante, firme y tenaz. Hoy lo expresan, en el seno del Congreso, las voces de los senadores Richard Durbin y Bob Menéndez, así como en la Cámara la propia vocera, Nancy Pelosi, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eliot Engel. Es un esfuerzo totalmente bipartidista. La posición del Partido Demócrata es clara: Venezuela debe regresar a la democracia a través de elecciones presidenciales creíbles lo más pronto posible.
El apoyo de Trump a la causa de Guaidó une a demócratas y republicanos
Sin embargo, en el discurso Trump manipula, con el ojo puesto en el sureste de la Florida (Miami), cuando afirma que se trata de una lucha contra el socialismo que fracasó en Venezuela y que algunos pregonan para los EEUU… El régimen de Nicolás Maduro encarna un militarismo cleptocrático y opresivo en materia de derechos humanos. Las políticas sociales del chavismo quedaron reducidas hace mucho tiempo a un burdo clientelismo, que condiciona todo tipo de auxilio gubernamental a la lealtad de los sectores más vulnerables. El intervencionismo y las expropiaciones, al calor de un proyecto de acumulación de poder político, destruyeron el sector privado y la corrupción llevó a un colapso de la industria petrolera estatal. Nadie en el espectro político de los EEUU propone seguir la ruta que llevó a Venezuela hasta la dolorosa postración en que se encuentra. En Venezuela se libra una lucha contra un régimen militar y opresivo sin relación con quienes promueven planteamientos socialdemócratas, cuyas referencias están muy lejos de Venezuela, Cuba o Nicaragua; y más bien se encuentran en los países del norte de Europa o en la economía social de mercado alemana.
La respuesta de Stacey Abrams
Respondió al discurso de Trump, por los demócratas, la dirigente Stacey Abrams, de Georgia, cuya victoria electoral fue arrebatada por su contendor, quien abusó de la doble condición de candidato y secretario de Estado, despacho en el que recae la administración del proceso electoral. En Georgia se suprimió, con subterfugios legales inconstitucionales, el derecho al voto de miles de ciudadanos pertenecientes a minorías (afroamericanos, latinos y sectores vulnerables) que, de haberse contado, habrían cambiado el resultado. Abrams delineó una agenda diferente y refrescante, con propuestas presupuestarias y legislativas, que convoca un consenso sobre asuntos prioritarios para lograr un crecimiento económico acompañado de justicia social. Y, muy especialmente, una agenda política incluyente de la diversidad del tejido social de los EEUU. Por su parte, en español correspondió responder por los demócratas al fiscal general de California, Xavier Becerra, quien suscribió los planteamientos de Stacey Abrams, con énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la salud, así como el respeto a la comunidad de inmigrantes.
Finalmente, lo más grave del discurso de Trump fue la insistencia en descalificar las investigaciones adelantadas por el despacho de Bill Mueller, otras fiscalías y la propia Cámara de Representantes ahora bajo control demócrata. Su argumento pueril fue que investigarlo a él atenta contra los logros económicos de su gobierno.
Lejos de promover acuerdos que destraben el impasse entre el Poder Legislativo y la Casa Blanca, el discurso de Trump anticipa el espíritu de la campaña a la reelección presidencial. Y demuestra el escaso apego a los controles institucionales al poder de la Presidencia. Nada, por cierto, que no supiéramos. Era Trump siendo Trump.
