Pedro Benítez (ALN).- Con la propuesta de activar el “proceso constituyente”, el presidente venezolano tiene tres objetivos: anular definitivamente a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora; anular a la fiscal general; y permanecer en el poder más allá de enero de 2019 sin necesidad de una elección libre. Venezuela es el país del continente americano que más Constituciones y procesos constituyentes ha tenido (27), solo después de Haití y por delante de Bolivia. Entre los países que menos textos constitucionales han tenido hasta ahora destacan Canadá y Estados Unidos (1777 y 1787).
En América Latina, los países con tradiciones más o menos largas en la renovación de sus poderes públicos sin sobresaltos y de acuerdo con reglas previamente establecidas son los más estables y, por lo general, los que tienen un mayor nivel de desarrollo. En este grupo se encuentran Costa Rica, Uruguay y Chile. En estos dos últimos los golpes de Estado y las dictaduras militares de los 70 y 80 fueron interrupciones traumáticas en medio de unas largas tradiciones republicanas. Otro caso interesante es México, cuyo texto constitucional cumple este año su centenario.
Entre el acuerdo y la voluntad del autócrata de turno
Venezuela entra en el grupo de repúblicas donde los cambios de Constitución han estado asociados a la inestabilidad política, económica y social.
Pero no siempre fue así. De todas sus Cartas Magnas las de más duración han sido la sancionada en el Congreso de Valencia de 1830, en la que formalizó la separación de Colombia, y la de 1961 que fue derogada por el proceso constituyente convocado por Hugo Chávez en 1999. La primera duró 27 años, la segunda casi 40. No por casualidad este último fue el periodo más largo de estabilidad que conoció Venezuela en toda su historia, tiempo en cual se sucedieron ocho presidentes civiles, electos democráticamente según las normas previamente establecidas. Todo un record.
Lo que estamos viendo en Venezuela es el fracaso del proyecto político concebido por Hugo Chávez / Foto: Venezuela-us.org
Esas dos Constituciones tenían algo en común: eran producto de un consenso, de un acuerdo y no de la imposición de una parte del país sobre la otra.
Por el contrario, la mayoría de las reformas o cambios constitucionales realizados en Venezuela fueron consecuencia de la voluntad del autócrata de turno, siempre con la intención de asegurar su continuidad en el ejercicio del poder y su control sobre el país. Esos fueron los casos de José Tadeo Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Hugo Chávez (todos militares) y ahora de Nicolás Maduro.
El expresidente Chávez convocó la Constituyente de 1999 con la promesa de “refundar la República”, ejemplo y pretexto que fueron imitados en Ecuador y Bolivia por Rafael Correa y Evo Morales. Pero en realidad, Chávez buscaba exactamente lo mismo que los autócratas que le precedieron en el ejercicio de su alto cargo: asegurarse la reelección presidencial y llenar con sus partidarios todas las instituciones del Estado destinadas a servir de contrapeso al poder presidencial, como por ejemplo el Poder Judicial.
La novedad consistió en que, en vez de hacerlo por la fuerza, como hiciera Alberto Fujimori en Perú en 1992, Chávez se valió de la democracia. Lo mismo hizo otro militar muy popular: Juan Domingo Perón en 1949.
El proyecto político de Chávez es la historia de un fracaso nacional
Lo que Chávez planteó (y prometió) a los venezolanos en 1998 y 1999, parecía ser algo muy lógico: para “arreglar” el país había que barrer con la corrupta clase política anterior. Para hacerlo por vías que lucieran muy democráticas pidió convocar una Constituyente que reorganizara el Estado. Según él, esa institución tendría poderes absolutos para cambiarlo todo, pues era la depositaria del “poder constituyente originario” que le entregaría el pueblo.
Así, se aseguró de que en la elección de los representantes a esa Constituyente sus partidarios estuvieran sobrerrepresentados.
El tercer objetivo de Maduro es asegurarse la continuidad en el poder más allá de 2019
En realidad, el “poder constituyente originario” es una aberración del concepto mismo de democracia, tal como la entendemos hoy, pues implica la instauración de un poder absoluto, sin límites ni controles. Una democracia vaciada de su contenido liberal y republicano. La tiranía de la mayoría. Esa fue la concepción del proceso constituyente que Hugo Chávez aplicó en 1999 y que hoy Nicolás Maduro pretende rescatar.
Las verdaderas intenciones de Maduro
A Maduro se le han presentado dos grandes obstáculos políticos en Venezuela. Por una parte, la mayoría que la oposición venezolana alcanzó en la Asamblea Nacional (AN), participando con las reglas electorales impuestas por el chavismo. Ahora que esas reglas no le sirven al oficialismo, intenta cambiarlas.
El otro obstáculo ha surgido dentro del propio régimen. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, elegida para su cargo por la mayoría chavista en la Asamblea anterior, que presidía Diosdado Cabello.
Anular definitivamente a estos factores internos, la AN y la fiscal general, son dos de los objetivos de Maduro al convocar la activación de este nuevo proceso constituyente. Por esta razón son precisamente la AN y la fiscal general los objetores nacionales de esta pretensión.
El tercer objetivo de Maduro es asegurarse la continuidad en el ejercicio del poder más allá del periodo presidencial previsto por la Constitución, que finaliza en enero de 2019, pero sin necesidad de someterse a un proceso electoral libre, competitivo y medianamente justo, porque sabe de antemano que lo perdería. Para eso convoca una nueva Constituyente, sobre cuya elección hay fundadas sospechas de que no será por medio del voto directo, universal y secreto, sino mediante el estilo corporativista.
Pedro Benítez es historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Lo que estamos viendo en Venezuela es el fracaso del proyecto político concebido por Hugo Chávez y la incapacidad de su sucesor para admitirlo. De 1998 a esta parte, todos los problemas que tenía el país se han agravado o han aparecido nuevos. No solo no logró crear un consenso social sobre ciertas reglas básicas para la convivencia colectiva, sino que ahora que su heredero no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, éste pretende cambiar las reglas del juego.
