Daniel Gómez (ALN).- Ahora fue el secuestro del jefe de Despacho de la Presidencia, Roberto Marrero. Hace un mes la masacre del pueblo Pemón en la frontera con Brasil. Hace cinco meses el “suicidio” de Fernando Albán. Hace un año el asesinato del piloto Óscar Pérez. Desde que existe el chavismo, torturas, persecuciones, amenazas, detenciones… Y es que como se ve en el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Nicolás Maduro mata, persigue y tortura. Torturas que un militar acaba de mostrar al mundo.
Por primera vez, gracias a la valentía del teniente de aviación Ronald Dugarte, el mundo puede ver con sus propios ojos, sin filtros, la crueldad del régimen de Nicolás Maduro.
Dugarte abandonó la Fuerza Armada porque vivió “seis meses de terror”. Fue funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela y desde agosto de 2018 ejerció como vigilante en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Allí fue testigo de las torturas con las que “militares venezolanos y cubanos” sometían a los prisioneros políticos.
Dugarte no desertó sin más. Un día, de madrugada, de servicio, se escondió una cámara en el uniforme para enseñar cómo es el interior de una cárcel del Sebin. Se han leído testimonios de todo tipo. Relatos repletos de detalles. Informes técnicos en los que se describen torturas y se apuntan nombres. Pero nunca se habían visto imágenes de lo que ocurre con los presos de Maduro.
Dugarte grabó imágenes de El Calabozo, la prisión en la que se encuentran retenidos militares contrarios al régimen como el coronel Jhonny Mejías Laya y el capitán Juan Caguaripano.
La cárcel, de paredes blancas, estrechas, sucias, muestra imágenes aterradoras. Como las que han venido denunciando la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Casla de Tamara Sujú y recientemente las Naciones Unidas tras el informe del miércoles de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, hoy alta comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra.
“Mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”, dijo Bachelet.
Ahora gracias al teniente, estos testimonios llegan a todos y hacen que la frase del abogado Atticus Finch, personaje de la novela Matar a un ruiseñor de la escritora estadounidense Harper Lee, cobren más actualidad si cabe en el caso Venezuela: “En ausencia de testigos oculares, siempre queda una duda, a veces sólo la sombra de la duda. Siempre existe la posibilidad, por improbable que sea, de que el acusado sea inocente”.
Palizas en las detenciones, torturas en la cárcel
Ana María Da Costa es la hermana de Vasco, un político venezolano capturado y secuestrado por el Sebin el 16 de abril de 2018. Ella presenció a los funcionarios “golpeando brutalmente” a su hermano “con una extensión de un cable mientras le daban golpes y patadas” y este sólo respondía “con gritos desgarradores”.
El relato lo contó la propia Da Costa al diputado José Guerra en una visita que hizo la semana pasada a la Asamblea Nacional. El testimonio se hizo público ya que Guerra lo contó en una columna del Diario 2001 el pasado domingo.
Guerra también compartió un testimonio de lo que ocurre en la cárcel militar de Ramo Verde, donde “a muchos presos les golpean en las costillas y tienen fracturas. Además, les colocan una capucha con gas lacrimógeno hasta que se desmayan y también les colocan una cinta de plomo en la cabeza para que el dolor sea mayor”.
Las pésimas condiciones de la cárcel
A las torturas se suman las condiciones que se sufren en las prisiones. El teniente Dugarte presentó el vídeo en la OEA con Sujú horas después del informe de Bachelet. Mientras recorría los pasillos del calabozo, se paró a hablar con el teniente Caguaripano. Con serias dificultades para expresarse, el preso dijo que no podía comer, que sufría problemas de estómago y que además estaba orinando sangre. Entonces mostró la evidencia.
Caguaripano cargó una garrafa plástica de agua, la mostró a Dugarte, y al fondo se vio un líquido rojo, casi marrón. Era su orina. Sí, en El Calabozo los presos orinan en botellas.
Dugarte continuó el recorrido y se detuvo en la habitación de Mejías Laya. Abrió la puerta y lo que mostró fue al coronel sentado en el suelo con los ojos vendados y las manos en la espalda. “Duró de esa forma 30 días”, precisó el teniente.
Mejías Laya no se podía mover. Tampoco hablar. Hizo algún sonido, pero no se descifra lo que quiso decir. Unos cuantos trapos en el suelo le servían de cama. Su cuarto no tenía colchón, no tenía ventanas, no tenía baño. Sólo algunos recipientes en los que, según el teniente, “hacía sus necesidades fisiológicas”.
Cuartos de tortura
La última parada de Dugarte fue en uno de los cuartos de tortura. Tras recorrer un pasillo, angosto, en el que apenas había luz, abre una puerta y de repente se identifica a los coroneles Oswaldo García Palomo y José Acevedo, junto a un tercer hombre que se identifica como “ciudadano Avichela”.
Estos tres individuos, tirados sobre unos colchones de espuma, eran incapaces de hablar. Se retorcían entre las sábanas y emitían sonidos. No palabras. En la conversación que mantiene Dugarte con un guardia se escucha que uno de los presos “está infectado, aquí se le ve”, dijo el guardia señalándose el brazo, pero sin apuntar más detalles.
Este fue el último extracto del vídeo que compartió la OEA. El teniente, en su testimonio, afirmó que los presos del Sebin “son torturados con descargas eléctricas, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos con las manos hacia atrás y golpes contundentes en áreas vitales”.
Estos son los detalles de las torturas que denuncia Bachelet y en los que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ahondará en el informe que presentará dentro de tres meses.
“Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto”, comentó la alta comisionada.
Los asesinatos de las FAES
Bachelet también habló de muertos. De 205 muertos en 2018 que se atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Maduro. De los 37 supuestos asesinatos que cometió este cuerpo este enero en Caracas. Crímenes que, según Bachelet, siguieron un patrón similar.
“Ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”.
Albán, como Marrero, también fue secuestrado
Los secuestros son una práctica habitual en el régimen de Maduro. Roberto Marrero, jefe de Despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, fue capturado en la madrugada del jueves por funcionarios del Sebin. De su paradero no se sabe nada y la última frase que se le escuchó es “seguimos en la lucha”.
Esta incertidumbre no es nueva. Con tristeza lo advirtió Guaidó en su primera intervención tras el secuestro: “Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos”.
El 4 de octubre de 2018, Fernando Albán desapareció en una de las terminales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Fue capturado por el Sebin y encerrado en su sede en Plaza Venezuela. Las noticias sobre su paradero llegaban a cuentagotas a su esposa y a su abogado. Este dijo que le habían torturado. No física, sino psicológicamente.
El domingo Albán desapareció. El lunes, el régimen comunicaba su muerte. “Se suicidó”, dijo el fiscal general Tarek William Saab, afirmando que el concejal se lanzó desde un décimo piso. Entró al baño, vio una ventana y se precipitó desde el edificio, muriendo en el acto.
Nadie se creyó esa historia. Ni siquiera el fiscal, quien a los pocos días cambió la versión y dijo que Albán no se había tirado del baño, sino de una sala de espera. Este relato, el definitivo según el régimen, tampoco fue aceptado. La oposición insiste en que lo asesinaron. En que el Sebin lo tiró desde el edificio para que el impacto de la caída camuflara el verdadero motivo de su fallecimiento: las torturas.
El relato de cuatro años de torturas
Nadie sabe lo que ocurrió exactamente con Albán. El activista Lorent Saleh sí sabe lo que le ocurrió a él. Saleh pasó cuatro años detenido por el régimen. En octubre de 2018 lo liberaron y se refugió en España.
En conferencias, entrevistas y reuniones, Saleh siempre comenta lo que sufrió. Sus días en La Tumba, una prisión subterránea, blanca e impoluta, en la que fue torturado por militares venezolanos, cubanos y también rusos. Lo supo por sus acentos.
A Saleh lo golpearon. Lo maniataron. Lo cegaron. Lo tuvieron sin comer y sin dormir. Lo presionaron para que hablase. Para que mintiese. Para que incriminara a opositores. Lo torturaron.
Saleh también venció al régimen. Fue cuando el motín en El Helicoide, en el que los presos rompieron las cadenas con sus propias manos y por unos días tomaron el control de la cárcel. Una prisión que es totalmente diferente a las otras del Sebin. Aquí reina el caos. El desorden. “Hay miedo”, relató a ALnavío un preso político que no quiso revelar su nombre.
La angustia en El Helicoide
Miedo por las torturas. “Te envuelven en una sábana y te dan palazos y golpes”. Esto se llama la cobija. Los funcionarios también perturban el sueño. “Te amarran con una esposa a una tubería con la mano en alto sintiendo la presión durante días”, comentó.
El daño físico, según este recluso, es insignificante en comparación al daño psicológico. “Allí hay presos con privilegios. Presos comunes que te amenazan y presionan para sacarte información. Esa sensación de angustia, ese tipo de tortura, es lo peor”.
En El Helicoide la mayoría de las celdas no son individuales. Allí se hacinan y como ocurre en las cárceles centroamericanas, ladrones y narcotraficantes “con privilegios” conviven con presos comunes que acaban “siendo objeto de extorsiones”.
Sin libertad para informar
Otra de las preocupaciones de Bachelet son los límites al periodismo. “Me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura”.
El régimen, cada vez más debilitado, está pagando su frustración con quienes se dedican a informar desde Venezuela. El caso más conocido fue el del periodista mexicano Jorge Ramos, expulsado de una entrevista con Maduro porque le enseñó vídeos que le molestaron.
Los vídeos, de pobres buscando en la basura qué comer, molestaron al equipo de prensa del mandatario, que no se conformó con parar la entrevista y retener por varias horas al periodista, sino que también destruyó todo el material de grabación.
Detenciones arbitrarias a periodistas
Otro caso reciente es la detención del periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz. El régimen lo retuvo por más de 30 horas por supuestamente participar en el “sabotaje” que causó el apagón. Un apagón consecuencia del escaso mantenimiento e inversión en un sistema eléctrico que es sinónimo de corrupción e ineficiencia.
Lo de Díaz fue recogido como una detención arbitraria, y lo del periodista alemán Billy Six también. Este fue detenido a mediados de noviembre de 2018 en un bar del municipio Los Taques, en el estado Falcón. Es una zona pobre, deprimida, y la única intención de Six era documentar la situación para narrarla en un reportaje, como venía haciendo para la prensa internacional y para su canal de YouTube desde 2017.
En el bar, los policías de Maduro capturaron al periodista. Le quitaron el teléfono móvil, le revisaron los archivos, y decidieron usar una fotografía que guardaba de Maduro para calificarlo de “sospechoso” por conspiración. Así lo denunció Espacio Público en su momento.
Six fue liberado con medidas cautelares, por lo que de Caracas voló a Berlín. Mientras el alemán era liberado el pasado sábado, otro periodista, en esta ocasión polaco, de nombre Tomasz Surdel, contaba la agresión que el jueves había sufrido de las FAES.
Como relató Surdel al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, las fuerzas de seguridad le golpearon “con algo duro” en las costillas y en la cara. No pudo distinguir el objeto porque le taparon “con un saco” y al retirárselo, uno le apuntó directamente con una pistola.
“Uno [un policía] ordenó disparar el arma en mi cara. Él, riendo, apretó el gatillo. El arma no estaba cargada. Estaban con pasamontañas, se subieron a su camioneta y se fueron, dejándome golpeado en la vía”, relató el polaco.
Detención por “corrupción espiritual”
La represión en Venezuela y las precarias condiciones de vida convierten al país en un escenario que bien podría describirse en la distópica novela de George Orwell, 1984. También por el uso del lenguaje. La neolengua con la que el Gran Hermano de Orwell distorsionaba la realidad de los ciudadanos.
El régimen de Maduro también tiene su neolengua. La jueza venezolana María Lourdes Afiuni fue condenada este jueves a cinco años de cárcel otra vez, por “corrupción espiritual”, un delito que sólo existe en la justicia chavista.
Afiuni ya estuvo detenida en 2009 tras la supuesta liberación irregular de un empresario y entonces condenada por “corrupción espiritual”. En 2013, fue puesta en libertad condicional con medidas cautelares y el jueves el Ministerio Público la volvió a detener. Hay que recordar que esta jueza fue enemiga del expresidente Hugo Chávez, quien en 1999 la sentenció a “prisión de por vida”.
Los colectivos del terror
No sólo son las detenciones arbitrarias, las cárceles, las torturas, las persecuciones… La ONU también denuncia la labor de “los colectivos armados progubernamentales”, grupos paramilitares armados por Maduro responsables de marcar como “objetivos militares” las casas de los vecinos que ayudaron al reparto de la ayuda humanitaria en Cúcuta, tal como denunció y documentó en ALnavío el diputado Carlos Valero.
Los colectivos también son los responsables de la masacre de los pemones. El pueblo indígena Pemón, en Santa Elena de Uairén, municipio fronterizo con Brasil, y escenario de la matanza el 23 de febrero, día en el que el régimen bloqueó la entrada de la ayuda humanitaria.
En Santa Elena de Uairén estuvo el diputado José Trujillo. En conversación con este diario, reveló que los pemones “certifican más de 25 muertes”, consecuencia de un asalto de los colectivos, los cuales por sorpresa asaltaron uno de sus campamentos y apuntaron contra todos.
Según Trujillo, lo que sí está certificado es que, por el asalto, hubo al menos 15 heridos y una mujer muerta. Una de las nueve personas que, en total, de acuerdo con cifras oficiales, fallecieron ese día.
El crimen de Óscar Pérez
Las muertes del pueblo Pemón fueron definidas por el alcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, como “un crimen de guerra”. Eso dijo a ALnavío. Y también dijo que otro “crimen de guerra fue el asesinato de Óscar Pérez”.
Óscar Pérez fue un piloto venezolano que, tras tomar los mandos de un helicóptero del régimen, atentó contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con disparos y granadas el 27 de junio de 2017.
Óscar Pérez huyó, pero fue encontrado por un comando militar en el que participaron efectivos de las FAES, el Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana y la policía. El piloto, acorralado, divulgó por sus redes sociales la llegada del comando, comunicando en varias ocasiones su rendición.
Pese a estar rendido, las fuerzas de Maduro lo acribillaron. Perforaron todo su cuerpo con balas, como mostró hace dos semanas la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega por Twitter. Otra imagen de un régimen que como dijo Bachelet, persigue, reprime, tortura y mata.
