Daniel Gómez (ALN).- La operadora española llega a un acuerdo con el Ejecutivo colombiano para inyectar conjuntamente 1.842 millones de euros en la filial ColTel. Sin embargo, a Telefónica le sigue escociendo la multa de 330 millones que este verano le impuso un tribunal de arbitraje de Bogotá. De hecho, el grupo no oculta su resentimiento en el comunicado en el que valoran la capitalización.
Mientras Telefónica ha acordado la capitalización de la filial Colombia Telecomunicaciones (ColTel), recuerda su disgusto por la “desorbitada” multa que el gobierno de Juan Manuel Santos le impuso a finales de julio. Una sanción de 463 millones de euros (546 millones de dólares) que abonará pero que sigue recurriendo en los tribunales del país. Y es que lo deseable para Telefónica, como ha podido saber el diario ALnavío por fuentes próximas a la empresa, es buscar una solución que esquive Washington, donde se encuentra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.
La multinacional española tiene la intención agotar todas las vías judiciales en Colombia porque las resoluciones del Ciadi tardan entre cinco y siete años. Un tiempo que no están dispuestos a perder por lo que supone la sanción, tan elevada que supera las inversiones realizadas en 2015 y 2016, cuando invirtió, en cada ejercicio, más de 330 millones de euros (390 millones de dólares).
En un primer momento, el director de operaciones de Telefónica, Ángel Vilá, dijo que la recapitalización de ColTel, participada por el Estado colombiano, “podría verse afectada” por la multa. Pero finalmente, la multinacional y el Gobierno llegaron este miércoles a un acuerdo para inyectar conjuntamente 1.842 millones de euros (2.799 millones de dólares) en ColTel y así garantizar el pago de las pensiones a unos 16.000 extrabajadores.
La deuda de Telefónica se situó en 48.900 millones de euros en junio de 2017
El grupo que preside José María Álvarez-Pallete inyectará 1.243 millones de euros (2.200 millones de dólares) por ser el accionista mayoritario de ColTel (67,5%) mientras que Ejecutivo pondrá los 599 millones (716 millones de dólares) restantes.
En un comunicado del que se hizo eco la agencia EFE, Telefónica asegura que la operación no tiene “un impacto relevante” en el estado financiero y supondrá “únicamente” un incremento de 40 millones (48 millones de dólares) en la deuda, situada en casi 48.500 millones de euros (58.000 millones de dólares) en el informe semestral de 2017.
En el texto añaden que “refuerzan la posición financiera de Telefónica Colombia”, lo que “les permite afrontar una nueva etapa”. Y cierto es que, antes de que la multa cayera como un jarro de agua fría, las perspectivas en el país latinoamericano lucían positivas. “En el segundo trimestre del año, Telefónica Colombia consolida la evolución positiva de los últimos trimestres con un sólido crecimiento interanual, tanto de Oibda (+9,7%) como de flujo de caja operativo (+27,5% en el semestre), apoyado en una significativa expansión de márgenes en un entorno de mayor competitividad”, apuntó el grupo en el informe de cuentas de la primera mitad de 2017.
Las dos etapas de la capitalización de ColTel
La recapitalización de ColTel se articulará en dos ampliaciones de capital. La primera está destinada al pago íntegro y anticipado de las obligaciones con la gestora de fondos de pensiones Parapat, por un importe próximo a los 1.370 millones de euros (1.637 millones de dólares), de los que Telefónica aportará 925 millones de euros (1.105 millones de dólares).
La segunda, cercana a los 472 millones de euros (534 millones de dólares), servirá para hacer frente al pago “en tiempo y forma” de la sanción dictada por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. De ese importe, 318 millones de euros (380 millones de dólares) corresponden a Telefónica, pues el Gobierno también tiene que responder a la multa que ellos mismo impusieron por formar parte de ColTel.
Por otro lado, Telefónica, en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concluyó que la decisión de participar “en la ampliación de capital-laudo es una manifestación de su compromiso con el país, con la continuidad en la prestación del servicio y con sus clientes y usuarios”, lo cual, dice, no significa “ni puede entenderse” como una aceptación de la condena.
