Pedro Benítez (ALN).- Es inevitable que el velo de la sospecha caiga sobre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y del Frente Amplio uruguayo en su para nada disimulado respaldo a Nicolás Maduro. Después de todo, el régimen que este encabeza se ha dedicado por años a comprar apoyos mediante la más gigantesca trama de corrupción del continente. Esto último está suficientemente documentado y mancha a cuantos aparezcan respaldando a Maduro.
El retiro de la delegación uruguaya de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se efectúa en Medellín, como medida de protesta por el reconocimiento dado en esa cumbre a los representantes enviados por Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo venezolano y reconocido como mandatario interino, no ha sido, por supuesto, un hecho improvisado.
La delegación de Uruguay ha podido hacer lo mismo que las de México, Bolivia y Nicaragua, que cuestionan el reconocimiento que la mayoría de los países de esa organización otorgan a Guaidó, pero no se retiraron de la reunión.
El retiro de la delegación uruguaya de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se efectúa en Medellín, como medida de protesta por el reconocimiento dado en esa cumbre a los representantes enviados por Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo venezolano y reconocido como mandatario interino, no ha sido, por supuesto, un hecho improvisado.
En cambio, el gobierno uruguayo ha decidido romper una lanza llevando su protesta más allá de lo esperado. Por la razón que haya sido esto tiene un costo en su imagen.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez argumenta que su actitud busca mantener los canales de comunicación abiertos con Nicolás Maduro a fin de promover una solución dialogada a la situación venezolana. Que aislar al régimen madurista sería contraproducente para ese propósito.
Sin embargo, las masivas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, junto a la escandalosa corrupción que caracteriza al chavismo, hacen difícil creer que la actitud del gobierno de Tabaré Vázquez sea por cuestiones de principios. Como dice el viejo adagio romano: la mujer de César no sólo debe ser honesta, además debe parecerlo. Pues las apariencias condenan al gobierno del Frente Amplio.
Los gobiernos de Evo Morales y Daniel Ortega son firmes aliados de Nicolás Maduro desde hace años y por razones que los implicados nunca han ocultado. Nicaragua ha involucionado de una frágil democracia a una dictadura represiva en manos de Ortega con la asistencia del subsidio petrolero venezolano. Bolivia corre el riesgo de ir en la misma dirección.
La tendencia ideológica del presidente del México, Andrés Manuel López Obrador, es suficiente explicación del cambio de postura de ese país ante Venezuela.
Pero ninguna de esas razones es aplicable al respetable Uruguay. Aunque aliado de los comunistas en el Frente Amplio, Tabaré Vázquez ha encabezado en sus dos ocasiones como mandatario un moderado gobierno de centroizquierda, caracterizado por un pragmatismo tanto puertas adentro como en su política exterior.
Esto último ha tenido una sola excepción: su actitud ante la abierta deriva dictatorial de Nicolás Maduro. El gobierno uruguayo no sólo ha guardado silencio ante la creciente represión en Venezuela, además ha sido indiferente. A diferencia, por cierto, de la expresidenta Michelle Bachelet que en su último gobierno mantuvo discreción ante el tema mientras su embajador en Caracas daba refugio a perseguidos políticos y su canciller no avalaba la propuesta negociadora del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión de Tabaré Vázquez de marginar a Uruguay de la conformación del Grupo de Lima en agosto de 2017 fue una sorpresa generalizada en la región.
Y más sorprendente aún ha sido la actitud ante Luis Almagro, quien fuera militante Frente Amplio, canciller del expresidente José Mujica, y quien desde la Secretaría General de la OEA ha sido uno de los críticos más beligerantes del régimen de Maduro.
La crisis Guaidó-Maduro salpica a Uruguay
El pasado diciembre Almagro (cuyas credenciales de izquierda son conocidas) fue expulsado del Frente Amplio y sus razones nunca han sido atendidas por su excompañero Tabaré Vázquez. Muy por el contrario, su gobierno no secundaba la decisión de los países más importantes de la región de no reconocer la legitimidad del nuevo periodo presidencial que Maduro pretende ejercer desde inicios de año.
Si esa política del gobierno uruguayo hubiese servido para moderar la deriva autoritaria en Venezuela, o al menos conseguir la liberación, si no de todos, sí de al menos un número significativo de presos políticos venezolanos, allí habría una justificación clara. Pero no ha sido así.
A estas alturas queda claro que Maduro no es el tipo de personaje que esté dispuesto a cambiar de opinión atendiendo buenas razones, sino que sólo cede ante la presión. Esta última es la ruta que han tomado la mayoría de las democracias del mundo, contándose Uruguay entre las excepciones.
Defender a un régimen indefendible
De modo que en este punto, y agotadas otras opciones, cobra fuerza la sospecha de que algo turbio (o muy turbio) esconde el apoyo del gobierno uruguayo a Nicolás Maduro, al punto de estar dispuesto a cazar una pelea con la mayoría de los países miembros de la OEA para defender a un régimen indefendible.
En este punto, y agotadas otras opciones, cobra fuerza la sospecha de que algo turbio (o muy turbio) esconde el apoyo del gobierno uruguayo a Nicolás Maduro, al punto de estar dispuesto a cazar una pelea con la mayoría de los países miembros de la OEA para defender a un régimen indefendible.
Es inevitable que esto sea así pues el régimen chavista se ha caracterizado por su estilo escandalosamente corrupto y su vocación por comprar la voluntad de los dirigentes de izquierda de todo el continente y más allá.
De hecho, los negocios del segundo hijo del presidente uruguayo con el gobierno de Venezuela desde el 2000 dan fundamento a la sospecha, y aunque la justicia de su país no lo ha condenado, el implicado sí ha admitido las jugosas cuantías de esa relación comercial, particularmente cuando su padre ocupó la primera magistratura de Uruguay.
Por ahora pareciera que la justicia uruguaya no le inculpa, pero dado el estilo del régimen que encabeza Maduro no es de extrañar que esa relación de “negocios” no haya sido la única, ni que tarde o temprano se destape en Uruguay un caso como el del exembajador de España en Caracas durante la Presidencia de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, encauzado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de ese país por blanqueo de capitales de dinero proveniente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) junto con su hijo.
Algo huele podrido en el margen oriental del Río de la Plata.
