Juan Carlos Zapata (ALN).- Lupicinio International Law Firm confirma el acuerdo con la Procuraduría General de Venezuela, la que responde al régimen de Nicolás Maduro. El despacho de abogados, que se autodefine como “firma legal pionera en sanciones”, apunta que es en esta materia que brindará asesoría. El despacho sigue hablando de un acuerdo marco “con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España”.
Ya no hay dudas. El despacho de abogados español Lupicinio International Law Firm llegó a un acuerdo marco con la Procuraduría General de la República que responde al régimen de Nicolás Maduro. Valga la aclaratoria porque en Venezuela hay dos presidentes, Maduro y Juan Guaidó, este juramentado por la Asamblea Nacional; hay dos Parlamentos, la Asamblea Nacional con control opositor y la Asamblea Nacional Constituyente, en manos de Maduro y cuyos actos no reconoce la comunidad internacional democrática; hay doble representación diplomática en 50 Estados, incluyendo España y la Unión Europea, excepto Italia; y hay dos procuradores generales, o dos abogados del Estado.
Funcionarios y el régimen de Maduro sufren sanciones por parte de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y vecinos de América Latina. El golpe más duro contra Maduro han sido las sanciones dictadas contra Petróleos de Venezuela, PDVSA, y ahora Minerven, que son las empresas que aportan la mayor parte de los ingresos del país, vistos en petróleo y oro. En PDVSA también hay doble junta directiva. Y en los Estados Unidos, ya Maduro no cuenta con el control de Citgo, filial petrolera de PDVSA, que es la que ofrecía ingresos contantes y sonantes: ahora Citgo la controla el gobierno de Guaidó.
Estos ejemplos pueden arrojar una idea de la complejidad de las sanciones más el problema de los esquemas paralelos de dominio, sobre todo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, precisamente, Maduro se ha quedado sin despacho de abogados, pues el que lo representaba, y una vez también representó a los gobiernos de Hugo Chávez, ahora lleva los asuntos de Juan Guaidó, incluyendo el lobby. Se trata del prestigioso bufete Arnold & Porter, con experiencia por más de 40 años, trabajando con gobiernos de América Latina, incluyendo a Venezuela. Esto tal vez explique el acuerdo marco con Lupicinio International Law Firm.
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Así, el bufete español explica que “el contrato está previsto para dar servicio exclusivamente en sanciones internacionales al Estado venezolano hasta el final de 2019”. La defensa no está dirigida a un “blindaje de bienes” sino a la representación y a la defensa de los intereses de las instituciones del Estado, a la cual tienen derecho “bajo todas las legislaciones aplicables frente a la normativa sancionadora vigente en cualquier momento”. Cuando descarta el punto de “blindaje de bienes”, le sale al paso al titular del diario Expansión de este martes en el que se leía que Maduro ha contratado un “bufete para blindar sus bienes en el exterior”. Así la firma despeja que la actividad no está dirigida a favorecer o garantizar posiciones personales y ni siquiera corporativas-estatales. Por lo cual, queda descartado que el despacho vaya a participar en la batalla legal por bienes, activos y capitales que funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos chavistas puedan poseer en España. A estos personajes se les reconoce como los boliburgueses, o lo que es lo mismo: La burguesía bolivariana. Como se sabe, el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, ha anunciado que comenzará un trabajo para detectar capitales del Estado venezolano en España, asistido por varios bufetes. El tema de las sanciones sólo atañe a Maduro y a Lupicinio International Law Firm.
La firma también aclara “que el acuerdo todavía no ha entrado en vigor y que, por tanto, no se ha determinado el listado de asuntos que llevará a cabo”. También explica que, “en el supuesto en el que haya un encargo específico, el Comité de Conflicto de Intereses y Ético de la firma tendrá que decidir si acepta la gestión en cuestión y deberá asegurarse de que no haya conflicto”.
El despacho fue fundado en 1980. Y defiende que “tiene una larga tradición en este tipo de trabajos profesionales. Sus equipos de abogados han ganado causas en el Tribunal de Luxemburgo, defendiendo los intereses de empresas e instituciones ubicadas en países que han sido objeto de sanción por parte de la comunidad internacional. Lupicinio International Law Firm tiene una relación consolidada con jurisdicciones y empresas sancionadas y para los que ha obtenido importantes sentencias favorables en la defensa de los intereses de sus clientes”.
Por último, el despacho destaca “que otras firmas de Estados Unidos y del Reino Unido también trabajan para este tipo de clientes en materia de sanciones. En este sentido, Lupicinio International Law Firm ha conseguido convertirse en el primer despacho de habla hispana en conseguir un reconocimiento global en la práctica de sanciones”.
