Zenaida Amador (ALN).- “No quiero bonos, no quiero CLAP, lo que yo quiero es que se vaya Nicolás”. Esta es la consigna que se escucha en las reuniones callejeras, en los atestados vagones del metro y en las protestas espontáneas que se repiten en las barriadas de Venezuela. Puertas adentro de las cúpulas del chavismo la frase es evidencia de que el esquema de control social aplicado en los últimos años hace aguas en medio de una crisis sin precedentes. El margen de maniobra de Nicolás Maduro se acorta y sólo le resta apelar a las acciones represivas y al miedo.
Este 23 de enero es la fecha de la convocatoria hecha por los líderes de la oposición para una movilización ciudadana con el fin de exigir el cese de la usurpación de la Presidencia de Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Un día antes el país se movió entre la resaca de las protestas callejeras que marcaron el inicio de esta semana, pero también entre las represalias de los cuerpos de seguridad y de los grupos de choque del Gobierno contra manifestantes y parlamentarios, y la siembra del miedo, a través del verbo encendido de los funcionarios del Gobierno, anunciando un complot para asesinar opositores en la jornada de este miércoles. El objetivo de estas acciones: desmovilizar a la población que, incluso sin el llamado de dirigentes políticos, ha salido a la calle de forma espontánea a rechazar la fracasada gestión del chavismo.
Las zonas populares se han desbordado en protestas contra Maduro sin que a sus habitantes les importe la recurrente amenaza de que los “traidores” a la revolución quedarán excluidos de los programas sociales del Gobierno
El ministro de Información, Jorge Rodríguez, fue el primero en enfilar la artillería. Aseguró que en la alzada de militares registrada en la madrugada del lunes en Caracas fueron sustraídas 11 armas, que están en manos de lo que llamó la “célula terrorista” que es Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López (líder opositor preso). También es el partido de Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), que es la única institución de Venezuela reconocida como legítima al menos por una veintena de naciones y que estaría llamada por ley a asumir la Presidencia de la República mientras se convoca a elecciones.
Las armas serán usadas, según afirmó Rodríguez, para generar “hechos de violencia y muertes” en la movilización convocada por la propia oposición a través de la AN.
Otros voceros del chavismo se dieron a la tarea de restarle importancia a las protestas populares, que este lunes involucraron a unas 30 barriadas tan sólo en Caracas. Para ellos no fueron manifestaciones de la población sino actos provocados por líderes de Voluntad Popular para crear caos y violencia, como parte de una agenda golpista y desestabilizadora.
Horas más tarde se presentaron grupos de choque del oficialismo a la sede de la AN para atacar con palos a varios diputados que salían de la sesión, donde fue analizado el Anteproyecto de Ley de amnistía y garantías constitucionales para los militares y civiles que colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden constitucional, que es pieza clave del proceso de transición planteado por la oposición ante la ilegitimidad del mandato de Maduro.
El mismo Maduro también hizo lo propio y le solicitó a la Fiscalía buscar y meter a la cárcel “a estos terroristas y a quienes los financian”. Y fue más allá: “Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela, movimientos populares y de la juventud para conseguir, capturar y castigar a todos los grupos violentos que estén operando contra la ley (…) Los vamos a capturar a todos”.
Aunque Maduro hizo los señalamientos en horas de la tarde de ayer, desde el mismo lunes se desató la cacería de manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y se reportaron las primeras detenciones.
Estos son los cartuchos que le quedan al chavismo luego de que las zonas populares se desbordaran en protestas contra Maduro sin que a sus habitantes les importara la recurrente amenaza de que los “traidores” a la revolución quedarán excluidos de los programas sociales que entrega el Gobierno.
El régimen de Nicolás Maduro ya no puede frenar la protesta masiva
La crisis supera al control
Hasta hace unos meses Maduro había mantenido a raya este tipo de manifestaciones apelando a un poderoso esquema de control social que montó tras su derrota electoral en diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. Así, con apoyo estratégico y técnico de Cuba y China, hizo de la crisis económica uno de sus principales aliados para controlar al pueblo. Quien se rebela contra su gestión o no vota a su favor en los procesos electorales corre el riesgo de perder los beneficios que entrega el Gobierno.
La fórmula es sencilla: Mientras el deterioro del poder de compra se acentúa con el consecuente empobrecimiento generalizado de la población, Maduro profundiza la dependencia del Estado como empleador y suplidor de rubros básicos, como los alimentos.
Hasta hace unos meses Maduro había mantenido a raya este tipo de manifestaciones apelando a un poderoso esquema de control social que montó tras su derrota electoral en diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional
Este esquema de control, ejecutado de la mano del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), implica conocer “casa por casa” a los miembros de una comunidad. De allí que recibir las cajas o bolsas de comida de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) o beneficiarse de algún otro programa social del Gobierno depende del visto bueno del ojo oficial. Aunque el esquema funcionó en su momento, el desgaste de la crisis parece haberle jugado en contra porque no hay recursos para garantizar lo mínimo que requiere la población.
Maduro lo sabe. Por eso prometió este martes más ayudas sociales, mayores becas y bonos para la “protección” de los hogares venezolanos, así como un reforzamiento de las misiones sociales y un plan estatal de empleo para personas de la tercera edad. “Sólo nosotros podemos, sólo nosotros tenemos la garantía de la acción social solidaria, profunda, el concepto de la hermandad, el apoyo a la familia, a la mujer. Sólo nosotros sabemos hacerlo, sólo nosotros tenemos el plan para ir a proteger a la familia en su hogar, en su barrio, en su urbanismo, en su comunidad”, aseguró.
Pero la gente no lo ve así. En 2018, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se produjeron en promedio 35 protestas diarias en todo el país esencialmente para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se trata de una cifra récord que superó a las registradas en 2014 y 2017, años que estuvieron signados por las protestas políticas.
Es decir, que la ciudadanía decidió salir a protestar sin importar las amenazas. “La observación directa y continuada de la conflictividad social en Venezuela ratifica que la sociedad civil está empoderada de sus derechos y está dispuesta a salir a las calles para exigirlos de manera espontánea, sin atender el llamado de líderes políticos ni las amenazas del Gobierno a través de la política represiva”, indica el OVCS.
Por eso es emblemática la protesta registrada este lunes en Cotiza, un barrio popular caraqueño ubicado en el municipio Libertador (el centro de Caracas y trinchera del chavismo), donde los pobladores se lanzaron a defender a un pequeño grupo de militares alzados para exigir un cambio de gobierno. Vale destacar que zonas de Cotiza, como denunciaron los vecinos en las horas que duraron las manifestaciones, llevan casi dos meses sin servicio de agua potable, desde fines de diciembre carecen de telefonía y desde hace un par de semanas hay fallas eléctricas recurrentes. Eso, más el peso cotidiano de la recesión y de la inflación que ronda variaciones diarias de 5%, desató la furia.
A Maduro sólo le queda la represión como vía para contener el descontento. En 2018, según el OVCS, al Gobierno no le tembló el pulso para reprimir. Se reportaron 14 personas asesinadas en las protestas.
Todos los mensajes lanzados por el chavismo en la antesala de este 23 de enero buscan estimular el miedo a salir a manifestar. En este sentido ha sido clave el mensaje de Juan Guaidó a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional: “No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, no te estamos pidiendo que dispares. Todo lo contrario: te pedimos que no nos dispares (…) (Te pedimos) que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo de ser escuchado, de ser felices y de ser libres”.
