Antonio José Chinchetru (ALN).- Nicolás Maduro es el único gobernante del mundo que apoya a los independentistas catalanes. Lo hace en nombre de la democracia, mientras la destruye en su país considerando a los opositores como “fuerzas enemigas” que son combatidas mediante un plan militar.
Nicolás Maduro es el único gobernante del mundo que ha mostrado su apoyo al reto independentista catalán. Aunque ya ha mostrado sus simpatías en el pasado, este domingo volvió a expresarse al respecto en su programa de televisión. Insinuó que el presidente del Gobierno español actúa como un “dictador” porque “no quiere que el pueblo de Cataluña diga su palabra”. El mandatario venezolano añadió: “Tremendo rollo hay con el tema de Cataluña y la represión que ha ordenado contra el pueblo catalán el presidente Mariano Rajoy”.
La simpatía de Maduro por los independentistas catalanes es mutua, al menos por parte de un sector muy activo entre los partidarios de la ruptura con el resto de España. Tanto la izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya como la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular han destacado en el panorama político español por su defensa del régimen bolivariano y su presidente.
El mayor general del Ejército venezolano Hebert García Plaza, que ha ocupado cargos en el gobierno de Nicolás Maduro, hizo la semana pasada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un duro retrato del gobierno aliado de los independentistas catalanes. Este exministro de Transporte Acuático y Aéreo y de Alimentación, así como exviceministro de Defensa y exjefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía respondió durante más de una hora a las preguntas del exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que trata de determinar si se debe llevar al Gobierno de Caracas ante el Tribunal de La Haya.
El relato de García Plaza mostró un régimen que ha declarado la guerra a gran parte de sus propios compatriotas, que viola sus propias normas legales y utiliza la distribución de alimentos para premiar a sus leales. Estas son las claves de la actuación del gobierno de Maduro que el militar venezolano relató ante la OEA:
El ‘poder democrático ilimitado’ de la Constituyente es similar al que reclaman los independentistas catalanes
1. Comida para los leales, pero no para los pobres. Venezuela es un país sumido en un profundo desabastecimiento de alimentos de todo tipo, incluyendo los más básicos. El Ministerio de Alimentación inició un plan para la distribución dirigido en principio a las zonas más necesitadas del país, específicamente las calificadas como de pobreza y de pobreza extrema. Según el programa, a esas áreas deberían llegar alimentos subsidiados que se venderían a bajo costo en establecimientos controlados por el Gobierno, conocidos como “mercados populares”. Maduro dio la orden de que no se hiciera así, sino que se destinaran a las “parroquias políticamente significadas”. Estas, según el relato de García Plaza, se definen por dos indicadores: “Primero, la población electoral y, segundo, el grado de simpatía o de adhesión que tiene al proceso ideológico que lidera el Gobierno”. El exministro denunció que: “En las parroquias de extrema pobreza que no cumplían estos criterios los inventarios se veían mermados”.
2. Una Justicia controlada desde el poder político. García Plaza dijo que “La justicia en Venezuela solamente obedece a la estructura de Gobierno. Es el Ejecutivo Nacional el que ordena abrir o cerrar juicios”. Relató cómo escuchó en 2013, en el despacho de Maduro, una conversación entre este último y su esposa, Cilia Flores. Discutían si se dictaba o no una medida cautelar contra un comisario y se decidió no hacerlo porque en ese momento no era políticamente conveniente.
Explicó que el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, es amigo personal de Flores, y que es casi imposible que una sentencia de esta corte no sea revisada por ella y por el asistente jurídico de Maduro, Elvis Amoroso. “Por lo menos le dan el visto bueno a cualquier comunicado importante que salga de ahí”, añadió.
3. Derechos civiles y sociales sólo para los afines al régimen. Durante su testimonio, el militar mostró vídeos de Nicolás Maduro y otros altos cargos chavistas que evidenciaban el sectarismo a la hora de ofrecer servicios sociales o permitir ejercer derechos políticos. En todos ellos, los dirigentes venezolanos explicaban que era necesario mostrar el llamado ‘carnet de la patria’ (que acredita la lealtad ideológica al Gobierno) para poder acceder a tratamientos médicos, alimentos subsidiados o incluso para votar en los comicios en los que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegal e ilegítima por la mayor parte de la comunidad internacional.
4. Poder sin límite para la Asamblea Nacional Constituyente. La Cámara elegida para redactar una nueva Carta Magna, elegida sin ningún tipo de garantías y contraria a las normas del Derecho, está dotada de un poder ilimitado. Sus decisiones no están sometidas a los límites que impone la actual Constitución ni cualquier otra norma. Además, podría anular el resultado electoral e incluso ordenar el encarcelamiento de quienes resulten elegidos en los próximos comicios a gobernadores o en las presidenciales si se niegan a jurarle lealtad. Este supuesto ‘poder democrático ilimitado’ es similar al que reclaman los independentistas catalanes, que han dicho que las decisiones del Parlamento de Cataluña están por encima de la Constitución Española o cualquier otra norma vigente. De hecho, según denunciaron los propios servicios jurídicos de la Cámara, la Ley de convocatoria del referéndum de independencia se tramitó y aprobó violando la propia legislación interna que regula el funcionamiento del Legislativo autonómico.
5. Opositores considerados como “fuerzas enemigas”. El pasado 18 de abril, Nicolás Maduro ordenó poner en marcha la ‘Fase Verde’ del Plan Estratégico Zamora “para derrotar el golpe de Estado”. Es un plan militar y, como tal, “tiene fuerzas amigas y fuerzas enemigas”, según el testimonio de García Plaza. Entre las causas para activarlo figuran las siguientes: “deslealtad a los ideales y los intereses del país, acciones de desestabilización de partidos de oposición, pronunciamientos políticos de actores nacionales e internacionales contra la gestión del Gobierno revolucionario”. Ante las preguntas de Moreno Ocampo, confirmó que los pronunciamientos contrarios a la gestión del Gobierno son considerados actos enemigos.
El Plan Zamora, según este testimonio, considera amenaza interna a todos aquellos que pudieran ser calificados de disidentes políticos. El exministro añadió que “usted no ejecuta ningún tipo de operación militar si no tiene un enemigo enfrente” y que el Plan Zamora fue activado “por cuestiones meramente políticas”.
En Venezuela existe la posibilidad jurídica de aplicar la Justicia Militar a numerosos civiles
6. Jurisdicción militar contra manifestantes civiles. Al considerar que todo el territorio venezolano es un teatro de operaciones militares, existe la posibilidad jurídica de aplicar la Justicia Militar a numerosos civiles. Destaca el caso de los llamados “guarimberos”, quienes ponen barricadas en las calles para protestar causando cortes de tráfico. Muchos de ellos han sido detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, policía política del régimen) y conducidos a cárceles castrenses. Según su relato, en abril de este año había 148 civiles recluidos en prisiones militares, mientras que al cierre de agosto la cifra había subido hasta 359.
7. Represión política sin control judicial. De forma paralela al mando militar, que nominalmente dirige la ejecución del Plan Zamora, se ha creado un ‘Comité antigolpe’ con amplios poderes para ordenar acciones represivas. Está formado por el vicepresidente Tareck El Aissami, los diputados oficialistas Pedro Carreño y Diosdado Cabello (presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela) y Freddy Bernal, máximo responsable de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. A pesar de que estos últimos son nominalmente organismos de intendencia, Maduro les ha dado competencias de orden público. Cabello ha adelantado en su programa de radio algunas operaciones ‘tun tun’ (nocturnas y sin orden judicial) en las que el SEBIN ha detenido a opositores.
