Redacción (ALN).- Desde hace seis días Mabel Calderín, esposa del director de Espacio Público, Carlos Correa, recorre distintos centros de reclusión en búsqueda de respuestas sobre el paradero del activista de los derechos humanos. “Carlos no está aquí”, le contestan los funcionarios.
Eso no la detiene y repite todos los días el mismo recorrido, con la esperanza de que en algún momento le respondan algo diferente.
Su preocupación principal es el estado de salud de Carlos Correa, ya que depende de varios medicamentos por diversos tratamientos médicos.
“Carlos padece una condición de salud importante, requiere medicamentos y si algo le ocurre las autoridades gubernamentales son las responsables. Yo los hago responsables”, advirtió.
Este lunes, 13 de enero, Calderín acudió a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la avenida Urdaneta, para presentar un documento en el que exige al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que respondan por la vida del periodista.
“Él (Alfredo Ruiz) ha estado muchas veces al lado de Carlos trabajando juntos, así que debería saber cuál es su trabajo y qué es lo que tiene que hacer. Yo vengo a exigirle que le exija a las autoridades gubernamentales que respondan por la vida, salud y la integridad de Carlos“, señaló en referencia al máximo representante de la Defensoría.
Calderín agregó que Carlos Correa debe ser liberado sin ningún tipo de medidas porque no ha cometido ningún delito. También exige a las autoridades que respondan sobre su paradero y que garanticen la salud del periodista.
“Yo tengo derecho a saber el paradero de mi esposo. Tenemos derecho a que nos lo devuelvan”, reiteró. Agradeció a todas las organizaciones, organismos internacionales y gobiernos diplomáticos que mostraron su apoyo y solicitaron la liberación del defensor.
Negaron Habeas Corpus
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, informó durante la convocatoria de este lunes que las autoridades negaron el Habeas Corpus solicitado el 8 de enero, un día después de la desaparición del activista, para obtener información de Correa.
“Yo le exijo a la juez rectora del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington, que revise las actuaciones del Tribunal de Control. ¿Cómo se va a exigir la dirección del cuerpo policial agraviante, si no se sabe, si los funcionarios no estaban identificados?”, rechazó.
Indicó que los Habeas Corpus están establecidos para una actuación urgente y rápida para resguardar la vida de una persona.
“No puede ser que una figura clave para evitar que una persona sea asesinada o torturada, se esté negando porque se está pidiendo la dirección de los cuerpos policiales cuando no se sabe qué organismo se llevó a Carlos Correa, quien sigue en situación de desaparición”, reafirmó.
Subrayó que en Venezuela siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad y Alfredo Ruiz, como defensor del Pueblo y a quien va dirigido el documento entregado por Mabel Calderín, esposa de Correa, debe actuar.
La desaparición como estrategia
Raúl Cubas, cofundador del Programa Venezolano de Educación – Acción de Derechos Humanos (Provea), rechazó que en Venezuela se irrespete la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas debido a que fue una propuesta que nació en Caracas por parte de distintas organizaciones de derechos humanos.
“Desgraciadamente, desde hace varios meses el Gobierno viene usando esta técnica represiva de desaparición forzada de corta duración. Por eso exigimos que Carlos aparezca con vida, aparezca bien y que sea liberado”, dijo.
Resaltó la labor del activista, quien desde hace más 25 años forma parte de la asamblea de Provea, un espacio para la defensa de los derechos.
“Defender el derecho a la libertad de expresión y defender los derechos humanos no es un delito”, manifestó.
En los últimos días, este mecanismo calificado como un delito que consiste en la detención de una persona por parte de organismos de seguridad del Estado que ocultan la ubicación del privado de libertad para infundir miedo a este y sus familiares, se ha convertido en una estrategia aplicada de forma sostenida.
Seis días
Al director Espacio Público, organización que se dedica a acompañar y documentar casos de censura, violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela, lo detuvieron presuntos funcionarios de seguridad del Estado, el 7 de enero pasado a las 5:00 p. m.
Estos vestían de negro, no tenían ningún tipo de identificación y cubrían sus rostros con capuchas.
El equipo legal de Espacio Público visitó sedes del Sebin en Plaza Venezuela y El Helicoide para buscar información sobre Correa. También visitaron la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maripérez para intentar conocer su ubicación.
Sin embargo, los funcionarios negaron que estuviera recluido en sus celdas.
Tomado de Crónica Uno.
