Pedro Benítez (ALN).- Pese a que todo el abrumador cúmulo de evidencias indica lo contrario, Nicolás Maduro y los voceros de su régimen insisten en la estrategia política y semántica de atribuir a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y a un supuesto bloqueo financiero, el origen de todas las calamidades económicas de los venezolanos. Confían en que, como en el caso de Cuba, repetir una mentira indefinidamente sea suficiente para convertirla en verdad.
En regímenes como el que domina a Venezuela la percepción pública es la primera línea de batalla. Controlar la narrativa es una de las lecciones de Antonio Gramsci que aplican de manera incansable. Fieles a esa táctica Nicolás Maduro y los voceros de su gobierno han incorporado la noción de “guerra económica” y las sanciones a su discurso, persuadidos de que repetir mil veces una mentira la hace verdad.
Después de todo tienen un precedente exitoso: Cuba. Incluso entre críticos de la dictadura castrista se acepta el concepto de “bloqueo económico” por parte de Estados Unidos, aunque esto simplemente no tenga asidero alguno en la realidad. Desde 1960 Washington ha impuesto una serie de restricciones a la actividad comercial con ese país en lo que rigurosamente es un embargo comercial, que obliga a Cuba a pagar de contado ciertos bienes y servicios a su vecino e impone (desde los 90) condiciones adicionales a las empresas estadounidenses. Lo que sin embargo no ha impedido que Estados Unidos sea el principal proveedor de alimentos de Cuba, así como el origen de sus ingresos en moneda fuerte por concepto de remesas.
En regímenes como el de Venezuela la percepción pública es la primera línea de batalla. Fiel a esa táctica Maduro incorpora la noción de “guerra económica” y las sanciones a su discurso
Pero además, en estos casi 60 años Cuba ha podido (y ha tenido) relaciones comerciales normales con el resto de los países del mundo, incluyendo a México, Canadá y a la España del muy anticomunista general Francisco Franco.
No obstante, la idea “del criminal bloqueo” sugiere en el receptor del mensaje la imagen de un riguroso sitio naval (cosa que Estados Unidos sólo aplicó algunos días de la crisis de los misiles nucleares de octubre de 1962) y por lo tanto valida la tesis que justifica todos los fracasos económicos del régimen socialista.
Maduro y sus asesores pretenden repetir ese éxito semántico. De hecho ya comienzan a referirse a un bloqueo financiero y a ubicar en las sanciones aplicadas por las dos últimas administraciones norteamericanas el origen de todos los males económicos de Venezuela. Repetirlos con tal convicción que incluso sus críticos se planteen la duda: ¿Hasta qué punto esas sanciones están contribuyendo a agravar la crisis venezolana?
#EnVideo 📹 | Venezuela se convierte en el primer país en crear una moneda virtual sustentada en sus riquezas naturales, fomentado así una nueva política de intercambio comercial internacional para combatir la guerra económica y el bloqueo financiero. #ElPetroMonedaInternacional pic.twitter.com/HmtKIOeBoa
— MIPPCI (@Mippcivzla) 2 de octubre de 2018
A diferencia de Cuba, donde la expropiación de empresas norteamericanas por parte de Fidel Castro tuvo como respuesta las medidas de retaliación económica del presidente Dwight Eisenhower, en el caso venezolano no ha ocurrido una escalada entre los dos Estados. El origen de las sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos fue la supuesta vinculación de funcionarios del régimen chavista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en actividades de narcotráfico.
Concretamente, en septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar las cuentas bancarias o bienes que el entonces ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, y el exministro de la Defensa Henry Rangel Silva pudieran tener bajo jurisdicción de ese país por su apoyo a las FARC en el tráfico de estupefacientes.
Por entonces la Administración de George W. Bush mantenía una fría distancia con el expresidente Hugo Chávez ignorando sus rituales improperios personales. Nadie en la Casa Blanca movió un dedo o emitió opinión alguna cuando en 2006 una nueva Ley de Hidrocarburos cambió las condiciones de inversión de las grandes transnacionales petroleras en Venezuela, pese a que Exxon y Conocco Philips se enfrentaron legalmente con el Gobierno venezolano. En medio del enorme boom petrolero de la época otras emblemáticas empresas de ese país se aferraban al mercado venezolano.
Se seguía aplicando el consejo del exembajador norteamericano en Caracas John Maisto sobre Chávez: “Vean lo que hace, no lo que dice”.
Sanciones en escalada
No fue sino hasta las protestas callejeras de 2014 cuando por iniciativa del senador demócrata Robert Menendez se presentó ante el Congreso de Estados Unidos la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela” destinada (se aseguró) a imponer sanciones específicas a funcionarios que en Venezuela fueran responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones antigubernamentales de ese año. El presidente Barack Obama la firmó en diciembre de ese año, curiosamente el mismo mes que junto con Raúl Castro anunció públicamente que los dos gobiernos estaban en proceso de negociaciones para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Habían pasado 15 años del régimen chavista y los tres sucesivos inquilinos de la Casa Blanca (Bill Clinton, Bush y Obama), con los precedentes de Cuba y Chile en mente, se habían cuidado de que crear una situación en la cual se les pudiera acusar de intromisión imperial en la situación interna de Venezuela.
Después de todo tienen un precedente exitoso: Cuba. Incluso entre críticos de la dictadura castrista se acepta el concepto de “bloqueo económico” por parte de Estados Unidos
Por debajo de la retórica y los gestos del expresidente Chávez dominaba el pragmatismo en las relaciones. Así por ejemplo, mientras las tropas angloamericanas invadían Irak, Estados Unidos era de lejos el principal mercado del petróleo venezolano.
Además, un informe del Comando Sur en 2009 afirmaba que Chávez era “un factor de estabilidad en el Caribe” por medio de los acuerdos energéticos que auxiliaban a las economías de Cuba y Haití evitando nuevas crisis de balseros en las costas de Florida.
Sin embargo, en febrero de 2015, siguiendo la línea marcada previamente por el Congreso, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos y a sus familiares por presuntas vinculaciones con violaciones de los derechos humanos y hechos de corrupción.
Luego, en marzo de ese mismo año, el presidente Obama ordenó al Departamento del Tesoro congelar los bienes y activos de siete funcionarios del gobierno de Maduro, destacando entre todos ellos el director general del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin), general Gustavo González López.
Habría que esperar dos años para que en mayo de 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, junto a los otros miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN). Esas medidas incluyeron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.
El siguiente afectado sería el propio presidente Nicolás Maduro, cuando el 31 de julio de 2017, un día después las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Departamento del Tesoro congeló todos sus activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Pocos días después lo acompañarían otros ocho funcionarios: Adán Chávez (hermano del expresidente y gobernador del estado Barinas) Francisco Ameliach (gobernador del estado Carabobo), Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas (miembros de la ANC), Carmen Meléndez (exministra de la Defensa y gobernadora del estado Lara), el coronel Bladimir Lugo y la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio.
En enero de 2018 la Unión Europea se sumaría a esta política de presión personal sancionando a un destacado grupo de funcionarios civiles y militares señalados como autores del deterioro de la democracia en el país: Diosdado Cabello (vicepresidente del partido de Gobierno), Néstor Reverol (ministro del Interior), Gustavo González (jefe de la policía política), Antonio Benavides (alto jefe militar), Tibisay Lucena (presidenta del CNE), Maikel Moreno (presidente del TSJ, y Tarek William Saab (fiscal general designado por la ANC). Rompiendo su tradición el Gobierno suizo se sumó a estas sanciones.
Economía en barrena
Como se podrá apreciar, hasta ese momento todas las sanciones eran de carácter personal con el objeto de ejercer presión dentro del régimen y provocar un cambio. De manera expresa se evitaba cualquiera medida que pudiera agravar (o que incluso fuera percibida así) la ya muy deteriorada situación económica venezolana.
Porque paralelamente a todo este recuento la economía de Venezuela había entrado en barrena. En febrero de 2013, siendo Maduro aún presidente encargado, decretó la primera de las devaluaciones del bolívar que terminarían pulverizando la moneda. Eso pese a que por entonces el precio de exportación del barril de crudo venezolano estaba en más de 100 dólares.
Ya Venezuela cargaba el récord de ser la economía con mayor inflación del mundo y ante los evidentes signos de deterioro en agosto de 2014, dentro del gobierno de Maduro y en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se debatió seriamente la posibilidad de hacer ajustes en la economía. Maduro no lo hizo y ante la caída de los precios del petróleo, el deterioro de la producción petrolera del país y los problemas para atender el servicio de la deuda pública externa que en la Era Chávez se multiplicó por seis, las fuentes de financiamiento se cerraron.
Si la versión que Maduro pretende imponer sobre el supuesto bloqueo financiero fuera cierta, debería incluir en el relato a la República Popular China
La respuesta de Maduro fue un drástico recorte de las importaciones que implicó una carestía generalizada de alimentos, medicinas y repuestos, y la consecuente contracción en un insólito -40% del PIB venezolano entre 2014 y 2017. A toda esa calamidad se sumó a partir de septiembre de 2017 el actual proceso hiperinflacionario.
En todo este recuento de desastres no aparece por ningún lado acción alguna por parte del Gobierno de Estados Unidos. Maduro no puede acusar a ningún inquilino de la Casa Blanca de haber ordenado “hacer crujir su economía”.
Por el contrario, se lo podría señalar por su pasividad. Porque lo cierto es que tanto la Administración Obama como la de Donald Trump han actuado con la deliberada intención de evitar que se les acuse de agravar la crisis.
Asesores de Trump han acariciado la idea de aplicar la bomba económica contra el régimen de Maduro que implicaría un embargo petrolero. Pero por las razones que sea eso no se ha hecho.
Es más, el deterioro económico ha sido tan drástico que ha ido por delante de cualquier posible medida de presión económica.
En 2017 el presidente Trump amenazó con aplicar sanciones económicas si el gobierno de Maduro insistía en la pretensión de imponer su Asamblea Constituyente. Pero no fue sino hasta el 19 de marzo de 2018 cuando firmó una orden que impide a los ciudadanos norteamericanos y a las personas dentro del territorio de los Estados Unidos realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela.
Además de prohibir a entidades estadounidenses negociar deuda del Estado venezolano y de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Otra orden ejecutiva, firmada el 21 de mayo pasado, prohíbe a los ciudadanos e instituciones estadounidenses participar en la compra de activos extranjeros donde el Estado venezolano posea más del 50% de las acciones.
Estas medidas sí, por primera vez, bloquean una alternativa de financiamiento para el gobierno de Maduro. Aunque dado el estado de la economía venezolana son pocos los recursos que por esas vías se puedan conseguir.
Lo cierto es que nadie está dispuesto a financiar a los que han llevado a la economía venezolana a la ruina. Porque si la versión que Maduro pretende imponer sobre el supuesto bloqueo financiero fuera cierta, debería incluir en el relato a la República Popular China.
