Zenaida Amador.- La economía venezolana sigue despuntando a nivel global por sus pésimos resultados al ser hoy 65% más pequeña de lo que fue en 2013. Aun así, la mayor parte de los analistas coincide en que en 2020 la caída del PIB será menos pronunciada y habrá un ritmo inflacionario más bajo, luego de seis años de recesión y dos en hiperinflación. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, afirma que 2020 será un año recuperación. ¿Cuál es el As que tiene bajo la manga?
“La economía venezolana se está autorregulando y va llegando a un punto de recuperación (…) Vamos a recuperar en el año 2020 el proceso de crecimiento económico sostenido, con esfuerzo propio en medio de una guerra de bloqueo y sanciones”, aseguró Nicolás Maduro a mediados de noviembre en unas polémicas declaraciones en las que, entre otras cosas, le dio gracias a Dios por la existencia de la dolarización.
Estas palabras ya mostraban parte de lo que es la nueva estrategia de sobrevivencia del chavismo, en la que la ideología ha cedido terreno al pragmatismo. Maduro dejó momentáneamente de lado los controles y las regulaciones, puntales del régimen desde los tiempos de Hugo Chávez en el poder, para asirse de las oportunidades de negocios a las que viene abriendo las puertas desde hace varios meses a aliados estratégicos y capitales poco escrupulosos, en medio del cerco de las sanciones internacionales.
Sin recursos para invertir y con el país en ruinas, Maduro está aplicando un esquema silencioso de privatización en el sector petrolero, tal como ya lo adelantó el diario en ALNavío. El esquema consiste en que poco a poco le concede más espacios a empresas privadas y transnacionales. Pero el de los hidrocarburos no es el único sector donde esto ocurre.
La firma de consultoría económica, Ecoanalítica, asentada en Caracas, observa que en el último año ha ocurrido un traslado indirecto al sector privado de funciones que antes correspondían al Estado, como -por ejemplo- proveer el agua potable o la electricidad. Ante el colapso total de los servicios públicos (que saltó a la escena internacional en marzo pasado con el megapagón que dejó a buena parte de Venezuela sin energía por más de 100 horas), los privados comenzaron a asumir la función de generar estos servicios, ya sea con plantas propias o cavando pozos.
Pero el protagonismo privado en la economía florece por otras vías. Jesús Faría, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Nicolás Maduro, en entrevista con la agencia Xinhua aclaró que en 2020 no habrá un ‘boom’ económico, pero sí se observará una recuperación. La mejoría será posible, entre otras cosas, gracias al rol de los privados.
Cómo funciona el esquema de la silenciosa privatización petrolera de Maduro
Si bien explicó que “los actores económicos privados han comenzado a usar sus recursos en divisas para llevar a cabo sus actividades tanto de producción como de comercio”, también señaló que en las industrias básicas “se ha abierto el compás para formar asociaciones, empresas mixtas con el sector privado nacional y extranjero”. Es algo que, según afirmó, se observa “en todas las empresas del Estado venezolano”.
Recientemente el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que “la distribución eléctrica y de servicios públicos en todo el país debe estar en manos de empresas privadas”. Además, dijo ser un fiel cumplidor de las órdenes de Nicolás Maduro, pero aseguró que se cometieron errores con algunas “decisiones económicas que se han tomado”, por lo que se manifestó a favor del mercado y de la propiedad privada. Lacava es uno de los hombres de mayor confianza de Maduro.
Socios, aliados y mucho más
A mediados de mayo, cuando creó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela, Maduro habló de la “cooperación en telecomunicaciones” como vía para impulsar el desarrollo de un sector que está en ruinas. Maduro dijo:
“He ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos, y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G”.
En las condiciones actuales, en las cuales el régimen carece de recursos para invertir, la única explicación posible a esta esperada inyección de recursos foráneos es la garantía de una mayor participación en el sector y, en consecuencia, en los negocios a desarrollar.
Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y crítico de la gestión de Maduro, asegura que en agosto pasado el régimen entregó la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) “a una transnacional China”, acto al que denominó “una reprivatización simple y pura”.
Según sus denuncias, eso también sucede “con las empresas de alimentos, convertidas ahora en bodegones dolarizados”. Argumenta que igual ha ocurrido con el Arco Minero, lo que implica la entrega del oro y de minerales estratégicos.
Para Víctor Álvarez, quien fuera ministro durante el gobierno de Hugo Chávez, el régimen venezolano quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de PDVSA y así aumentar la producción de hidrocarburos. “Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la Administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales”.
Viendo esta tendencia y, en general, la apertura de Maduro a la inversión privada nacional y extranjera, cree que en 2020 “Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país”.
El trasfondo político
Venezuela se abrió a los capitales privados en los años noventa para luego entrar en una fase oscura de persecución empresarial durante el chavismo, aun cuando en 1999 Hugo Chávez aseguraba que su proyecto político no era estatista ni tampoco neoliberal. “Estamos buscando un punto intermedio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”.
Pero su punto de equilibrio fue cambiando rápidamente y luego, tras la conflictividad política de 2002 y 2003, la radicalización de Chávez se agudizó hasta que finalmente en 2007 declaró al país bajo la doctrina del socialismo del Siglo XXI, lo que dio lugar a una oleada de expropiaciones y estatizaciones.
Según el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, en dos décadas de chavismo fueron expropiadas o tomadas por el Estado más de 5.000 empresas, por lo que enfrenta 47 arbitrajes internacionales.
Con su frase “ven a mí que traigo flor” Chávez enmarcaba esas expropiaciones que, afirmó, eran victorias históricas. El sector petrolero fue emblemático por el radical proceso de estatización que sufrió, así como el de las telecomunicaciones y el eléctrico. También compañías como la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, una de las más representativas empresas básicas del país, fueron estatizadas durante la razzia de Hugo Chávez.
Esta trayectoria, que a lo interno del chavismo se sigue considerando la esencia del modelo socialista bolivariano, añade un alto componente de riesgo para todo aquel que coloque sus capitales en asociación con las actuales autoridades sin mencionar el costo asociado a subvertir el cerco de las sanciones internacionales, aplicado al régimen de Nicolás Maduro, para lograrlo.
Pero Víctor Álvarez cree que el principal punto crítico para los inversionistas está en la necesidad de contar con contratos legales, aprobados por la Asamblea Nacional (AN), actualmente en manos de la oposición. “En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre PDVSA”, sostiene.
No obstante, 2020 es un año electoral y Maduro quiere retomar el control del Parlamento, así que cualquier espejismo de mejoría económica que se logre, ya sea a través de estas aperturas o por otras estrategias, puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas y más con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas.
A su juicio, si Maduro se hace con la Asamblea Nacional “sería el fin de Juan Guaidó como presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la Presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional”.
