Pedro Benítez (ALN).- Porque no quiere o porque no puede, el presidente argentino, Alberto Fernández, no ha cumplido su principal promesa electoral, esa que le hiciera a su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. A un año de asumir el mandato presidencial las causas judiciales contra la expresidenta y su entorno no se han detenido. Desde el kirchnerismo, y sus aliados, crece la sospecha sobre las auténticas intenciones del presidente Fernández. Una nueva guerra interna se cocina dentro de las filas del peronismo.
El retorno al poder del kirchnerismo hace un año no ha sido suficiente (por ahora) para conseguir su principal objetivo político: garantizar la impunidad judicial para la expresidenta Cristina Kirchner y su entorno.
El pasado jueves la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena de cinco años y 10 meses de prisión por corrupción contra Amado Boudou, exvicepresidente de la señora Kirchner en el periodo 2011-2015.
Contra Boudou pesa desde hace años una condena por haber armado una trama con el fin de controlar la imprenta Ciccone, que fabrica el papel moneda del país. Ha apelado la sentencia en varias instancias y esta ha sido ratificada en todas. Eso lo hace el primer vicepresidente en la historia argentina condenado por corrupción.
Este es sólo uno de los numerosos casos abiertos ante la justicia de ese país en los que están involucrados tanto la expresidenta como sus colaboradores más inmediatos.
Sólo Cristina Kirchner tiene 10 procesos judiciales en curso. Pero ha hecho de ellos una causa política. Se ha presentado ante su electorado como una perseguida por el Poder Judicial (lawfare) y en ningún momento ha disimulado que el propósito de retornar al poder hace un año tenía como objetivo central protegerla a ella y sus colaboradores.
Aunque al parecer Amado Boudou no es parte desde hace algún tiempo de su círculo más cercano, presenta su caso como una demostración de la persecución política contra la expresidenta. Sin embargo, la investigación en su contra que terminó en condena comenzó en 2012, cuando aún era vicepresidente.
No obstante, eso no ha impedido que un grupo de funcionarios, legisladores y gremialistas identificados con el kirchnerismo (Instituto Patria, La Cámpora y representantes de organismos de derechos humanos) hayan hecho pública una carta respaldando a Boudou y criticando duramente a la Corte Suprema de Justicia.
Pero como si lo anterior no fuera suficiente, desde el kirchnerismo son cada vez más las voces que aseguran que el presidente Alberto Fernández no “está haciendo lo suficiente” para detener las distintas investigaciones judiciales en curso. Es decir, no está presionando lo necesario a la justicia.
Luego de un año de haber derrotado en las urnas a Mauricio Macri, las causas contra la expresidenta no se resuelven y esta da señales de impaciencia.
Por su parte Fernández desde el mismo día que juró su cargo no ha dejado de repetir el mismo argumento de la vicepresidenta. En su discurso inaugural del 10 de diciembre de 2019 afirmó: “Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática (…) Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”.
El presidente Fernández, que se caracteriza por los matices y la ambigüedad, en este tema es meridianamente claro con la seguridad que le da su condición de profesor de derecho penal y civil.
Las bestias negras
Pero al parecer Fernández o no ha pasado de las palabras o no ha podido doblegar a las dos bestias negras del kirchnerismo: la justicia y los medios críticos.
El kirchnerismo más radical lo presiona para que sea más duro con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de un opositor. Lo presionan para que a su vez presione a jueces y fiscales.
Desde Venezuela los amigos chavistas de Cristina Kirchner, siempre tan susceptibles ante la “injerencia extranjera”, no se han ahorrado epítetos en su contra por mantener distancia de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen en Caracas, lo tildó de “tibio y frío” y Mario Silva, conductor de un programa de la televisión oficial, no se quedó atrás: “Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo”.
En Argentina nadie del kirchnerismo ha salido a defender a su presidente. De paso el distanciamiento público entre el presidente y la vicepresidenta es cada vez más notorio.
Mientras tanto la crisis económica y la pobreza avanzan. Fernández hace de equilibrista entre la necesidad de ganarse la confianza de los empresarios y el FMI, y no terminar de perder la de aquellos que hace un año lo llevaron a la presidencia.
Por un lado hace gestos hacia la galería, y por otro avanza en su propio programa de ajuste económico. Autoriza el incremento de las tarifas de los servicios públicos, ajusta las pensiones, negocia con el FMI y culpa al gobierno anterior, es decir al expresidente Mauricio Macri, de todo cuanto va mal.
No obstante, la creciente inconformidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la líder de su movimiento, lo pone entre la espada y la pared porque evidencia que el problema de fondo de Argentina no es económico, es institucional. Sin independencia del Poder Judicial el país no puede recibir el choque de confianza que necesita para recuperarse.
Pero ella no es la única que va perdiendo la paciencia. También lo están haciendo gobernadores e intendentes peronistas que no quieren amarrar su futuro político al de la vicepresidenta.
De modo que las diferencias de objetivos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner son cada vez más evidentes en el clásico juego del gato y el ratón que están exhibiendo. No sería la primera vez en los 70 años de peronismo que se desate una guerra entre sus filas. Todos los ingredientes están sobre la mesa.
