Leopoldo Martínez Nucete (ALN).- Las compañías más pequeñas del segmento de la pequeña empresa (y específicamente las de propiedad de minorías latinas o afroamericanas) tienen más dificultades para acceder a los recursos financieros en el sistema bancario en general. La falta de pronta y adecuada atención financiera a este sector, es causa del aumento en el desempleo en todo el país.
El Congreso se ha vuelto a reunir para abordar el déficit de fondos para el tramo inicial de 350.000 millones de dólares aprobado por los partidos Demócrata y Republicano con el fin de apoyar a las pequeñas empresas en esta crisis del coronavirus. El fondo rápidamente se secó, dejando a millones de propietarios de pequeños negocios fuera del alivio inmediato proporcionado por el llamado Paycheck Protection Program (PPP), o Programa de Protección de Nóminas, bajo el cual las empresas tienen acceso a un prestamo blando de hasta 2,5 veces el costo de sus nóminas, el cual sería no reembolsable o condonado si la empresa mantenía al vencimiento el número de empleados.
Pero como siempre, el diablo está en los detalles; y mucho más con un gobierno cuya administración siempre prioriza los grandes intereses o aquellos con mayor acceso y privilegios en el sistema económico. Por esta razón la Cámara de Comercio Hispana de Virginia del Norte, abordó la gravedad del problema de manera muy clara y acusiosa en una carta dirigida a la Casa Blanca, basándose en los datos divulgados por el Small Business Administration del gobierno federal, en los siguientes términos:
Un estudio de Stanford University revela que en general la inclusión financiera es uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños empresarios hispanos para iniciar y escalar sus negocios, siendo el caso que más del 70% de los emprendedores hispanos dependen de ahorros personales y préstamos familiares.
“Como saben, el programa PPP de la SBA lanzado el 3 de abril se quedó sin fondos. Se desembolsó un total de $342, 277.999.103.00 a 1.661,367 compañías. Sin embargo, sabemos por el informe adjunto, que el 2% de las empresas aprobadas para préstamos representaron casi el 30% de la financiación total. Eso representa $ 104.7 mil millones de dólares gastados en 33.200 empresas, un promedio de $ 3.5 millones cada uno. Muchas corporaciones ricas en efectivo y fondos de cobertura están aprovechando los requisitos del programa PPP, excluyendo a las empresas pequeñas e independientes que realmente necesitan asistencia financiera ”.
En la carta también se hacen recomendaciones específicas para mejorar la próxima ronda de préstamos a pequeñas empresas, subrayando: «El aumento de la transparencia ayudará a permitir una recuperación más fuerte y más rápida para nuestro país».
Nuestra impresión (a medida que continuamos en la investigación de la situación) es que uno de los mayores problemas en la implementación tiene que ver con el punto subyacente de la inclusión financiera del sector de las pequeñas empresas en los EEUU.
Las compañías más pequeñas del segmento de la pequeña empresa (y específicamente las de propiedad de minorías latinas o afroamericanas) tienen más dificultades para acceder a los recursos financieros en el sistema bancario en general. De hecho, un estudio de Stanford University revela que en general la inclusión financiera es uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños empresarios hispanos para iniciar y escalar sus negocios, siendo el caso que más del 70% de los emprendedores hispanos dependen de ahorros personales y préstamos familiares para desarrollar sus iniciativas, y que una buena parte de los financiamientos recibidos de fuentes de mercado son a tasas de interés prohibitivas por su alto costo, incluso en tiempos en que el sistema bancario ofrece tipos de interés muy bajos, como ha sido el caso en la última década.
El segmento de las más pequeñas empresas (y las microempresas) es el menos resistente a las medidas de mitigación sanitaria tan necesarias en el marco de esta crisis del COVID-19, como el confinamiento y distanciamiento social, con el consecuente cierre de negocios o sus operaciones de forma limitadas en horario y alcance.
En consecuencia, la falta de pronta y adecuada atención financiera a este sector, es causa del aumento en el desempleo en todo el país, que ahora suma más de 22 millones de personas que presentan su solicitud a los programas de seguro de desempleo o paro forzoso de los estados, ya que estos no son un sistema único federal y seguramente dadas estas magnitudes pronto requerían asistencia del Congreso, adicional a la otorgada en el primer paquete legislativo de 2.3 trillones aprobados a principio de mes.
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Quizás ampliar la implementación de estos programas de financiamiento con las plataformas Fintech, bancos comunitarios, empresas de pago y procesamiento de nómina, podría facilitar el acceso al llamado PPP por parte de las pequeñas empresas hasta ahora excluidas, y posiblemente sea importante tomar en cuenta las aplicaciones de empresas que ya han despedido a sus trabajadores (o los mantienen cesantes sin remuneración) para apoyarles en una reapertura de sus operaciones.
Este martes se selló un nuevo acuerdo bipartidista entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para autorizar más fondos para las pequeñas empresas. Como se informó, el nuevo paquete legislativo incluye un acuerdo de 470.000 millones de dólares para renovar los fondos del programa de préstamos para pequeñas empresas. El fondo se había quedado sin dinero en virtud de la demanda aplastante durante la pandemia de coronavirus. El acuerdo agrega aproximadamente 310.000 millones de dólares al Programa de Protección de Cheques para pequeñas empresas. El acuerdo también aumentaría el gasto en hospitales y pruebas de coronavirus en alrededor de 100.000 millones.
Resulta refrescante que entre las tensiones creadas por la retórica y contradicciones del presidente Donald Trump en el manejo de la crisis o emergencia nacional, se encuentra espacio para priorizar temas de interés colectivo. Toca esperar que en esta nueva ronda de implementación no se corrompa la iniciativa, desviándo los recursos de lo que el acuerdo legislativo tiene en mente: atender a los eslabones más débiles (y hasta ahora excluidos) del productivo y fundamental sector de la pequeña y mediana empresa.
