Zenaida Amador (ALN).- Ante la llegada del 1 de mayo, Día del Trabajador, el régimen de Nicolás Maduro decretó un aumento salarial que dejó un mal sabor de boca. Reincidiendo en su práctica de imponer medidas inconsultas, elevó lo que llama “el salario mínimo integral” de 2,5 a 4,5 dólares mensuales en medio de una crisis sin precedentes y con el país paralizado por la cuarentena para contener el Covid-19. Desde el chavismo, para justificar tal nivel de depauperación del ingreso, se argumenta que en Venezuela se regalan los servicios públicos. ¿Qué más se puede esperar?
El colapso que experimenta Venezuela a todo nivel, exacerbado ahora por la pandemia del coronavirus, es el resultado de dos décadas de estatismo y populismo, la fórmula aplicada por Hugo Chávez y sostenida, con algunas variantes por Nicolás Maduro, como una vía para garantizarse el control del país y, en consecuencia, su sostenimiento permanente en el poder. Desmantelamiento de la infraestructura básica, inoperatividad de los servicios públicos y escasez de rubros fundamentales como gasolina y gas doméstico son parte de las consecuencias de los desmanes asociados a este modelo de gestión del chavismo.
En este cuadro, en el cual uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, Maduro insiste en sus prácticas y en agravar la precariedad de las condiciones de vida de la población como una vía para acentuar su control social. Su más reciente aumento salarial así lo confirma.
No hubo consultas ni medición de impactos entre los empleadores, ni siquiera por el hecho de que el sector productivo está paralizado por las medidas de aislamiento social impuestas desde el 13 de marzo a propósito del brote del Covid-19 ni porque ha comenzado una nueva arremetida de intervención contra empresas privadas para canalizar su producción a los fines que el régimen determine. Simplemente se decretó otro ajuste salarial y punto.
Si bien Maduro esperaba con esto aliviar el creciente malestar popular, que se ha hecho visible en más de 500 protestas ciudadanas a lo largo de abril con prohibiciones de aglomeraciones sociales, la medida lo que dejó al descubierto es su incapacidad para atender las necesidades de quienes dependen del Estado.
Exclusiva: Análisis interno cuestiona parcialidad de la FAO con Maduro por Influencia de China
El salario mínimo es una referencia poco usada en el sector privado, cuyas remuneraciones suelen estar por encima de este indicador. No es así en el caso de unos 3 millones de trabajadores del sector público y de 4,5 millones de pensionados, cuyo ingreso está atado al salario mínimo fijado por Maduro.
El nuevo salario integral que rige desde este 1 de mayo incluye 400.000 bolívares de salario mínimo (con incidencia en la antigüedad y otros beneficios de los trabajadores) y 400.000 bolívares en una bonificación para alimentación (sin incidencias prestacionales), un monto que en conjunto equivale a 4,5 dólares mensuales.
Frente a lo risible de esta remuneración, que fue vendida como una decisión de Nicolás Maduro en defensa de la clase obrera y del pueblo venezolano, se escucharon voces críticas desde las filas del chavismo. Desde allí también surgieron argumentos de defensa. El ministro del Trabajo de Maduro, Eduardo Piñate, optó por asegurar que durante la cuarta República, es decir, en el período democrático previo a Chávez, no se llegó “ni a la mitad de los incrementos salariales que se han hecho en Revolución”. Francisco Torrealba, diputado oficialista, se limitó a lanzar una interrogante: “si aparte de incrementar el salario mínimo nacional se mantienen los subsidios al 100% (o casi) de educación; salud; CLAP; electricidad; agua; combustible; vivienda; etc., cabe la pregunta ¿Cuál es el verdadero ingreso mínimo nacional?”.
Respuestas para el chavismo
En la era del chavismo se han hecho unos 50 aumentos salariales por decreto. Siempre usando la misma fórmula de no consultar al resto de los actores de la economía y solo calculando el impacto político de la decisión. Si bien el número de ajustes puede hacer pensar que en verdad se busca que las remuneraciones reconozcan el valor del trabajo, la verdad es que son hitos en el camino del empobrecimiento poblacional.
Algunas estimaciones privadas indican que al momento de llegar Hugo Chávez al poder en 1999 el salario mínimo real era de unos 290 dólares mensuales. A la muerte de Chávez era equivalente a 51 dólares por mes. Ahora Maduro, como un gran logro, lo lleva de 2,5 dólares -valor vigente hasta el 30 de abril- a 4,5 dólares.
Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta alimentaria de marzo costaba 19,1 millones de bolívares, equivalentes a unos 236,66 dólares. El poder de compra del salario mínimo antes y ahora es inexistente.
La realidad general del país parece salirle al paso a la afirmación del diputado Torrealba de que la compensación al bajo salario viene dada por la decisión del régimen de regalar los servicios públicos en lugar de al menos cobrar su costo. De hecho, Venezuela -el país con las mayores reservas petroleras del mundo- padece una severa escasez de gasolina, pues todo el sistema refinador se encuentra desmantelado luego de años de desinversión debido, entre otros factores, a que la gasolina se regala. De igual forma está colapsado el sistema eléctrico, fallan los sistemas de potabilización y distribución de agua, y no hay gas doméstico, por lo que en Venezuela crece la práctica de cocinar con leña.
Según la más reciente encuesta realizada por la Asamblea Nacional para medir las condiciones de vida del venezolano, un 96,6% de la población reporta fallas en el suministro de agua, 98,5% en el de gasolina, 74,1% de gas y 96,1% de electricidad. De esta forma, como se aprecia, Maduro compensa los bajos ingresos de quienes dependen del Estado.
Explicaciones más allá del chavismo
Datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), levantados entre sus afiliados en el último trimestre de 2019, muestran que el salario promedio del sector era equivalente a 46,3 dólares mensuales para esa fecha.
Aunque el monto sigue muy por debajo del costo que exhiben los alimentos, la remuneración supera ampliamente a la establecida por Maduro. Sin embargo, lo grave de las medidas impuestas por el régimen es que se adoptan de forma aislada y sin intentar conciliar medidas que ayuden a elevar la productividad que es, a fin de cuenta, la única vía real para mejorar los ingresos.
El país arrastra seis años de recesión y transita el séptimo de declive, para el que se proyecta una contracción de mínimo 20% del PIB. Las últimas cifras oficiales disponibles del Banco Central de Venezuela indican que la manufactura cayó 56,3% en los primeros tres meses de 2019 con respecto al mismo lapso de 2018 y, según los datos de Conindustria, al tercer trimestre de 2019 el 77% del sector reportaban reducciones drásticas en la producción. Es decir, antes del ciclo recesivo del Covid-19.
El sector hizo una nueva consulta a sus agremiados a propósito del impacto del coronavirus y solo 50% tiene capacidad para soportar el período de cuarentena impuesto, que se extiende hasta el 13 de mayo, y que implica la parálisis total de las actividades. Salvo los sectores priorizados, que se limitan a alimentos, salud, seguridad y transporte, el resto de la economía venezolana está paralizad y sin posibilidad de generar ingresos, según reveló Luigi Pisella, Tesorero de Conindustria.
Las medidas adoptadas ni resuelven el deterioro en la capacidad de compra de los venezolanos ni buscan estimular la reactivación económica. Al contrario, la intervención de empresas, la imposición de regulaciones de precios y el desafío permanente al empresariado auguran muy malos resultados.
