Zenaida Amador (ALN).- La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas no había terminado de ofrecer su rueda de prensa de despedida en el aeropuerto, antes de dejar el territorio venezolano, y ya el régimen de Nicolás Maduro realizaba nuevas desapariciones forzadas sin siquiera cuidar las apariencias.
Nicolás Maduro y sus funcionarios trataron de dar algunos brochazos de maquillaje a la crisis para que todo luciera mejor a propósito de la llegada al país de Michelle Bachelet, pero sin mucho empeño. El arribo ocurrió al final de la tarde del miércoles para cerrar la gira el viernes en la noche. Poco tiempo para atender la larga lista de temas pendientes y escuchar a las múltiples voces de la sociedad civil que querían hablarle de la violación de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo los espacios pedidos por el régimen de Maduro para sus argumentaciones y excusas.
Maduro calificó la visita de Bachelet de “exitosa”. Ella la llamó “crucial”. Pero los compromisos concretos que se alcanzaron dejaron sabor a poco:
Maduro ni siquiera esperó a que la visita de Bachelet concluyera para reincidir en la práctica. Mientras ella hablaba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía antes de abordar el avión para salir de Venezuela, ya se reportaban las desapariciones forzadas de tres militares retirados por parte de cuerpos de seguridad de Maduro. Se trata de Francisco Antonio Torres Escalona, Miguel Alberto Castillo Cedeño y Miguel Sisco Mora. Aunque sin confirmación, hay versiones que indican que el número de militares detenidos se acerca a 10.
1-Dos representantes de su oficina se quedan de manera permanente en Venezuela para seguir con la observación directa y el contacto con las víctimas, así como para evaluar la situación en las cárceles y otros centros de detención. No se trata de una oficina como tal, pero es un primer paso en esa dirección.
2- Bachelet afirmó haber obtenido el compromiso del régimen de Maduro con el proceso de evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura que su oficina quiere impulsar. “Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”.
Es decir, que para poder hacerle seguimiento cerrado a Maduro y tratar de avanzar en soluciones se necesita estar en el territorio, levantando de primera mano información y obligando a los funcionarios a brindar la data solicitada y Bachelet parece tenerlo claro.
Los dos compromisos son clave para hacer frente a la grave crisis del país, pero no suficiente, en especial cuando se está ante un régimen para el que la violación de los derechos humanos es parte de su sistema de control social y una vía para garantizar su sostenimiento en el poder.
Sin maquillaje
Bachelet hizo peticiones comprometedoras antes de marcharse de Venezuela. Le solicitó públicamente al régimen de Maduro que libere a quienes “estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”. Se estima en alrededor de 700 el número de presos políticos de Maduro en la actualidad.
Antes de que ella llegara a Venezuela se produjo la liberación de más de 20 presos políticos, una práctica habitual de Maduro frente a circunstancias similares para que todo luzca mejor. Pero esta “liberación” ha operado en el pasado como una “puerta giratoria”, donde algunos presos políticos son excarcelados para atender la coyuntura o ante una alta exposición internacional del régimen y luego de que el hecho pasa (o el invitado internacional se marcha), casi de inmediato, se hacen nuevas detenciones. Según el Foro Penal Venezolano, esto ocurre así porque para el régimen de Maduro los presos políticos “son una moneda de negociación”.
Pero en este caso Maduro ni siquiera esperó a que la visita de Bachelet concluyera para reincidir en la práctica. Mientras ella hablaba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía antes de abordar el avión para salir de Venezuela, ya se reportaban las desapariciones forzadas de tres militares retirados por parte de cuerpos de seguridad de Maduro. Se trata de Francisco Antonio Torres Escalona, Miguel Alberto Castillo Cedeño y Miguel Sisco Mora. Aunque sin confirmación, hay versiones que indican que el número de militares detenidos se acerca a 10.
El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció al respecto exigiendo se informe sobre el paradero de los desaparecidos. “La represión y la tortura deben cesar ya en Venezuela”, señaló.
Y es que los temores internos tras los alzamientos militares en contra de Maduro no dieron margen para el maquillaje. De hecho, la visita de Bachelet coincidió con el período anual de ascensos militares y ni por eso fue posible ocultar la desconfianza que impera y que llevó a un cambio en las rutinas de los actos protocolares, a limitar la exposición de Maduro ante la tropa y a los discursos exigiendo lealtad en medio de los rumores de quiebre dentro de la Fuerza Armada.
Impacto externo
Aunque en marzo pasado Michelle Bachelet presentó un informe oral sobre la situación de Venezuela que le dio visibilidad mundial a la crisis, su efecto dentro del país fue casi nulo, porque Maduro y sus funcionarios siguieron adelante en sus prácticas sin inmutarse.
Los informes y los relatos de los familiares de presos políticos y de personas asesinadas por la represión del régimen, así como de representantes de varias organizaciones de derechos humanos en el país, que Bachelet recopiló en su reciente visita confirman claramente que la situación lejos se mejorar se ha agravado.
Y lo peor es que la indolencia crece.
Desde fines de mayo un grupo de trabajadores petroleros activó una protesta en Caracas, una más de las 227 que tuvieron lugar ese mes en reclamo de derechos laborales a lo largo del país. Se instalaron muy cerca del Palacio de Gobierno, sin que por ello lograran captar la atención de los funcionarios del régimen. Finalmente, algunos de los petroleros iniciaron una huelga de hambre como último recurso para que su voz fuera escuchada. A horas de que Bachelet dejara el país se reportó la muerte de uno de los manifestantes a causa de un infarto, poco después se conoció que un segundo trabajador habría fallecido tras descompensarse. La protesta sigue, la ausencia de respuestas también.
Desde hoy la tortura y los derechos humanos en el régimen de Maduro están bajo supervisión de la ONU
Sólo en mayo hubo 1.541 protestas que van desde el reclamo de derechos políticos hasta la exigencia de agua potable y la cifra crece mes a mes ante el deterioro generalizado del país.
Es sabido que Bachelet debe presentar su informe escrito sobre la situación de Venezuela el próximo 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos en el marco del 41 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y lo menos que se puede esperar es que sea consistente con el que expuso en marzo. De seguro el informe tendrá alto impacto en la política internacional hacia Venezuela y, a partir de allí, se gestarán nuevas medidas de presión sobre Maduro.
Pero mientras eso ocurre y la presión internacional hace lo suyo en los tiempos que marca la dinámica de la diplomacia, la crisis seguirá arrasando a la población venezolana y el régimen de Maduro arreciará en las mismas prácticas para sostenerse.
