Antonio José Chinchetru (ALN).- El gobierno de Pedro Sánchez pretende ampliar la aplicación de la justicia universal a casos que nada tienen que ver con España. Ya fue así en el pasado, hasta 2014, y la ley se modificó para evitar conflictos diplomáticos como el que se abrió con China por la presentación de querellas por genocidio contra altos cargos del régimen de Pekín.
La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, quiere revertir la limitación de la jurisdicción internacional a casos que tengan que ver de alguna manera con ciudadanos españoles que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy. El abogado y profesor de Derecho en la Universidad San Pablo CEU Ricardo Ruiz de la Serna advierte, en conversación con ALnavío, que si se hace sin aplicar determinados límites puede ser el origen de una gran cantidad de conflictos diplomáticos.
En una entrevista con Radio Nacional de España (RNE), Delgado confirmó que este martes comenzaba a funcionar un comité de expertos para estudiar cómo incluir la ampliación de la jurisdicción universal en la legislación española. No concretó en profundidad, pero avanzó que es partidaria de su aplicación incluso en materias que van más allá de delitos de lesa humanidad.
Delgado dijo: “Nos sirve la jurisdicción universal no solamente para aspectos de defensa de derechos humanos, que sí, por supuesto, sino también de criminalidad organizada, crímenes contra la naturaleza, lo que denominamos el ecocidio”. Asimismo, añadió: “Nos gustaría mucho que se crease un tribunal internacional para juzgar crímenes que afectan a la naturaleza, a la madre Tierra”.
En 2014, estando Mariano Rajoy en el Gobierno, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal. Ruiz de la Serna explica que hasta ese momento ya “se aplicaba con muchos matices, no era tan amplio como se decía. Estaba restringido a determinados delitos y se consideraba que el criterio fundamental era que no estuviera bajo el conocimiento de la autoridad judicial que debía conocer en primer término”.
Añade que “cuando se deroga no es de forma absoluta. Se mantiene la jurisdicción universal, pero sometida a los criterios clásicos: cuando el autor o las víctimas son españoles, o hay algún otro tipo de conexión con España, como que se pueda atribuir la actuación de forma indirecta a algún español”. De la Serna explica que “no se derogó porque se estuviera en contra de perseguir violaciones de los derechos humanos, sino porque violentaba la soberanía de los derechos humanos. El caso más claro es el apartheid, donde hubo conductas amnistiadas. Si alguien viene y lo denuncia en España, ¿no vamos a dar por bueno lo que se hizo en Sudáfrica?”.
Ruiz de la Serna: “Es una injerencia en la soberanía de otros Estados para la que no tienes ningún enganche jurídico, más allá de tu propia voluntad como Estado”
El gran problema de la jurisdicción universal es, en opinión del jurista, que se trata de “una injerencia en la soberanía de otros Estados para la que no tienes ningún enganche jurídico, más allá de tu propia voluntad como Estado”.
Ruiz de la Serna dice que “hay que ser prudente y ver cómo lo vertebra Dolores Delgado”. Señala que si lo hace en su máxima expresión, sin poner límites, “España se arriesgará a una catarata de incidentes diplomáticos como consecuencia del ejercicio de la jurisdicción en asuntos con los que no tiene ninguna conexión”.
Agrega que, además, “eso te lo pueden hacer los demás a ti. Te lo puede hacer Bélgica o Alemania. Pero también China o Venezuela. Si te atribuyes la competencia para juzgar violaciones de derechos humanos y persecución de prisioneros políticos en otro país, este mismo puede responder diciendo que se abroga la competencia para juzgar una supuesta represión en Cataluña. Y ahí te encuentras con un conflicto diplomático muy importante. Por eso se suprimió el principio de jurisdicción universal”.
Dolores Delgado siempre ha sido partidaria de una amplia aplicación de la justicia universal. No sólo es amiga del exjuez Baltasar Garzón, que utilizó dicho principio para intentar juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet. Garzón no logró su objetivo debido a que no consiguió que se extraditara a España a Pinochet, pero desde un punto de vista político supuso el principio del ocaso del exdictador. Como fiscal, ella misma ha trabajado en casos relacionados con este principio. De hecho, en 2005 logró que se condenara en España al militar argentino Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 y 1977.
Otro conocido represor argentino, Ricardo Cavallo, fue sometido a juicio en España por delitos de terrorismo y genocidio. Sin embargo, el proceso no terminó debido a que Argentina anuló las leyes que impedían su procesamiento en el país austral. De esta manera, España extraditó al exmilitar a su nación de origen, donde fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Cuando se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional estaba juzgando una querella contra varios altos cargos del Gobierno chino, incluyendo a los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao por genocidio en el Tíbet. Esto generó un conflicto diplomático con China. También había procesos abiertos por genocidio en Guatemala, en el Sáhara Occidental y en Ruanda, entre otros casos.
