María Rodríguez (ALN).- El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr, tendrá que pagar 22 millones de dólares en concepto de costas judiciales por una reclamación a la Autoridad del Canal de Panamá de 193 millones de dólares. El mismo día la firma española se quedó sin la construcción de una autopista chilena.
Se le acumulan los varapalos a Sacyr en América Latina. En apenas 24 horas, la compañía española perdió un contrato para construir una autopista subterránea en Chile, en consorcio con OHL, y un arbitraje frente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el que tendrá que pagar más de 22 millones de dólares (aproximadamente 20 millones de euros) en concepto de costas judiciales. El diario ALnavío se ha puesto en contacto con Sacyr pero la compañía ha declinado hacer valoraciones al respecto por el momento.
El contrato perdido se lo adjudicó la italiana Atlantia a través de su filial chilena Grupo Costanera por un importe de 500 millones de euros (más de 586 millones de dólares). Más complejo es el caso del arbitraje. Este último golpe corresponde a una reclamación que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, presentó por un valor superior a 192,8 millones de dólares (163 millones de euros) y vinculado a la construcción de una ataguía (elemento temporal para encauzar el agua) en la entrada al océano Pacífico, según informó la ACP en un comunicado.
El consorcio del Canal deberá reembolsar a la ACP 900.000 dólares “en concepto de provisión para gastos”
El consorcio del Canal, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan De Nuel y la panameña CUSA, deberá también reembolsar a la ACP 900.000 dólares (761.700 euros) “en concepto de provisión para gastos”, fijado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), según recoge la agencia EFE.
La ACP califica de “victoria” el fallo del tribunal y explica en el comunicado que “la ataguía fue una estructura temporal diseñada y construida por GUPC para poder realizar trabajos en seco. Se encontró que el consorcio fue plenamente responsable del diseño y la construcción de la ataguía y que los argumentos que decían que la ACP había sido negligente fueron desestimados”.
Las reclamaciones del consorcio, que firmó el contrato de construcción de las nuevas esclusas por 3.118 millones de dólares (2.637 millones de euros), sumaban 5.685 millones de dólares (5.088 millones de euros) hasta el pasado 15 de junio, según afirmó entonces el administrador de la ACP, Jorge Quijano. El directivo agregó que todas las demandas estarían resueltas antes de 2022.
Quijano reiteró en ese momento que el GUPC es el único contratista con el que quedan reclamos pendientes, puesto que ya se cerraron los contratos con el resto de empresas que participaron en la docena de proyectos de la ampliación del Canal, algunos de los cuales también presentaron reclamaciones. Además, el administrador de la ACP subrayó que la gran mayoría de las demandas que ha enfrentado la autoridad panameña las ha ganado porque casi siempre los montos presentados por los contratistas “no se pueden sostener”.
Las reclamaciones del consorcio sumaban 5.685 millones de dólares hasta el 15 de junio
Quijano recordó que la ACP entregó al GUPC adelantos en la obra que ascienden a 860 millones de dólares (769 millones de euros), “que si al final no se utilizan se convierten en excedentes” que pertenecen a la vía interoceánica.
El expediente de Sacyr tampoco es impoluto en Colombia, donde tiene paralizada una carretera en una región estratégica del país tras encontrar “arcillas expansivas” que encarecían el proyecto y no hacían viable acometerlo con el presupuesto que le fue adjudicado en julio de 2015: 275 millones de dólares (245 millones de euros). Aun así, la constructora española ya es la primera inversora privada de infraestructuras en Colombia, como también lo es en Chile.
