Daniel Gómez (ALN).- “Victoria histórica. Victoria de la diplomacia de la paz”, dijo Nicolás Maduro este jueves, poco después de que se anunciara que Venezuela tiene escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2020-2022. ¿Cuáles son sus méritos?
Represión, torturas, muertes. Un Estado militarizado. Grupos paramilitares afines al régimen. Los colectivos. Las FAES. Un sistema de Justicia que no funciona. Un fiscal general que no investiga. Una retórica dirigida a desacreditar a la oposición. Más que eso. Todo un sistema pensado para ello. Amenazas. Contra opositores, políticos, ciudadanos. Hasta contra funcionarios de la ONU.
Seguro que los 105 países que dieron el voto a Nicolás Maduro para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomaron en cuentas estas credenciales, expuestas en el informe sobre Venezuela que elaboró la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Seguro que también consideraron lo ocurrido este jueves, pocas horas después de que se conociera el resultado de la votación. El dirigente opositor Edmundo “Pipo” Rada, militante de Voluntad Popular, el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, fue hallado calcinado y con dos tiros en la nuca. Fue López quien por medio de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada.
Maduro se sienta en el Consejo de Derechos Humanos el mismo día que un opositor aparece calcinado
Un Estado militarizado que viola los derechos humanos
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Son los cuerpos de seguridad de Maduro. Todos ellos, responsables de “la militarización de las instituciones del Estado” y de la violación de derechos humanos:
“La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (Sebin y DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares”.
Muertos en las manifestaciones
“En el contexto de ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones”, apunta el informe.
Entre enero y mayo registró 66 muertes en este contexto. “Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes”.
Crueldad y torturas
El informe señala que las torturas “son habituales”. Que los ejecutores suelen ser el DGCIM y el Sebin. Que sus formas son “crueles, inhumanas y degradantes”.
También expone ejemplos: “La aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
En este sentido, agregó: “Los servicios de inteligencia recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.
Bachelet anotó una nueva tortura en la actualización que hizo sobre el informe este septiembre en Ginebra. “El capitán Rafael Acosta Arévalos [muerto tras la detención] reveló múltiples golpes, quemaduras y hasta 16 fracturas en costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Dos oficiales fueron detenidos por su muerte, pero no fueron condenados por actos de tortura. Castiguen a los responsables, investiguen y tomen medidas”.
Las FAES: “Los escuadrones de la muerte”
“Escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. Son algunos de los nombres con los que el Informe Bachelet define a las FAES, un grupo paramilitar apoyado por el régimen “responsable de centenares de muertes violentas”.
Las FAES fue creado a principios de 2018 para combatir el narcotráfico y otras organizaciones criminales. Conducen camionetas negras, sin placas de matrícula, con las que bloquean los accesos a ciertas zonas. Sus unidades visten de negro, sin ninguna identificación personal y se cubren el rostro con pasamontañas. También llevan armas largas.
“Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”, describe el informe.
Miles de muertes violentas
Sobre las FAES el informe también dice que manipulan las escenas del crimen plantando armas y drogas. También disparan contra las paredes y al aire para simular tiroteos y justificar que la víctima se ha “resistido a la autoridad”.
Añaden que el número de “muertes por resistencia a la autoridad” es “inusualmente alto”. Tan alto que muchas de esas muertes pueden “constituir ejecuciones extrajudiciales”.
En 2018, el régimen registró 5.287 muertes violentas en esa categoría y 1.562 entre enero y mayo de 2019. Por su parte, el Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes de este tipo en 2018, y 2.124 en los cinco primeros meses de este año.
La matanza de los indígenas
El informe también comenta “la desproporcionada situación humanitaria sobre la población indígena”, además de cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.
“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento
Tampoco hay que olvidar el relato que presentó al diario ALnavío el diputado José Trujillo. Él presenció la matanza indígena por parte de los colectivos y paramilitares de Maduro en Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, el 24 de febrero. Allí el diputado vio Miedo. Zozobra. Muertos. Decenas de muertos. Convoyes militares. Presos comunes armados. Colectivos. “Disparos sin ton ni son”. “Contra todos”. Efectivos de Nicolás Maduro que dieron el tiro de gracia. A los pemones, la etnia indígena que vive en esa frontera.
Un sistema ideado para reprimir
Según el informe, el chavismo, “al menos una década”, ha aplicado leyes y políticas que “han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
Esto conforma un sistema destinado a “neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as político/as y críticas al Gobierno”. Una tendencia que, agrega, ha aumentado desde 2015, cuando la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional. Este triunfo, explica el informe, “llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.
La Justicia no funciona
El informe dice que “las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”. Habla de “renuencia”, rechazo, “de los/las fiscales a recibir denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”.
Luego “está la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial, también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
En este sentido, el informe también hace un señalamiento a Tarek William Saab, el fiscal general de Maduro. “El fiscal general ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
Sobre la Fiscalía General y el Ministerio Público, las instituciones que dirige Saab, el informe añade: “Ninguna de estas instituciones, así como tampoco el gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos”.
Una estrategia contra la oposición con Cabello a la cabeza
“La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores’”, dice el informe, el cual no duda en señalar al número dos del chavismo y presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como uno de los responsables de este tipo de prácticas.
“Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica”. La de los insultos. “Por ejemplo, a través del programa televisivo semanal Con el mazo dando, presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente”, concluye en referencia a Cabello.
Represalias contra funcionarios de la ONU
“Me preocupa la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación”.
Fue la denuncia que hizo Bachelet este septiembre en Ginebra, en la actualización de su informe sobre Venezuela. La alta funcionaria denunció que los funcionarios de la ONU que dejó en Caracas fueron amenazados. Cabe recordar que Maduro está bajo observación de Naciones Unidas. Al principio impidió que los funcionarios operaran libremente en Caracas, pero en septiembre terminó cediendo.
“Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención”, agregó.
