(EFE).- Las protestas en Colombia, que comenzaron el 28 de abril, han sufrido un notable desgaste en las últimas semanas y algunos de los organizadores han optado por el repliegue y buscar nuevas formas de reivindicación, lo que tiene al país en un situación de «guayabo» (resaca) y expectactiva ante nuevas futuras manifestaciones. Han pasado casi dos meses desde que decenas de miles de colombianos salieron a las calles de todo el país exigiendo que el Congreso no tramitara una reforma tributaria presentada por el Gobierno y que derivó en jornadas diarias que mostraron el descontento social de uno de los países más desiguales de América.
Sin embargo, esta semana los sindicatos detrás del Comité Nacional del Paro anunciaron que dejarían de convocar la marcha semanal de los miércoles, mientras que en los barrios más populares, donde aún resisten los plantones, se plantean ahora cómo seguir sus reclamos de mejores condiciones de vida.
«Vamos a entrar en un periodo de calma con mucho malestar», vaticina el profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, que lo define «como una resaca, como un guayabo después de estas emociones que estuvieron tan altas después de tanta violencia».
MÁS PROTESTAS
Las protestas han puesto al país en el borde del abismo: decenas de personas han perdido la vida o sufrido graves lesiones, los bloqueos en carreteras han provocado graves pérdidas a empresas e incluso ataques a misiones médicas y el clima de tensión y discordancia en el país es más notable que nunca.
«Si la estrategia del Gobierno era un poco esta -que las movilizaciones se desgastaran- esto no soluciona el problema de fondo», asevera la politóloga de la Universidad del Rosario Sandra Botero, que cree que si «el descontento de fondo no se soluciona en los próximos meses, las movilizaciones se van a reactivar».
A pesar de que el Gobierno retiró la reforma tributaria y prometió presentar una a la Policía -que algunos califican de cosmética- e hizo algunas concesiones como ofrecer matrícula gratuita a los universitarios de estratos más bajos, las condiciones que sacaron a miles a la calle siguen ahí.
«Hay una constante en la manera que este Gobierno respondió a la crisis y es negarse a ver los problemas estructurales y de fondo», resume Botero, que considera que «lo único que están haciendo es teniendo esta olla a presión en fuego alto».
TRIUNFO Y ERRORES
El Gobierno se sentó a la mesa con los sindicatos del Comité Nacional del Paro, que se levantaron después de semanas sin ningún avance, y eludió por otro lado encontrarse con los jóvenes «nini» (sin oportunidades de estudiar ni de trabajar) que han sido la cara de estas protestas.
Sin embargo, el economista cree que «este Gobierno va a sentir que triunfó en esta confrontación porque el otro lado cometió más errores».
Errores como los bloqueos, que fueron «tremendamente dañinos y agresivos», rompieron «el apoyo político a quienes protestaban» o como el pliego de peticiones tan amplio del CNP, que incluía desde una renta básica para familias desfavorecidas a la defensa de la producción nacional, con «propuestas que son innegociables».
DIÁLOGO NECESARIO
Sin embargo, tomar medidas para atajar la pobreza es urgente y las protestas han sido un llamado a ello.
«Es un momento clave para lanzar reformas estructurales, casi de todo orden, que no solamente pasen por la reforma de un régimen fiscal o por la ampliación de la universalidad en distintos derechos como la educación y en pensar un plan de trabajo mucho más robusto que permita responderle a la juventud», considera la subdirectora de la ONG DeJusticia, Diana Guzmán.
Es necesario, según afirma, «pensar estrategias alternativas que no pasen necesariamente por la protesta o la movilización pública periódica».
El Gobierno, explica Guzmán, «debería repensar su estrategia de diálogo porque hasta ahora es un ejercicio que no responde a las reales dinámicas y características de esta movilización: es un diálogo parcial, poco orientado, poco estratégico».
Para poder sentar ese diálogo en medio de una incipiente polarización se necesita «construir un escenario de confianza», como describe Botero, cuyo liderazgo debería proceder del Gobierno, aunque no cree que así vaya a ser.
«Lamentablemente creo que este Gobierno no tiene capital político ni la voluntad política para lanzar un diálogo nacional reconciliador y la solución solamente se logra a través de un diálogo nacional», coincide Restrepo.
JUSTICIA
Además, está la cuestión de investigar todo lo sucedido durante las semanas de protestas donde organizaciones sociales denunciaron más de 70 muertes, 45 de ellas de las que responsabilizan a la Policía, además de agresiones sexuales y detenciones arbitrarias.
«Hubo una ruptura profunda entre las relaciones entre la fuerza pública y la ciudadanía, en particular entre los jóvenes, los indígenas y las comunidades rurales, pero también los cinturones de miseria, las poblaciones marginales y marginadas de las ciudades colombianas», resume Restrepo.
El país espera las conclusiones que salgan de la misión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras el Gobierno sigue dando reconocimientos a medias de los abusos cometidos.
Hay que «esclarecer lo que ocurrió, investigar las violaciones a derechos humanos y las violencias para que eso también haga parte del diálogo en torno a cuáles tienen que ser las soluciones», dice la subdirectora de DeJusticia.
Sin embargo, el temor es que, como ha sucedido con otras protestas, no pase nada, que la Fiscalía, que ha adoptado la misma dialéctica del Gobierno de centrarse en los actos vandálicos en vez de en violaciones de derechos humanos, no actúe correctamente y los casos de abusos policiales acaben de nuevo en la Justicia Militar.
