Daniel Gómez (ALN).- Las sanciones que impuso la Administración de Donald Trump el 17 de abril a PDVSA afectan a Repsol. La multinacional española tiene acuerdos mixtos con la petrolera estatal venezolana. Esto afecta su actividad en el país. Actividad que quiere continuar “adoptando las medidas necesarias con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones”.
“Repsol está adoptando las medidas necesarias para continuar su actividad en Venezuela, incluyendo la recepción periódica de crudo en pago de deudas, con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones y está haciendo un seguimiento constante de su evolución y, por tanto, de los eventuales efectos que pudieran tener sobre las señaladas actividades”.
Es lo que dice la compañía en el informe de resultados del primer trimestre de 2019. En el documento, Repsol reconoce que el país está en “crisis económica y social”. Prueba de ello es “la importante devaluación de la divisa venezolana frente al euro, aunque sin impacto significativo en los estados financieros”.
A la crisis se suman las sanciones de Estados Unidos, que “han agravado la situación del país”. El 17 de abril la Administración de Donald Trump incluyó a la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela) y al Banco Central de Venezuela en la lista de “nacionales especialmente designados”. Una lista de la Oficina para el Control de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también conocida como SDN List.
Ello supone que cualquier persona o persona jurídica que paga impuestos en EEUU no puede operar con PDVSA, el Banco Central de Venezuela y cualquiera de las sociedades controladas en una participación mayor o igual al 50%. Además, tienen una obligación de bloquear sus activos.
Esto afecta directamente a Repsol. Opera en EEUU, y todos sus activos en Venezuela están controlados por PDVSA en su mayoría. A la petrolera española le pertenece 40% de Petroquiriquire y 11% de Petrocarabobo; más las licencias gasísticas en Quiriquire Gas -de la que controla 60%, pero su aportación es nula al estar expresada en bolívares- y en Cardón IV con 50% de la inversión.
A la vista de este problema, Repsol indica que “EEUU ha concedido ciertos plazos para facilitar la terminación ordenada de las operaciones mediante el otorgamiento de varias licencias generales”.
En este mismo sentido, expresó la intención de continuar la actividad en Venezuela. Eso sí, “con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones”. También insistió en que seguirá cobrando lo que le debe PDVSA en especie, con petroleros cargados de crudo.
Con todo ello, Repsol recuerda que la exposición patrimonial en Venezuela es de 436 millones de euros, 20 millones menor que en diciembre de 2018, y aproximadamente 1.600 millones menor que hace un año.
