Daniel Gómez (ALN).- A Repsol no le basta con una auditoría para revisar los estados financieros en Venezuela. Además de Price Waterhouse Cooper, en 2018 necesitó a “un experto independiente” que determinó “la pérdida esperada” por los préstamos y negocios conjuntos con PDVSA.
Repsol tiene un problema de 1.159 millones de euros en Venezuela. La cifra hace referencia al dinero que perdió en el país en 2018 por el deterioro de activos, las medidas de saneamiento y las cuentas por cobrar con la petrolera estatal, PDVSA.
Para este último detalle, Repsol contrató a un experto independiente, ajeno a Price Waterhouse Cooper (PwC), que es la firma que siempre audita los estados financieros de la multinacional española.
De hecho, es la propia PwC la que advierte que Repsol cuenta con una persona externa para evaluar los negocios con PDVSA. No revelan quién es. “Para la determinación de la pérdida esperada asociada a los préstamos a los negocios conjuntos y las cuentas a cobrar de PDVSA, el Grupo [Repsol] ha contratado un experto independiente para validar los juicios de la Dirección”, explica PwC.
En el párrafo siguiente, la auditora añade, en referencia a los negocios con PDVSA, que “esta área requiere un elevado nivel de juicio y estimación que la Dirección debe realizar para valorar la recuperación de sus activos en Venezuela”.
Este último punto, el de recuperar los activos en Venezuela, es para PwC “una cuestión clave de auditoría”. Lo es porque Repsol afirma que los 1.159 millones de euros que se esfumaron en Venezuela en 2018 son “recuperables”. ¿Por qué? No lo aclara, dado que en el informe auditado no figura la opinión del experto independiente, quien es el encargado de esos asuntos.
PwC: Las estimaciones de Repsol son coherentes
Lo que sí figura en el comentario de PwC es que las afirmaciones de Repsol son “razonables y coherentes”. O sea, es “razonable y coherente” recuperar las pérdidas contabilizadas en Venezuela por la empresa. O sea, es “razonable y coherente” pensar que esos 1.159 millones de euros regresarán a las cuentas de la empresa.
Cabe recordar que Repsol trabaja en Venezuela desde 1993. Opera a través de empresas mixtas, en las que comparte propiedad con la estatal PDVSA. Así controla 40% de Petroquiriquire y 11% de Petrocarabobo; más las licencias gasísticas en Quiriquire Gas -de la que controla 60%, pero su aportación es nula al estar expresada en bolívares- y en Cardón IV con 50% de la inversión.
Todas estas asociaciones son a largo plazo. El contrato con Petroquiriquire expira en 2031. Con Petrocarabobo en 2035. El de Quiriquire Gas está vigente hasta 2027 y el de Cardón IV hasta 2036.
Esta es la actividad de Repsol en Venezuela. La que analizó el experto independiente y la que PwC pudo comprobar. De hecho, la auditora especificó los procedimientos con los que por su parte analizó “la recuperación de los préstamos otorgados a los negocios conjuntos de las cuentas a cobrar con PDVSA”. Estos procedimientos fueron:
– Obtención y revisión de los contratos de préstamo a los negocios conjuntos, así como otra información contractual relevante.
– Expertos en instrumentos financieros de PwC analizaron la razonabilidad de la pérdida que proyectó Repsol.
– PwC analizó la información incluida en el informe del experto independiente, y también la competencia de este experto y “su objetividad, para satisfacernos de que estaba adecuadamente calificado para llevar a cabo tal encargo”.
El análisis coyuntural de PwC
PwC también aprovechó la nota de auditoría para analizar la situación de Venezuela. Para ello tomó en consideración la opinión del equipo de auditores con el que trabaja en el país latinoamericano.
PwC comienza con un análisis coyuntural. Explica que Venezuela es “una economía en recesión, con un sistema cambiario regulado, con altos niveles de inflación y con devaluaciones continuadas de la moneda local”.
Sobre el negocio petrolero, que es lo que involucra a Repsol, advierte la “elevada intervención y participación del sector público, cuya producción se ha reducido significativamente en los últimos años”.
Los motivos de la caída productiva son, según PwC, “la inestabilidad política, el estado de emergencia económica, las medidas sancionadoras internacionales, entre otros”.
