(EFE).- El miedo a ser expulsadas frena las denuncias de las mujeres migrantes víctimas de maltrato que llegan a España, una realidad que se vive en los centros de acogida de refugiados, donde se ha puesto en marcha un proyecto para aplicar el protocolo de actuación sobre violencia de género.
El proyecto Semilla ha sido desarrollado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Ministerio de Inclusión y Migraciones, con el objetivo de garantizar una aplicación efectiva del protocolo contra la violencia machista en el sistema español de acogida de protección internacional, y que ahora se va a ampliar a los centros de atención humanitaria.
«Ha sido un trabajo conjunto, se ha escuchado a las solicitantes de asilo para mejorar la prevención, asistencia, protección y reforzar su acceso a mecanismos seguros de denuncia. Se trata de caminar todos en la misma dirección: tolerancia cero con la violencia machista», explica a EFE Eva Menéndez, especialista en temas de género de Acnur España.
Una de cada tres víctimas asesinadas por violencia machista en España es extranjera, sin embargo las mujeres migrantes sólo representan el 5,8 % del total de la población del país.
Desde 2003, más 1.200 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España y, de ellas, 399 eran extranjeras.
El año pasado llegaron de forma irregular a España más de 31.000 personas por vía marítima y terrestre; un 11 % eran mujeres y un 14 % niños y niñas, muchas de ellas huyendo de matrimonios forzosos, maltrato de género o familiar, violencia sexual, trata de seres humanos y de la mutilación genital femenina.
En este contexto, indica Menéndez, el proyecto Semilla nace de la necesidad de desarrollar un marco de aplicación del protocolo -existente desde 2021- para todas las entidades que gestionan las plazas de acogida de refugiados.
El testimonio de las víctimas ha resultado fundamental para el grupo de trabajo que ha elaborado las herramientas y el material que se han puesto al servicio de las solicitantes de asilo y de los profesionales que trabajan en los centros.
LA EXPERIENCIA DE UNA VENEZOLANA
Madison es una de ellas. Llegó a Almería (sureste español) en noviembre de 2021, huyendo de la situación política de Venezuela y harta de que no la respetaran por formar parte de la comunidad LGTBI.
Geógrafa de formación, trabajaba como personal civil en el Ejército, donde sufrió situaciones de acoso de las que no fue consciente hasta que llegó a España, según relata a EFE.
Le asignaron una plaza de protección internacional en un centro de gestionado por la Cruz Roja, donde la gran mayoría de las personas acogidas son hombres jóvenes de procedencia subsahariana.
«Yo me juntaba con ellos, pero muchos malinterpretaban el hecho de que yo fuera simpática y amable, creían que estaba interesada, hasta que un día alguien intentó agarrarme en un ascensor, darme un beso y hasta tener sexo. Reaccioné, aunque pudo haber pasado cualquier otra cosa», recuerda.
Madison compartía alojamiento con otras víctimas de violencia de género que no denunciaban su situación porque «tenían muchísimo miedo» de ser expulsadas: «Asumí el papel de denunciar estas situaciones porque soy una mujer soltera y tengo poco que perder en comparación con alguien que tiene unos hijos y no quiere que le echen a la calle», añade.
