(EFE).- La Red Sindical Venezolana dijo este viernes que considera imposible celebrar unas Navidades «felices» debido a los bajos ingresos y la migración, por lo que prepara una protesta para exigir, entre otros asuntos, un incremento de la bonificación que reciben los trabajadores públicos a finales de año, conocida como aguinaldo.
«No es posible tener Navidades felices con un aguinaldo de 8 dólares y con la familia disgregada por el mundo», expresó el coordinador general de la red sindical, Mauro Zambrano, citado en una nota de prensa de la organización, que se pronuncia tres días después de que el chavismo celebrara el comienzo de esta festividad con el alumbrado navideño en algunas zonas, por orden del mandatario Nicolás Maduro.
Señaló que, ante los bajos ingresos, los trabajadores «se las ingenian» para costear sus gastos básicos, entre ellos los de alimentación, calculados en unos 107,8 dólares por persona, según estimaciones independientes.
«Pero, además, (…) llega el 24 (de diciembre) y te das cuenta de que no tienes a tu hijo, a tus hermanos en el país, (…) eso no es tener una Navidad feliz (…) ¿Quién puede pasar unas Navidades felices sin su familia y con esta situación económica?», sostuvo el sindicalista.
Zambrano adelantó que, en menos de dos semanas, los trabajadores se concentrarán frente a una institución del Estado -que aún evalúan- para exigir el pago de «un aguinaldo digno que permita, al menos, cubrir los gastos navideños».
La temporada navideña comenzó oficialmente el pasado 1 de octubre en el país, que vive una crisis política tras los comicios del 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reclama la «victoria» de su abanderado, Edmundo González Urrutia.
La PUD ha alertado sobre el advenimiento de la «ola migratoria más grande vista hasta ahora» si Maduro se mantiene en el poder «por la fuerza».
Del país han salido unos 7,77 millones de venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (integrada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones), una cifra que el Gobierno reduce a unos dos millones.
