Reinaldo Iturbe (ALN).- El Banco Central de Venezuela anunció el jueves una reconversión monetaria que eliminará seis ceros al bolívar, que ya había pasado por dos reconversiones previas de tres y cinco ceros respectivamente, cuando la inflación pasó de «galopante» a «muy alta» y luego se convirtió en hiperinflación, un resultado del desorden de la ejecución fiscal, monetaria y cambiaria que heredó Nicolás Maduro de su antecesor, Hugo Chávez. Van 14 ceros restados en un contexto de «apertura controlada» por parte del Ejecutivo venezolano, que ha permitido la libre circulación de divisas y ha eliminado aranceles a las importaciones para terminar con la escasez de productos básicos.
Venezuela se hizo famosa por la escasez de papel higiénico y productos alimenticios de consumo esencial. Ahora los anaqueles están colmados de productos. La mayoría importados. Pero persiste el problema de la contracción del Producto Interno Bruto, que se ha encogido 80% desde 2015.
El Gobierno de Maduro ha vendido la reconversión como un proyecto de «bolívar digital» y «reexpresión monetaria» que tiene sus letras pequeñas. La polarización política que atraviesa la golpeada economía caribeña obliga a la cúpula gubernamental a vender la reconversión con precisión de cirujano, vistos los resultados de las reconversiones precedentes, en las que se prometió erróneamente que la medida fortalecería el bolívar. La oposición, por su parte, ha calificado también equivocadamente la reconversión como una «devaluación», cuando en realidad, se trata de una medida necesaria para aliviar las calculadoras empresariales, congestionadas procesando miles de millones y en el peor de los casos, billones.
La Bolsa de Valores de Caracas, de hecho, ya había tomado una medida similar en meses anteriores con la unificación por unidades de miles en la cotización de las acciones del corro capitalino, que se ha convertido en un reducto de financiamiento para algunas empresas con la emisión de papeles comerciales en dólares, toda vez que los bancos públicos y privados han reducido a su mínima expresión la concesión de créditos: el Banco Central mantiene una estricta política monetaria contractiva vía encaje legal de 85 puntos, a fin de contener la hiperinflación. El ritmo de crecimiento de los precios efectivamente se ha desacelerado en 2021, un dato reconocido tanto por el gobierno como por la oposición.
Por razones de teoría económica las reconversiones únicamente funcionan para el alivio de las calculadoras. Pero el Gobierno de Maduro trae un plan bajo la manga con la última reconversión.
Del total de la liquidez monetaria, apenas un 4% corresponde a billetes y monedas en físico. Es decir, el 96% de los bolívares circulantes son estrictamente electrónicos. Las dificultades para acceder a tinta y papel para imprimir billetes ha provocado una aguda escasez de efectivo, que ha sido contenida con una contrapartida circulante en dólares, la moneda de mayor demanda en tiempos de hiperinflación.
De allí que el Gobierno de Maduro aproveche la coyuntura para insertar la economía en la tendencia global de la digitalización. El dinero en físico está pasando de moda y los gobiernos están obligados a buscar válvulas de escape para que los agentes económicos puedan llevar a cabo sus transacciones sin necesidad de usar billetes en físico.
Como quiera que sea, la reconversión en Venezuela es una medida prudente pero no definitiva. No resuelve el problema de contracción ni de hiperinflación, pero contribuye sensiblemente a facilitar las transacciones y las cuentas con el bolívar, que ha perdido su capacidad de valor de uso, pues los agentes tienen la expectactiva racional de crecimiento en los precios a largo plazo, por lo que demandan activos en dólares y otras monedas y criptomonedas para preservar el valor de sus ingresos.
La necesaria reconversión, para que sea eficaz a largo plazo, debe venir acompañada con medidas que promuevan la confianza en el signo monetario, una mayor oferta de divisas vía exportación de materias primas y la recuperación de la estatal Petróleos de Venezuela. La supresión de sanciones de Washington contra la estatal podrían contribuir a la recuperación económica de Venezuela, siempre que el Gobierno se comprometa a mantener a raya su déficit fiscal, financiado por el Banco Central del país.
