(EFE).- Tres ex altos cargos del gobierno venezolano de Hugo Chávez -el exministro de Finanzas Rafael Eduardo Isea y los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado- declararán como testigos este martes en la causa abierta en España por presuntas investigaciones al partido político de izquierda Podemos ajenas al control judicial.
Para practicar esta diligencia, el magistrado español que instruye el caso, el juez Santiago Pedraz, remitió una comisión rogatoria a Venezuela en relación a estos interrogatorios, que acordó realizar por videoconferencia.
El motivo de querer interrogar a estos ex altos cargos chavistas, algunos residentes actualmente en España, se debe a que en alguna ocasión han manifestado haber sufrido presiones para declarar en contra de Podemos a cambio de beneficios en las causas que les fueron abiertas en el país europeo.
Ese es el caso de Nervis Vilallobos, ministro de Energía entre 2001 y 2006, quien el pasado noviembre, en la comisión de investigación por la llamada operación Cataluña (que investiga supuestas investigaciones a líderes independentistas catalanes sin autorización judicial), denunció que estuvo trece meses en prisión tras negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos.
Trama de extorsión
Del mismo modo se pronunció en 2022 Alvarado Ochoa, exviceministro de Electricidad y Desarrollo, que en sede judicial dijo haber sido víctima de una trama de extorsión en España integrada por policías, y que llegó a reunirse con el ex número dos de la Policía española, Eugenio Pino, quien le pidió datos sobre Podemos.
Por su parte, el exministro de Finanzas Rafael Isea denunció en 2019 en declaraciones a medios de comunicación haber sido presionado por policías españoles para que declarara en contra de Podemos y avalara que ese partido político recibió financiación del Gobierno de Venezuela.
Ese sería el caso relativo a la presunta captación de fondos procedentes de Venezuela e Irán para la financiación de Podemos y que fue elaborado en 2016, pero que al carecer de firma y de sello fue rechazado en los tribunales como prueba de una supuesta financiación ilegal de la formación española.
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