Antonio José Chinchetru (ALN).- Dos farmacéuticas, Almirall y Grifols, representan la cara y la cruz de las grandes compañías catalanas ante el reto independentista. Sus presidentes han tomado partido en sentidos opuestos, y reflejan la realidad de un tejido empresarial fracturado ante la situación política.
Como el resto de la sociedad catalana, el ámbito empresarial está fracturado por el reto independentista lanzado por el Gobierno autonómico y sus aliados. Los responsables de muchas compañías prefieren guardar silencio, sobre todo si son contrarios a la ruptura con España. Esto se debe a la capacidad de presión de la Generalitat de Cataluña, de la que dependen jugosos contratos públicos y la redacción de numerosos reglamentos y otras normas legales. Sin embargo, algunas grandes firmas sí han tomado partido de forma abierta en un sentido o en otro. Una hipotética independencia no es algo irrelevante para los empresarios de la región, puesto que tendría unas consecuencias muy importantes sobre sus cuentas de resultados.
En la línea de los mensajes enviados por el Gobierno de España durante los últimos años, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, recordó este lunes las consecuencias negativas para la economía de Cataluña que tendría la independencia. Según ha informado Europa Press, De Guindos recordó que las ventas fuera de su territorio representan el 75% del PIB de la región. Estas ventas, explicó, quedarían sujetas en la Unión Europea a unos aranceles que en el sector del automóvil, por ejemplo, se situarían en 10% y en la industria textil alcanzarían 15%, según recoge la agencia EFE. En la actualidad, el resto de España es el destino del 40% de las ventas de las empresas catalanas. Los demás países de la Unión Europea suponen otro 40%, según los datos publicados por Expansión.
Contra la independencia, la banca y otras empresas
Las dos grandes entidades financieras con sede en Cataluña, CaixaBank y Banco Sabadell, ocupan un lugar destacado entre las empresas que han alertado sobre las consecuencias negativas de la independencia. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) emitieron en septiembre de 2015 un comunicado institucional en el que avisaban que “la exclusión de Cataluña de la zona euro, como consecuencia de la ruptura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica”.
En este comunicado se informaba que las entidades integrantes de la AEB y la CECA evaluarían “su estrategia de implantación” en Cataluña, con el “consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria”. Esas mismas entidades, añadía el texto, “consideran que, en todo momento, debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. El comunicado finalizaba con un pie de página donde se señalaba el nombre de los seis grandes bancos afiliados a AEB y CECA. Dos de ellos son los catalanes CaixaBank y Sabadell. Los otros son: Santander, BBVA, Bankia y Popular.
No sólo la gran banca se ha expresado contra la independencia. También lo han hecho grandes empresas y empresarios de otros sectores
No sólo la gran banca se ha expresado contra la independencia. También lo han hecho grandes empresas y empresarios de otros sectores. En algunos casos incluso han pasado a los hechos, en forma de traslado a otras partes de España. El ejemplo más destacado es el de Naturhouse, grupo de alimentación y dietética presente en más de 30 países. Esta compañía anunció este verano que trasladaba su sede social de Barcelona a Madrid. Lo hacía, en palabras de su presidente, Félix Revuelta, “por razones estratégicas y también de sentido común”.
Otros empresarios no han hecho las maletas, al menos por el momento, pero se han posicionado de forma clara contra la secesión. El presidente de la farmacéutica Almirall, Jorge Gallardo, es uno de ellos. En septiembre de 2015, de cara a las elecciones autonómicas que se iban a celebrar, se dirigió mediante videoconferencia a los trabajadores advirtiendo que una declaración unilateral de independencia supondría la salida de Cataluña de la Unión Europea. Esto, dijo, “representaría un grave quebranto” en las operaciones de la compañía con “consecuencias negativas” para esta y para sus trabajadores.
El entonces presidente de Pronovias, Alberto Palatchi, se dirigió, en septiembre de 2016, a los trabajadores de la firma (que ha vendido este verano) en términos similares. En su caso lo hizo por medio de un comunicado interno. Afirmaba: “Nuestra empresa es difícilmente viable en una Cataluña fuera de la Unión Europea, fuera de la zona euro, sin un sistema financiero apoyado por el Banco Central Europeo y aislada en materia económica, política y de seguridad”, y advertía que la independencia podría llevar a que la firma se trasladara a otro lugar.
El presidente de Freixenet (una de las marcas de cava catalán más conocidas), José Luis Bonet, que además ostenta la presidencia de la Cámara de Comercio de España, ocupa un lugar destacado entre los empresarios que se han opuesto de forma abierta a la independencia. Se ha expresado en varias ocasiones acerca del daño que esta supondría para la economía de la región y del conjunto del país.
En la misma línea se ha expresado el presidente de la Cámara de Estados Unidos en España (AmChamSpain) y de la consultora internacional Telam Global Partners, Jaime Malet.
Favorables a la independencia
Víctor Grifols, fundador y expresidente de la farmacéutica Grifols, lleva apoyando de forma abierta el reto secesionista desde 2014
Si una farmacéutica, Almirall, destaca entre las grandes firmas contrarias al independentismo, otra es el estandarte empresarial de los partidarios de la ruptura con España. Víctor Grifols, fundador y expresidente de la farmacéutica Grifols, lleva apoyando de forma abierta el reto secesionista desde 2014. De hecho, fue el primer gran empresario en tomar partido a favor de este.
El holding Agrolimen, propietario del grupo alimentario Gallina Blanca, pertenece a una de las grandes familias catalanas más independentistas, los Carulla. Entre ellos destaca Artur Carulla, presidente del grupo, muy cercano al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y que ha expresado de forma abierta su apoyo a la ruptura con España. Los Carulla son además copropietarios del diario Ara, uno de los periódicos cuya línea editorial ha sido tradicionalmente más partidaria de la secesión. El holding familiar de los Carulla vendió el año pasado las cadenas de comida rápida Pans & Company y Bocatta al grupo portugués Ibersol, totalmente ajeno a los poscionamientos independentistas de los anteriores propietarios.
Antón Raventós, presidente de la empresa de mensajería Unipost, ha demostrado su apoyo a la independencia con hechos. Esta firma era la encargada de enviar el material para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, que fue incautado por la Guardia Civil. Se da la circunstancia de que en octubre de 2016 esta firma recibió un préstamo de entre tres y cuatro millones de euros por parte de la Generalitat, según informó Economía Digital. Este dinero le permitió hacer frente al pago de las nóminas, debido a la mala situación por la que pasa.
El apoyo de Unipost ha salpicado a la conocida bodega de cava Codorniú. Esta empresa es propiedad de la familia Raventós, si bien Antón sólo posee el 1%. La compañía vitivinícola se ha desmarcado de Unipost y sus posicionamientos políticos.
Presiones de la Generalitat a los empresarios
Al margen de las grandes empresas, sí hay numerosas pequeñas y medianas compañías que han tomado partido a favor de la independencia. No ocurre lo mismo con las contrarias a la secesión.
Fuentes conocedoras del entramado empresarial catalán han explicado los motivos a ALnavío. Según han dicho: “En el ambiente que hay en Cataluña, donde tienes que negociar un reglamento o la renovación de una concesión, donde el peso de la economía pública es atosigante, mantener posiciones abiertamente contrarias a un gobierno separatista te puede perjudicar. La concesión de contratos en sectores fundamentales como son Sanidad o Infraestructuras hace que los que son separatistas hagan alarde de ello, para ser premiados por el Gobierno catalán, y los que no lo son eviten posicionarse”.
Según estas mismas fuentes, la situación para los no separatistas es especialmente dura fuera de Barcelona y sus alrededores: “Existe un ambiente de temor. Fuera de la zona metropolitana el relato y el paisaje son absolutamente separatistas. Si ahí una empresa se posicionara en contra del independentismo esto le pondría en una situación muy complicada”.
