María Rodríguez (ALN).- El Gobierno de Venezuela acumula una petición más de extradición dirigida a las autoridades españolas: la de una persona -sin identificar- por presunta vinculación, desde España, con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. También reclaman a la exenfermera del fallecido Hugo Chávez y a su esposo, acusados por supuestos delitos de blanqueo de capitales. Y otra solicitud de extradición: nada menos que al exZar de PDVSA, aunque no hay confirmación de que esté en España.
Al Gobierno de Venezuela se le acumulan las peticiones a España para la extradición de personas que supuestamente han cometido delitos en el país latinoamericano. La última extradición que pretenden pedir, tal como anunció el presidente Nicolás Maduro este lunes, es la de una persona que no identificó -ni tan siquiera precisó su nacionalidad- por presunta vinculación con el supuesto atentado contra Maduro del 4 de agosto.
A esta persona sin identificar se suma el matrimonio Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez. Ella, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, ejerció dos años como tesorera de la nación y trabajó en el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) de Venezuela, de donde fue cesada al mes de que falleciera Chávez. Adrián Velásquez, por su parte, ejerció como jefe de seguridad de Chávez. La Justicia venezolana reclama al matrimonio por presuntos delitos de blanqueo de capitales vinculados a los Panamá Papers.
También solicitaron a España la extradición del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA en la era Chávez, Rafael Ramírez. Según el Gobierno de Venezuela, Ramírez se encuentra en territorio español, aunque no está confirmado que sea así.
Una persona vinculada al supuesto atentado
En una alocución de Maduro, transmitida por el canal estatal VTV y difundida por redes sociales, el presidente venezolano anunció que la Justicia del país pedirá a España la extradición de una persona por su presunta vinculación con el supuesto atentado del 4 de agosto. Se desconoce su identidad. Tampoco han trascendido detalles sobre el sexo, edad y nacionalidad de esta persona señalada por Maduro.
En concreto, el mandatario venezolano dijo: “Vamos a solicitar legalmente al Gobierno de España la extradición de la persona involucrada directamente desde España, dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado”.
En un vídeo supuestamente de confesión, Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, detenido este sábado (junto a otras dos personas más) por las autoridades venezolanas por estar presuntamente vinculado con el atentado, señaló que tuvo contacto con una persona que se encontraba en España, que es quien supuestamente le dijo que debía trasladarse a la Embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país. “Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la Embajada de México y simultáneo a la Embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar a lo que es la frontera”, añadió Rivas en un vídeo difundido en la alocución de Maduro.
No hay detalles sobre quién es la persona en España que quiere extraditar Maduro
Una supuesta prueba a la que se aferra el Ejecutivo venezolano para acusar a los gobiernos de Chile, México y Colombia de estar detrás del supuesto atentado. Los tres gobiernos han rechazado de plano estas acusaciones.
Hasta ahora han sido detenidas 28 personas vinculadas al supuesto ataque contra Maduro. Entre ellas el diputado de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) Juan Requesens. Su familia, diputados, y hasta Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, rechazaron un vídeo en el que Requesens se incriminaba a sí mismo y al expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges como responsables del atentado.
El Foro Penal venezolano ya denunció que la detención de Requesens por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se realizó al margen de la Constitución, al no cumplir con la inmunidad parlamentaria (Leer más: Así escaló la represión en Venezuela desde el supuesto atentado contra Nicolás Maduro).
Junto a Rivas, las autoridades venezolanas detuvieron este sábado a Angela Lisbeth Expósito Carrillo y al coronel retirado Ramón Santiago Velasco García. Según dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, Rivas Vivas es acusado de ser el que grabaría en vídeo el “asesinato del presidente” y Expósito Carrillo de resguardar a este en su vivienda. El ministro añadió que Velasco García, por su parte, fue acusado de ser el que trasladaría a Rivas Vivas hasta la frontera para que escapara a Colombia, país donde se encuentra el diputado Borges. El Gobierno de Venezuela pidió a Colombia la extradición de Borges. El presidente colombiano Iván Duque anunció este lunes que no lo extraditará.
La exenfermera de Chávez y el esposo
El Gobierno de Venezuela también reclama a España la extradición del matrimonio Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez. Ambos viven en España, donde las autoridades les arrestaron en abril siguiendo una orden de detención de Venezuela. Carlos Tablante, autor del libro El gran saqueo, acusa a los dos de tener, como mínimo, 2.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Está pendiente si España aprueba sus extradiciones.
Tras la detención en abril, los dos fueron puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que después de tomarles declaración les dejó en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decidía sobre su entrega.
Está pendiente si la Justicia española extradita al matrimonio Díaz Guillén-Velásquez
Precisamente este lunes se celebró en la Audiencia Nacional una vista sobre el caso de Díaz Guillén. En una semana saldrá el veredicto. La defensa de la exenfermera tachó de “persecución política” la orden de extradición formulada por el fiscal general de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab (Leer más: En una semana se sabrá si España extradita a la exenfermera de Hugo Chávez).
El exZar de PDVSA
Un extraditable más, y de peso. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela solicitó a España en agosto la extradición del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA en la era Chávez, Rafael Ramírez, tal como recoge la agencia EFE. Según el Gobierno de Venezuela, el exZar de PDVSA se encuentra en territorio español, aunque no está confirmado que sea así.
En enero, el fiscal general Tarek William Saab informó haber solicitado la activación del código rojo a Interpol en contra de Ramírez por el denominado caso Andorra. Una trama de blanqueo de capitales de 4.200 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra. La cuantía es casi el doble de la declarada por el caso de sobornos de Odebrecht, 2.439 millones de dólares (Leer más: Los 4.200 millones de dólares de PDVSA en la trama de Andorra casi duplican al escándalo Odebrecht).
En esta trama se creó una organización internacional de la cual formarían parte exfuncionarios de PDVSA, empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo. La organización utilizó más de 40 empresas fantasmas y unas pocas reales, para manejar y blanquear fondos derivados de presuntos hechos de corrupción, y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios, según expuso el fiscal.
A Ramírez se le solicita, dijo el TSJ de Venezuela, “por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación”. En concreto, la Fiscalía indicó que la investigación se inició en diciembre de 2017 por unos documentos que incriminan “directamente” a Ramírez “en operaciones de intermediación de compra venta de petróleo”, tal como informa EFE.
El anuncio de la investigación a Ramírez llegó después de que el exministro mostrara sus diferencias con el gobierno de Maduro. En enero, Saab anunció que librarían una orden de captura en contra de Ramírez por lavado de dinero y otros delitos. Vistas las acusaciones, si Ramírez no está en España, tampoco podría dar un paso en este país sin ser detenido por la Justicia.
Más extraditables, pero a EEUU
El exviceministro de Energía de Hugo Chávez Nervis Villalobos fue detenido en Madrid en octubre de 2017 a petición de Estados Unidos por presunta implicación en una trama de desvío de fondos de PDVSA. En ese momento la Audiencia Nacional de Españaacordó su ingreso en prisión incondicional por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción internacional, según detalla el diario español El Confidencial. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid acordó en septiembre dejar en libertad al exviceministro por no ver indicios suficientes para mantenerlo en prisión, informa este mismo medio.
Villalobos aceptó la extradición a EEUU en diciembre de 2017 para ser investigado por el tribunal de Texas (Houston). Este lo mantiene encausado por formar parte de una red que habría amañado contratos de Bariven, filial de PDVSA. Pese a que Villalobos aceptó la extradición, deberá permanecer en España hasta que cierre todos sus frentes judiciales en este país.
Villalobos aceptó la extradición a EEUU en diciembre de 2017
Junto a Villalobos están también acusados por el tribunal de Texas el exgerente general de Bariven César Rincón; el exjefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA Rafael Ernesto Reiter, y el secretario de la Junta Directiva de La Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León.
Por otro lado, el Consejo de Ministros de España aprobó en junio la entrega a Estados Unidos del venezolano Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA. El objeto es que sea enjuiciado por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, según informó el diario español Abc. Estos hechos se habrían producido entre 2011 y 2013.
Entre los arrestados también se encontraba José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández. Rincón padre hizo fortuna como dueño de una de las empresas proveedoras de servicios y equipos a PDVSA.
